- La Mesa regional que agrupa a estas asociaciones valora así los casi 10 millones de euros destinados a Castilla-La Mancha y que ahora gestiona el Gobierno regional
El nuevo reparto de los fondos con cargo al IRPF entre el Estado y las comunidades autónomas permite ahora a los gobiernos regionales gestionar directamente esas ayudas, pero no ha sido del todo beneficioso en el caso de Castilla-La Mancha. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ya ha adelantado la intención de la Junta de pedir un mayor porcentaje para la región, y a esta petición se ha sumado también la Mesa del Tercer Sector, exigiendo al Gobierno central criterios “más justos” de reparto para estas subvenciones. En el presente ejercicio, el montante total ha sido de 9,7 millones de euros a repartir entre las casi 300 entidades sociales que pueden concurrir en la convocatoria.
Los representantes del Tercer Sector en la comunidad autónoma, consultados por eldiarioclm.es, confían en que estas ayudas vengan a favorecer sobre todo la continuidad de los servicios y programas que estaban siendo financiados hasta el pasado año con cargo al IRPF y que supone la atención a miles de personas en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad y sus familias, y otros colectivos vulnerables.
La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha está formada por la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, CERMI-CLM, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-CLM), Cruz Roja, Cáritas y ONCE, aglutinando entre todas estas organizaciones a más de 250 asociaciones en la región.
Estos colectivos han querido dejar claro que los fondos sociales del IRPF “nunca pueden venir a sustituir otras partidas o ayudas de la propia comunidad autónoma” ya que “permiten poder complementar otras acciones de atención integral a las persona que más lo necesitan, además de poder afrontar inversiones, reformas y renovación de equipamientos necesarios que en nuestra comunidad llevan sin poder financiarse con las subvenciones desde hace más de seis años”.
Y ante todo, en la Mesa del Tercer Sector esperan que las subvenciones se resuelvan “de forma ágil y eficaz” y que el pago de las cantidades que se adjudiquen a cada entidad sea efectivo a finales de 2017 o principios de enero de 2018. Igualmente, desean que para el próximo año el reparto del 0,7% del IRPF a nivel estatal se revise por parte del Estado y “se tengan en cuenta criterios para reparto más justos que propicie el incremento de esta partida a nuestra Comunidad Autónoma”.
De manera más concreta, en EAPN precisan que la importancia de estas ayudas viene determinada por su “calidad”, ya que en otras financiaciones de objeto social, la Administración regional aporta el dinero para proyectos sociales una vez que ya ha entrado el año en curso, “lo que supone en muchos casos cancelar temporalmente la ejecución de proyectos desde 31 de diciembre, pérdida de los avances realizados con las personas, cambio de profesionales, reinicio de actividad, entre otras ineficiencias”.
La necesidad de una atención ininterrumpida
“En cambio, las ayudas de IRPF se abonan antes de 31 de diciembre del año previo a su ejecución, lo que permite una atención ininterrumpida a las personas para cumplir con sus itinerarios y con los mismos profesionales que les acompañan durante el tiempo que dura su inserción”, resaltan desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza.
Tras recalcar que el presupuesto no será suficiente para atender a las mismas acciones que se desarrollan en 2017, este colectivo reconoce el “reto” que supone para la Administración regional gestionar estas ayudas, pero avisa de que la oportunidad de incorporar esta nueva línea de financiación de los Servicios Sociales que prestan las ONG “solo tendrá importancia si se sincronizan con ella todas las convocatorias y ayudas públicas orientadas a la inclusión social y laboral”. Estas provienen mayoritariamente de la Consejería de Bienestar Social y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Se trata, añade, de “optimizar recursos y ofrecer respuestas calidad a una ciudadanía que percibe muchas carencias e ineficacias en los servicios y recursos de inclusión social y laboral que reciben”.
Por último, a fin de dar “mayor calidad y consistencia a las acciones que desarrollan las ONG regionales”, EAPN considera urgente establecer elementos que den estabilidad a los servicios públicos que prestan, “concertándolos y dejando atrás el actual e ineficiente sistema de subvenciones, que debe quedar para proyectos e intervenciones únicas y experimentales que tienen un principio y un final definido”.