Un juez de Reus ha imputado al alcalde y concejales de PDeCAT, ERC, la CUP y Ara Reus por un presunto delito de incitación al odio por el manifiesto en que criticaron la presencia de policías en hoteles de la localidad, a los que pidieron “hacer lo necesario” para que los agentes dejaran sus establecimientos. Así lo ha comunicado el propio alcalde, Carles Pellicer, este viernes.
El juzgado de instrucción 2 de Reus ha admitido a trámite la denuncia del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) con relación al manifiesto que estos partidos, que forman el equipo de gobierno de Reus, hicieron público el pasado 4 de octubre, en el que condenaron la actuación policial durante el referéndum del 1-O. En total, la Policía Nacional denunció a catorce personas, entre los que también figuran, además de los políticos, miembros de los bomberos y ciudadanos de a pie.
El alcalde de Reus, Carles Pellicer, se ha ratificado este viernes en sus críticas a la Policía. “El único responsable de romper la convivencia en Reus fue el desembarco de policías nacionales”, ha afirmado, y ha añadido que comparecerá ante el juzgado el próximo 23 de noviembre “para reiterar una enérgica condena a la violencia y la represión”.
Además del alcalde, Carles Pellicer (PDeCAT), la denuncia se dirigió contra la teniente de alcalde Montserrat Vidella (PDeCAT); el portavoz del grupo municipal de Ara Reus, Jordi Cervera; la de ERC, Noemí Llauradó, y la de la CUP, Marta Llorens, además de la concejala de la CUP Mariona Quadrada.
Los hechos investigados se remontan al 4 de octubre y se centran en el manifiesto hecho público por estas cuatro formaciones políticas en el que se pedía la retirada de la Policía Nacional de la ciudad y se sugería a los hoteleros que les negaran habitaciones. Un contingente de antidisturbios de la Policía Nacional se alojaba en el céntrico hotel Gaudí de Reus desde mediados del pasado mes de septiembre y hasta mediados de octubre, cuando finalizó el contrato.
Vecinos de Reus protestaron aquellos días frente al hotel y estas concentraciones se hicieron diarias después del referéndum del 1-O, en protesta por las cargas policiales.
El pasado día 4, el equipo de gobierno hizo público un manifiesto en el que criticaban que “los que forman parte de las unidades empleadas en estas actuaciones convivan con nuestro vecindario”, por lo que pidieron al Gobierno central que retirara a las fuerzas de seguridad de Catalunya. También apelaban a los hoteles de la ciudad a que “hagan lo que resulte adecuado y necesario para que de manera inmediata” abandonen el municipio.