Alaquàs reclama a la Generalitat Valenciana la declaración de zona tensionada para limitar los alquileres

El Ayuntamiento de Alaquàs se suma a otros municipios del área metropolitana de València y reclama al Gobierno autonómico la limitación de los precios del alquiler. El pleno ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PSPV-PSOE y Compromís, y el rechazo de PP y Vox, una moción para solicitar a la Generalitat que declare el municipio como zona altamente tensionad, en el marco de la ley de vivienda. La declaración permitiría al consistorio limitar los precios del alquiler, disparados en la capital y todo el cinturón metropolitano.

La moción, presentada por Compromís, tiene por objetivo garantizar que las vecinas y los vecinos de Alaquàs tengan acceso a una vivienda digna ante “la situación crítica de precios de compra y alquiler en ascenso y la mercantilización de la vivienda”, según el comunicado del consistorio. El texto insta a la Generalitat a financiar un programa para ampliar el parque público municipal de vivienda a través de la compra, rehabilitación y/o construcción con fondos íntegramente autonómicos y devolver el carácter permanente a la calificación de protección pública para “blindar el parque público contra la especulación”.

También pide reformar el Decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto, del Consell, de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico con el objetivo de “eliminar la trampa de los 11 días para considerar un alojamiento como turístico y así evitar que se disfracen de uso residencial miles de apartamentos destinados realmente al turismo”. Igualmente, garantizar el derecho preferente de la administración a la compra de cualquier vivienda susceptible de incorporarse al parque público “antes que los especuladores para poder ofrecerla a precios justos, e impulsar el registro obligatorio y efectivo de grandes tenedores e inspecciones fiscales periódicas”.

El Gobierno valenciano del PP ha venido rechazando declarar zonas tensionadas y abogan por la construcción de vivienda. El Ejecutivo que encabeza Juanfran Pérez Llorca estudia las propuestas de Burjassot y La Pobla de Farnals, dos municipios en los que gobierna la izquierda, aunque ha trasladado cierta oposición a estas medidas. Como informó elDiario.es, desde la conselleria de Vivienda afirman que “la política de este Consell es la de generar oferta de alquiler asequible”. En concreto, desde el departamento que dirige la vicepresidenta Susana Camarero han comentado que “se trata de una medida impulsada por el Gobierno de Sánchez que está lejos de solucionar el problema de la vivienda”.

Reclama al Gobierno central incrementar el parque público de vivienda

La moción contempla también instar al Gobierno de España a garantizar el incremento anual del parque público hasta el 9,2 % en 2030 (media europea), convertir el 100 % de las viviendas de la Sareb en parque público de alquiler, prohibir la compra de vivienda para usos no residenciales a fondo buitres y sociedades Especulativas y crear barreras de entrada para inversores que buscan rentabilidades altas y rápidas.

Asimismo, le reclama limitar el precio legal del alquiler para que cabe persona tenga que destinar más del 30 % de sus ingresos al alquiler, implementar el modelo de contrato de alquiler indefinido asequible como otros lugares de Europa, limitar las subidas anuales del alquiler al IPC real y establecer un supuesto de recargo progresivo del IBI a partir de la tercera vivienda vacía