La crisis económica también golpea los derechos humanos en España

Las crisis económica es, en España, también una crisis de derechos humanos. Así lo estima Amnistía Internacional (AI), que ilustra su sentencia con un par de ejemplos: los más de 4.000 desahucios ejecutados en los últimos años y el real decreto 16/2012 que limita el acceso gratuito a la sanidad para los extranjeros sin documentación. “Algunas de las medidas tomadas por el Gobierno español para paliar los efectos de la crisis dan la espalda a derechos fundamentales como la sanidad y la vivienda; son medidas regresivas y discriminatorias”, señala Inma Guixé, coordinadora de AI en Catalunya. “Y eso es algo que no podemos permitir porque se pone en peligro la vida de un colectivo ya muy vulnerable y la de la población en general”, añade Guixé, en la presentación del informe anual de la organización.

Si, en el mundo, Amnistía Internacional ha puesto el foco en las crecientes dificultades que sufren las personas refugiadas y migrantes, en España, la vulneración de derechos aparece íntimamente ligada a la crisis económica y a las reacciones que ésta provoca tanto por parte de los gobernantes como de los ciudadanos. Lo están el “uso excesivo de la fuerza policial y de materiales como pelotas de gomas en las manifestaciones”, así como “la estigmatización de los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para deslegitimar reivindicaciones que sí son legítimas”. “El Estado tiene la obligación de proteger la salud, la vivienda y el derecho a la protesta pacífica”, recuerda Guixé.

Consulta y autodeterminación, dos derechos diferentes

¿Y el derecho a una consulta sobre la soberanía que reclama el Govern catalán? ¿Prohibirla supondría una violación de los derechos humanos? “El derecho a consulta es un ejercicio del derecho de expresión”, apunta Maria Cañadas, presidenta de Amnistia Internacional Catalunya. “La organización no adopta ninguna postura sobre la autodeterminación en el aspecto político porque es un derecho que no está definido en el derecho internacional”, aclara Alfonso López-Borgoñoz, presidente de la sección española de AI.

Sus visiones parecen encontradas. Quizá por eso Cañadas matiza: “Una cosa es el derecho a la consulta y otra, el derecho a la autodeterminación”. “La autodeterminación –puntualiza López-Borgoñoz- se ha vinculado tradicionalmente con los países coloniales y, en el caso del Sáhara, por ejemplo, nuestra organización nunca ha intervenido ante el Estado marroquí”. “No sabemos qué pasará en Catalunya y si Amnistía decidirá apoyarlo, pero el derecho a la consulta nos ofrece una rendija”, desliza la presidenta de Amnistía en Catalunya.

Más allá de la cuestión soberanista en Catalunya, que no se recoge en el informe ni en la agenda inmediata de Amnistía Internacional, la organización denuncia también la violencia de género, los ataques a la libertad religiosa de la comunidad musulmana y la postura del Gobierno español ante las víctimas de los crímenes de la Guerra Civil como vulneraciones registradas a lo largo de 2012. “Las víctimas han tenido que buscar justicia en Argentina porque el Gobierno español no sólo no las apoya sino que obstaculiza las investigaciones”, lamenta Inma Guixé.

La xenofobia y el racismo, extendidos por todo el mundo, en España son “invisibles” porque, según denuncia la organización, el Estado no ofrece datos oficiales sobre los episodios registrados. Es un caso casi único en Europa. “Y, además, no existe un plan nacional de lucha contra el racismo”, denuncia López-Borgoñoz. “¿Cómo se pueden elaborar políticas en este ámbito si no hay datos?”, se cuestiona Guixé, al tiempo que propone incluir el derecho a la información como un derecho fundamental dentro de la ley de transparencia.

Siria, un nuevo fracaso de la ONU

En el ámbito internacional, Amnistía Internacional apunta el caso de Siria como un claro ejemplo “de la falta de liderazgo de las Naciones Unidas (ONU) en la defensa de la población”. “Lamentamos que la comunidad internacional no haya asumido el liderazgo para tomar medidas. No ha hecho nada en concreto, ha vuelto a fracasar”, asegura López Borgoñoz. Siria cuenta ya más de 70.000 muertos, cuatro millones de desplazados internos, y uno y medio más fuera de sus fronteras. “Deberían tomarse medidas para arrestar a Al-Assad y llevarlo ante la Corte Penal Internacional, y controlar la venta de armas a este país”, añade la presidenta de AI Catalunya.

Cañadas también califica de “muy grave” la no investigación de los vuelos de la CIA en países como España, Polonia, Rumanía, Lituania y Finlandia. “La Unión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos tiene una responsabilidad muy grande en que no se haya investigado este asunto”, afirma la presidenta de la organización en Catalunya, que también ha recordado Guantánamo como otro de los fracasos de la Administración Obama.

El informe sobre 2012 de AI expone datos tan desalentadores como que el 70 por ciento de los países del mundo (112) torturaron a sus ciudadanos. O que 101 reprimieron el derecho a la libertad de expresión. Otros 80 sometieron a sus ciudadanos a juicios injustos.

En contrapartida, 155 estados, liderados por España, votaron a favor de la adopción del tratado sobre el comercio de armas. En América Latina, se han extendido los juicios contra dictadores, responsables de muertes y desapariciones. “El de Efraín Ríos, en Guatemala, es un hito histórico, aunque ahora se haya anulado”, asegura Maria Cañadas. “Esperamos que el año que viene podamos celebrar de nuevo su condena”.

La ausencia de atentados de ETA, el respaldo del Tribunal Constitucional a la legislación del matrimonio gay y el compromiso de elaborar un segundo plan de derechos humanos también se cuentan entre los avances señalados por Amnistía Internacional que, en Catalunya, continúa pendiente de una reunión con el presidente Artur Mas para discutir la propuesta de Agenda de Derechos Humanos que le hicieron llegar el pasado abril.

Las crisis económica es, en España, también una crisis de derechos humanos. Así lo estima Amnistía Internacional (AI), que ilustra su sentencia con un par de ejemplos: los más de 4.000 desahucios ejecutados en los últimos años y el real decreto 16/2012 que limita el acceso gratuito a la sanidad para los extranjeros sin documentación. “Algunas de las medidas tomadas por el Gobierno español para paliar los efectos de la crisis dan la espalda a derechos fundamentales como la sanidad y la vivienda; son medidas regresivas y discriminatorias”, señala Inma Guixé, coordinadora de AI en Catalunya. “Y eso es algo que no podemos permitir porque se pone en peligro la vida de un colectivo ya muy vulnerable y la de la población en general”, añade Guixé, en la presentación del informe anual de la organización.

Si, en el mundo, Amnistía Internacional ha puesto el foco en las crecientes dificultades que sufren las personas refugiadas y migrantes, en España, la vulneración de derechos aparece íntimamente ligada a la crisis económica y a las reacciones que ésta provoca tanto por parte de los gobernantes como de los ciudadanos. Lo están el “uso excesivo de la fuerza policial y de materiales como pelotas de gomas en las manifestaciones”, así como “la estigmatización de los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para deslegitimar reivindicaciones que sí son legítimas”. “El Estado tiene la obligación de proteger la salud, la vivienda y el derecho a la protesta pacífica”, recuerda Guixé.