Castilla-La Mancha publica su plan contra incendios forestales 44 días después del comienzo de la campaña
El 14 de julio ha sido el día en que Castilla-La Mancha ha publicado su plan para prevenir, vigilar y extinguir los incendios forestales en 2026, cuando ya han transcurrido 44 días de una campaña que comenzó el pasado 1 de junio y en plena época de riesgo extremo para que ocurran estos sucesos.
En el documento, que ha sido publicado en el Diario Oficial de la región, se realiza un análisis territorial del riesgo; se explican los detalles del dispositivo con el que Castilla-La Mancha hace frente a estos sucesos y determina puntos estratégicos de gestión y áreas de actuación específicas. Asimismo, también con qué recursos se cuenta para llevar a cabo las actuaciones contempladas.
Un dispositivo de 247 instalaciones y ocho euros de cada diez puestos por Europa
El operativo se apoya en 247 instalaciones repartidas entre las cinco provincias: un Centro Operativo Regional, cinco provinciales, 113 bases con unidades operativas, 12 con brigadas helitransportadas, cuatro aeródromos y 34 repetidores de comunicaciones.
Durante los meses de peligro alto y extremo, la región despliega 50 autobombas, 38 autobombas-retén, cinco nodrizas, 51 brigadas terrestres, 13 brigadas helitransportadas (BIFOR) y 16 unidades de maquinaria pesada. En el aire, helicópteros ligeros y medios en las cinco provincias, dos helicópteros pesados —en Ciudad Real y Cuenca—, cinco aviones anfibios y medios de coordinación con base en Toledo, con contratos de una media de 129 días.
La vigilancia se organiza en 114 puestos fijos —torres, casetas y observatorios— que solo prestan servicio 100 días al año, entre junio y septiembre, y en 45 patrullas móviles, de las que únicamente siete son nocturnas. Fuera de la campaña, el número de medios terrestres de extinción se reduce a entre dos y tres unidades por provincia.
Buena parte de ese dispositivo depende de fondos europeos. Los tres grandes contratos del plan —tratamientos selvícolas preventivos, vigilancia y detección, y mantenimiento de caminos y cortafuegos— se cofinancian con la misma fórmula: un 80 % con cargo al FEADER, un 14 % con fondos propios de la Junta y un 6 % de la Administración General del Estado.
Más superficie tratada, el mismo personal y ningún punto de agua nuevo
El plan incluye una batería de indicadores que permite comparar lo ejecutado en 2025 con lo previsto para 2026. El salto más visible está en la superficie destinada a trabajos preventivos, que pasa de 9.266 a 15.046 hectáreas, un 62 % más, con 588 operaciones frente a las 362 del año pasado. El presupuesto de prevención sube de 48,4 millones ejecutados en 2025 a 52 millones planificados para este año, y las brigadas de invierno pasan de 97 a 99.
Otros indicadores, en cambio, se estancan o retroceden. Los efectivos dedicados a prevención se mantienen exactamente en 1.685, los mismos que el año pasado. Los estudios de puntos estratégicos de gestión bajan de 40 a 31. Y la construcción de nuevos puntos de agua, la infraestructura de la que dependen los medios de extinción para recargar, vuelve a quedarse a cero por segundo año consecutivo.
El plan sitúa la época de riesgo extremo entre el 1 de julio y el 30 de agosto, y considera junio y septiembre meses de peligro alto. También identifica 24 Zonas de Alto Riesgo, entre ellas, los Montes de Toledo, el Alto Tajo, la Serranía de Cuenca, Sierra Morena y Madrona o la Sierra de San Vicente y los valles del Tiétar y el Alberche.
Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha para saber por qué se ha publicado este plan el 14 de julio, con la campaña de incendios 2026 ya comenzada, sin obtener respuesta en el momento de publicación del artículo.
Balance de los incendios de la última década
El plan también incluye un balance de los incendios forestales ocurridos en Castilla-La Mancha durante los últimos 10 años (periodo 2016-2025).
En esta década, se iniciaron un total de 13.604 fuegos de este tipo, siendo 2021 el año que más incendios hubo (1.955), seguido del año pasado (1.606). Toledo es la provincia que concentra el mayor número de incendios del decenio, con 4.699 (1 de cada 3 que se producen en la región), seguida por Cuenca (2.553) y Ciudad Real (2.505). Guadalajara registró 2.173 incendios, mientras que la provincia de Albacete acumuló 1.674 fuegos.
El documento sugiere que el hecho de que Toledo acumule la mayoría de estos sucesos se debe a la combinación de factores como la extensión forestal, el uso del suelo, la densidad de población y la presión humana.
En cuanto a superficie quemada, 2022 se destaca como el peor año de forma clara, ya que entonces ardieron una de cada cuatro hectáreas quemadas en esos diez años (14.337,32 hectáreas frente a un total de 56.658,28).
No obstante, como dice de forma literal el plan, “unos pocos eventos concentran la mayor parte del daño total”. Se refiere a 22 grandes incendios forestales (entendiendo como tal a aquellos que queman más de 500 hectáreas) que acumularon el 55 % de todo el territorio quemado entre 2016 y 2025.
Sobre las causas, las negligencias fueron el principal detonante, ya que estaban detrás del 30,26 % de los incendios de la última década, intencionados 21,85 % y por causas naturales solo el 6,23 %. Destaca que quedaron sin determinar el 20,46 % de estos sucesos, mientras que “en blanco” son el 18,59 %. Es decir, cerca de cuatro de cada diez incendios forestales ocurridos en la década no tuvieron causa identificada, y el propio plan admite que esto “sugiere limitaciones en la investigación del origen”.
WWF pide “medidas urgentes” para luchar contra grandes incendios
El plan se publica en el mismo día en el que WWF reclama a las administraciones públicas un cambio de estrategia en los incendios forestales.
Para WWF, el aumento de incendios cada vez más intensos, extremos y difíciles de apagar es consecuencia de la emergencia climática y el abandono de usos tradicionales en el medio rural. La organización plantea un plan de acción con medidas urgentes para abordar los grandes incendios forestales desde todas las administraciones públicas, incluyendo el compromiso de la sociedad en su conjunto.
La ONG reclama que las administraciones de todos los niveles tomen medidas en ese sentido.
A escala autonómica, solicita a las CCAA que adapten sus planes de prevención para que prioricen la gestión estratégica del paisaje y no únicamente actuaciones puntuales de reducción de combustible, dotándolos además de los recursos necesarios.
También reclama identificar y gestionar zonas estratégicas mediante la creación de mosaicos agroforestales, la restauración de ecosistemas, la gestión forestal, la recuperación del pastoreo y otros usos tradicionales que dificulten la propagación de los incendios. “La comunidad técnica coincide en que es necesario gestionar anualmente el 1% de la superficie forestal a escala nacional, priorizando las zonas estratégicas, para ver cambios en el comportamiento del fuego”, asegura WWF.