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Presunta financiación ilegal del PP de Salamanca

El 'caso primarias' atenaza al PP de Salamanca, que sigue sin celebrar el congreso provincial por la imputación de su presidente

Laura Cornejo

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Los afiliados del PP de Salamanca siguen esperando a que el partido convoque el congreso provincial que ratifique al actual presidente o aúpe a uno nuevo y esperan desde hace más de un año. El motivo es la complicada situación judicial del propio presidente y del partido, investigados por presunta financiación ilegal en el 'Caso Primarias', que salpica además al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, porque esa presunta entrada irregular de dinero en el PP de Salamanca tenía como objetivo hacer que ganase las primarias de 2017 que le acabaron aupando a presidir la Comunidad.

El mandato de Javier Iglesias expiró en junio de 2021. Ni desde la dirección nacional del partido explican qué está pasando a pesar de los reiterados intentos de elDiario.es, ni desde la provincial se baraja fecha alguna. Con las elecciones municipales en ciernes –en Castilla y León no habrá autonómicas porque estas se adelantaron al pasado 13 de febrero tras romperse el pacto con Ciudadanos– y la elaboración de listas de candidatos y comités de campaña, en el PP de Salamanca no saben decir si detrás de esas listas está Iglesias y si estas tendrían validez. “Es que no barajamos ninguna fecha para convocar congreso, no está en agenda”, indican.

Según los estatutos del Partido Popular “la convocatoria de los congresos autonómicos, provinciales o insulares deberá efectuarse dentro de los cuatro meses siguientes a la celebración del congreso nacional, salvo cuando el comité ejecutivo nacional dispusiera en su caso lo contrario en razón de los intereses generales del partido”. El congreso nacional se celebró en abril y la mayoría de los provinciales estaban ya resueltos. De hecho, en noviembre de 2021, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una intervención en Nueva Economía Forum aseguró que el PP de Salamanca celebraría su congreso “durante el primer trimestre de 2022”. Una semana después de que Mañueco hiciese esas declaraciones ocurrió lo que explica esa paralización. Iglesias y la gerente del partido, Isabel Sánchez González, fueron citados a declarar “en calidad de investigados” por el presunto caso de financiación ilegal del partido en 2017. El conocido como Caso Primarias atenaza no solo al PP de Salamanca, también al presidente de la Junta, por la implicación directa que tiene en los hechos, y nadie mueve ficha.

Un candidato a presidente investigado por la Justicia

Por un lado, celebrar un congreso con un candidato a la reelección imputado –ha recurrido su citación pero la Audiencia de Salamanca no ha resuelto– puede implicar que esa reelección no se produzca y que sea el sector crítico quien se haga con la presidencia. Pero es que en el caso de que Iglesias saliese elegido y se confirmase su imputación, la imagen del PP de Salamanca quedaría aun más tocada. La estrategia pasa por no hacer nada, incluso aunque eso coarte los derechos de los afiliados y suma al partido en una situación alegal.

Iglesias quiso evitar la declaración ante el juez que se había previsto para el 30 de diciembre de 2021 y optó por una fórmula inusual, recurrir una citación y escudarse en ese recurso para acogerse al derecho a no declarar. El asunto se debería haber resuelto en un par de meses, pero no fue así. Han pasado nueve y la Audiencia Provincial no se ha pronunciado, lo que ralentiza la instrucción de la causa. Porque Iglesias, que había declarado como testigo, debía hacerlo como investigado para explicar cosas que para nada cuadraban ni al juez ni al fiscal. El PP de Salamanca configuró una organización en los grupos de asesores del Partido Popular del Ayuntamiento de Salamanca y, especialmente, de la Diputación Provincial, dirigidos por Javier Iglesias García. Múltiples cargos políticos o representativos del Partido Popular entregaron dinero de manera “altruista” en los grupos que el PP tiene en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de Salamanca, con la finalidad, según sus declaraciones, de que el citado dinero fuera para pagar las cuotas de afiliados que no estaban al día de las mismas, al ser este un requisito para la participación en las elecciones primarias del citado partido que habrían de celebrarse el 17 de marzo de 2017. En su primera y única declaración, Iglesias relató que se había puesto en marcha “una maquinaria ingente” para que votase el máximo número de afiliados, porque entendieron que habría “una explosión de apoyo de los salmantinos del PP a Alfonso Fernández Mañueco”, y eran los cargos del partido los que debían poner el dinero, ya que la deuda de cuotas impagadas superaba los 60.000 euros y tener las cuotas al día es una condición obligatoria para que un afiliado pueda votar.

Mañueco presentó una declaración jurada asegurando que aportó 1.000 euros “en billetes”

Sin embargo, nadie vio que se tomara nota de quién entregaba el dinero, ni de cuánto entregaba cada uno de ellos, ni se guardaban documentos acreditativos de las entregas, salvo las propias declaraciones juradas de alguno de los cargos políticos elaboradas y presentadas con posterioridad. Las cuentas que se han presentado durante la investigación no están claras y el PP ha ido justificando como ha podido las cifras que no cuadraban. Eso incluye a Mañueco, que a mediados de febrero, poco después de ganar las autonómicas, firmó una declaración jurada en la que asegura que “en el mes de marzo de 2017”, cuando se desarrollaban las primarias que lo encumbraron como presidente del PP de Castilla y León y mientras era alcalde de Salamanca, pagó de su bolsillo y en metálico 1.000 euros en cuotas que afiliados debían al partido y que les impedían votar en el cónclave interno. La cantidad, aseguraba, se aportó en billetes y procedía de su “patrimonio personal”.