Catalunya agilizará la apertura de clínicas y hospitales en pleno boom de la sanidad privada
El plan “antiburocracia” de la Generalitat de Salvador Illa llega también al sector de la salud. El Govern ha aprobado este martes en su consejo ejecutivo un nuevo decreto que facilitará y agilizará los trámites necesarios para abrir, renovar o cerrar centros sanitarios. En un contexto de boom de nuevas clínicas y hospitales privados en Catalunya, esta reforma hará que todos ellos, también los públicos, dependan de procedimientos más sencillos y deban presentar menos documentación para poner en marcha o actualizar sus instalaciones.
Según estimaciones del Departament de Salud, estos cambios permitirán reducir en un 14,4% los costes administrativos que supone actualmente la burocracia, pasando de 38,9 a 33,3 millones de euros, un ahorro de cerca de seis millones de euros. En este sentido, el Govern insiste en que esta reducción del gasto para el sector no supondrá un recorte en los presupuestos en materia sanitaria.
Con la reforma, Salud espera los plazos de espera para estos trámites se aligeren en tres meses, bajando de los 11 actuales a 8. También prevé pasar de 1.200 requerimientos anuales 1.000. Entre las principales novedades de este cambio normativo, el ejecutivo remarca que los centros no deberán volver a presentar documentos que ya tiene la Administración, siempre que continúen siendo válidos y cumplan con los requisitos establecidos.
La jefa del Servicio de Ordenación Sanitaria de la Generalitat, Yolanda Ortega, ha justificado la necesidad de esta reforma por la elevada demanda de nuevos expedientes que reciben. “Desde 2017 el número de solicitudes ha incrementado en un 150%”, ha informado. Esta cifra se refiere al número agregado de trámites. Aun así, no ha detallado qué proporción de estas peticiones llegan de centros de titularidad privada. Ortega ha matizado que esta tendencia a acelerar los tempos ya había empezado y ha celebrado que ahora se resuelven más solicitudes de las que entran.
Por su parte, la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha enfatizado que con este decreto el ejecutivo no pretende incentivar que existan más centros privados, sino dar “respuesta a la demanda”. “Se había visto que la apertura de un centro como una clínica duraba dos o tres años y eran unos trámites que se debía agilizar. No es el que Govern piense que necesitamos más centros privados, sino que estos puedan abrir en un plazo razonable”, ha dicho en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo.
Esta modificación de la ley anterior afecta a las autorizaciones, que habilitan a los centros para empezar su actividad, pero cabe diferenciarlas de las acreditaciones, que avalúan la calidad asistencial de la organización una vez autorizada y que quedan al margen de este proyecto.
Más allá de la apertura de nuevos centros sanitarios, el nuevo decreto también simplificará la renovación de las autorizaciones de funcionamiento de los ya existentes. Con carácter general, se deberán renovar cada diez años, pero podrán hacerlo mediante una declaración responsable, un documento en el que acreditarán que continúan cumpliendo las exigencias necesarias. Sin embargo, habrá régimenes especiales para centros de tipología especialmente sensible, como las clínicas de reproducción asistida, los centros de trasfusiones o los bancos de tejidos.
Ortega ha asegurado que estas simplificaciones para los centros se harán sin renunciar a la seguridad ni la calidad asistencial, y que los más beneficiados serán los mismos pacientes. “El decreto refuerza su derecho a la información y autonomía, los derechos lingüísticos, la igualdad de trato, la protección de datos y la perspectiva de género”, ha añadido.
Esta reforma va en la línea del plan estrella de simplificación administrativa de Illa, que también aspira a reducir los tiempos de las licencias de construcción de viviendas y otros trámites relacionados con los planteamientos urbanísticos. En este caso, el ejecutivo optó por externalizar algunos de los procesos que más se demoran.