La respuesta al informe técnico sobre la cesión de locales para el 1-O por parte del secretario del Ayuntamiento de Barcelona ha llegado este jueves en forma de advertencia. Jordi Cases i Pallarés, secretario general municipal, advierte que poner los espacios que se utilizan habitualmente como centros de votación comportaría “un incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional”. Por lo que a su vez eso podría comportar a las personas infractoras “responsabilidades de todo orden, de carácter administrativo, disciplinario, contable e incluso penal”.
Fuentes municipales han apuntado que el gobierno mantiene las vías de diálogo abiertas con la Generalitat para facilitar que el 1-O se desarrolle con la máxima normalidad.