Agentes de la Guardia Civil han entrado en las salas de mando de al menos seis comisarías de los Mossos d'Esquadra para tener acceso a sus comunicaciones durante la jornada del referéndum del 1 de octubre. La operación ha sido ordenada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que mantiene imputado por sedición al exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
Los agentes de la Benemérita han entrado en el complejo Egara, la sede central de los Mossos, situada en Sabadell (Barcelona), así como en las salas de mando de las comisarías de Girona, Manresa, Sant Feliu de Llobregat y Granollers, estas tres en la provincia de Barcelona, y también en Tortosa (Tarragona).
Con esta operación, los agentes y la jueza buscan obtener toda la información posible para determinar si, como se sospecha, los Mossos mantuvieron una inacción premeditada el 1-O para no impedir el referéndum, al contrario de lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La policía catalana niega estas acusaciones y asegura que si no actuó el 1-O en los colegios que no cerró fue porque cargar contra los votantes hubiera supuesto un problema de orden público que se quería evitar a toda costa.
La supuesta inacción de los Mossos d'Esquadra el 1-O forma parte de las pesquisas de otras dos instancias judiciales en paralelo a la Audiencia Nacional. Unos quince juzgados de primera instancia tienen abiertas diligencias por desobediencia contra la policía catalana. El pasado 19 de octubre un juez de Lleida ya ordenó a la Guardia Civil reclamar a la comisaría de los Mossos de la ciudad las grabaciones del 1-O.
Además, este lunes el mando único de Interior del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, acusó a la policía catalana ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de “entorpecer y obstruir” la actuación de las policías estatales el 1-O.