La Junta de Castilla y León defiende que su impuesto a la fotovoltaica busca “compromiso” con el medio rural
El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha defendido este viernes el nuevo gravamen ambiental para los grande parques de energía solar fotovoltaica como forma de buscar en las empresas promotoras un “compromiso con el territorio” rural.
El consejero ha negado que ese sea el fin de la medida, que impone una tasa de entre 600 y 2.000 euros por hectárea a los grandes parques de energía solar fotovoltaica en suelo, y ha sostenido que lo que busca es que las empresas titulares de estas instalaciones opten por las bonificaciones disponibles para pagar menos y que implican acuerdos con los ayuntamientos donde se implantan.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, para presentar el proyecto de ley de Presupuestos para 2027, la portavoz socialista en esta materia, Isabel Fernández, ha afirmado que esta medida “se parece bastante a resucitar el impuesto al sol” y busca únicamente “hacer caja”.
En este sentido, Carriedo ha indicado que las empresas “se pueden deducir” fiscalmente las inversiones que reviertan en el territorio rural donde se asientan.
El PSOE cuestiona el gravamen
La portavoz socialista ha cuestionado que la Junta de Castilla y León pretende gravar medioambientalmente ahora unas instalaciones que ya fueron sometidas a la evaluación ambiental y tuvieron una declaración positiva, por lo que ha visto una intención recaudatoria.
Ha criticado que a la vez que tratan de atraer inversiones al medio rural, crea impuestos a las actividades que se desarrollan allí, con “rebajas fiscales sin evaluar” para unos y “tasas por hectárea para otros”, lo que ha definido como una “improvisación recaudatoria”.
La medida extiende el Impuesto sobre la Afección Medioambiental a las citadas plantas fotovoltaicas que venden a la red.
A juicio de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) se trata de un impuesto “absolutamente recaudatorio e injustificado que penaliza una actividad que genera desarrollo socio económico local y ofrece competitividad a todos los consumidores, particulares e industrias”.