La negociación entre el Partido Popular y Ciudadanos para hacerse con el gobierno de la Junta de Castilla y León avanza en el programa pero se está encallando en las medidas de regeneración. Por el momento no se ha plasmado por escrito a qué puntos concretos, planteados por el candidato de Cs, Francisco Igea, accederá su previsible socio.
Igea planteó la pasada semana que los mandatos tanto en la Junta de Castilla y León como en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales se limiten a 8 años y que además se aplicase con efectos retroactivos. Esto dejaría fuera a los presidentes de las diputaciones de Salamanca y Valladolid y a los alcaldes de Burgos y Palencia. Aunque el candidato el PP, Alfonso Fernández Mañueco, manifestó la semana pasada que accedería en aquellas situaciones en las que tuviesen que pactar con Ciudadanos, una nota de prensa posterior obvio el asunto.
Fernández Mañueco no se ha pronunciado en ningún momento sobre otra de las exigencias de Cs, dejar fuera del gobierno al consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones y al alcalde de León, Antonio Silván, a los que la UDEF captó en los pinchazos de la Operación Enredadera, en conversaciones con el presunto cabecilla de la trama, el empresario de la construcción y los medios, José Luis Ulibarri. En ellos, el consejero ofrecía una adjudicación a dedo de una obra de más de dos millones de euros, mientras que el alcalde informaba en directo del desarrollo de una mesa de contratación y Ulibarri le pedía que lo arreglasen al conocer que iba perdiendo.
Pero hay una circunstancia más que ha hecho que aumente el listado de medidas de Igea y es la investigación, por parte de un juzgado de Salamanca, de presuntos delitos de extorsión y falsedad documental en el proceso de primarias del PP, en marzo de 2017, y en el que Fernández Mañueco resultó vencedor. Lo que Ciudadanos quiere es que haya un compromiso de dimisión del candidato del PP si finalmente resulta imputado.
En todo lo demás, siguen avanzando sin tropiezos, en temas en los que hay “sintonía” como política fiscal, educación y sanidad.