El Gobierno valenciano se opone a la limitación de alquileres aprobada por Burjassot y Pobla de Farnals

El Gobierno valenciano fía toda su estrategia para frenar el alza de los precios de los alquileres a la generación de mayor oferta, una medida que puede dar resultados a largo plazo, una vez se hayan construido nuevas viviendas, pero que no soluciona el problema en el corto y medio plazo.

De hecho, València ha pasado, en apenas cinco años, de ser una ciudad relativamente asequible para vivir de alquiler a liderar con contundencia el encarecimiento en toda España con un dato que asusta, y es que el precio medio se ha disparado un 82% desde que irrumpió la pandemia, según el último informe de Idealista. Traducido al día a día, supone haber pasado de pagar en torno a 8 euros por metro cuadrado en 2020 a moverse ahora en cifras superiores a los 14 euros.

Precisamente por este motivo, ayuntamientos como el de la Pobla de Farnals y el de Burjassot aprobaron recientemente solicitar a la Conselleria de Vivienda la declaración de sus municipios como zona tensionada, una posibilidad que permite limitar los precios de los alquileres y que ya se aplica con éxito en otras ciudades como Barcelona o en varios municipios de Navarra, entre ellos Pamplona.

La situación del mercado residencial en La Pobla de Farnals refleja una tendencia al alza en los precios del alquiler, especialmente en las zonas próximas a la costa. Según distintos portales inmobiliarios, los alquileres en el núcleo urbano se sitúan habitualmente en una horquilla aproximada de entre 700 y 900 euros mensuales, mientras que en la zona de la playa los precios son significativamente más elevados, pudiendo alcanzar entre 900 y 1.500 euros mensuales en función de la ubicación, las vistas o la temporalidad. Esta diferencia entre zonas y el incremento sostenido de los precios en los últimos años han dificultado el acceso a la vivienda para una parte de la población.

En el caso de Burjassot, el pleno del Ayuntamiento del mes de marzo aprobó, con los votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís y dos de sus concejales no adscritos, la moción presentada por los socialistas para solicitar a la Generalitat Valenciana que declare el municipio como zona de mercado residencial tensionado. Llama la atención la abstención del PP, mientras que Vox votó en contra.

Sin embargo, fuentes de la Conselleria de Vivienda consultadas por elDiario.es han comentado que estudiarán las propuestas, aunque han advertido de que “la política de este Consell es la de generar oferta de alquiler asequible”.

En concreto, desde el departamento que dirige la vicepresidenta Susana Camarero han comentado que “se trata de una medida impulsada por el Gobierno de Sánchez que está lejos de solucionar el problema de la vivienda. Más bien al contrario, en zonas donde se ha implementado, como Barcelona, ha generado el efecto contrario ya que ha hecho disminuir la oferta de pisos en alquiler, provocando la reducción de oferta de viviendas del rango de precio medio”.

Los datos, sin embargo, no avalan del todo esta afirmación. Aún se siguen dando incrementos, son mucho más contenidos y en algunos casos ha habido descensos. Según los datos oficiales del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), en Barcelona ciudad, el importe medio en el tercer trimestre de 2025 alcanzó los 1.153,11 euros, un 1,5% más que en el trimestre anterior (1.135,55 euros), pero un 3,3% por debajo desde que se regula el precio (1.193,5 euros en el primer trimestre de 2024). Por lo tanto, las subidas son mucho más contenidas que en las ciudades donde se aplica esta limitación, como València. Recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que pondrá las bases para prohibir el alquiler de temporada en la ciudad, una modalidad que permitía escapar a las limitaciones.

En Navarra, la regulación del precio de los alquileres merced a la declaración de 21 municipios como zona de mercado residencial tensionado está dando sus frutos. En los primeros seis meses de su declaración se ha registrado una caída del 8,6% de la mensualidad media que pagan los inquilinos en las localidades tensionadas.

Pese a todo, la Conselleria de Vivienda insiste en que “la declaración de zonas tensionadas se ha manifestado como una medida ineficiente para la contención de precios de alquiler” y aseguran que los efectos más relevantes son una reducción de la oferta al optar los propietarios por la venta o por el alquiler turístico o de temporada; una presión de los precios al alza por la supuesta disminución de la oferta, lo que a su vez causaría un perjuicio a los hogares con menor poder adquisitivo. Por último, consideran desde el departamento de Camarero que ante la reducción de oferta e incremento de precios en las ciudades, las familias buscarían una vivienda en otras zonas que se adapten mejor a sus circunstancias personales, elevando los precios en estas zonas.

Por todo ello, “la declaración de zonas tensionadas provoca un grave daño al mercado de alquiler de vivienda y genera el efecto contrario al pretendido” al tiempo que añaden: “La política de vivienda de este Consell es la de generar oferta de vivienda asequible, y está impulsando medidas para dinamizar la oferta de vivienda protegida en la Comunidad y facilitar a las familias el acceso a la vivienda. Así, seguimos trabajando en el Plan Vive, que ya cuenta con más de 4.800 viviendas activadas y ha permitido triplicar el número de VPP de promoción privada. Asimismo, se han reforzado las ayudas al alquiler, que en 2025 duplicaron el número de ayudas concedidas en el 2023, se ha incrementado el presupuesto para el bono joven de alquiler, que por primera vez ha contado con aportación de la Generalitat en los dos últimos ejercicios y ha permitido incrementar en un 33% los beneficiarios hasta superar los 5.200 jóvenes con ayudas”.

Además, recuerdan que se ha impulsado el programa de garantías para la compra de viviendas del Instituto Valenciano de Finanzas; o la actualización de la normativa de alojamiento turístico, para evitar distorsiones en el mercado inmobiliario; además de los programas de ayudas al alquiler o las líneas de financiación a la adquisición de viviendas en el marco de los planes estatales de vivienda“.

Pese a todo, la realidad es cada mes los precios siguen subiendo y cada vez son más las familias que tienen dificultades para hacer frente a los alquileres, sin que se atisbe a corto plazo solución alguna.