La Pobla de Farnals solicitará ser declarada zona tensionada ante la escalada de los precios del alquiler de la vivienda

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ha decidido pasar a la acción ante la creciente crisis de vivienda que afecta al municipio. Este jueves, 26 de marzo, el pleno municipal debatirá la solicitud formal para que la localidad sea declarada zona de mercado residencial tensionado, una figura jurídica amparada por la Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda. De aprobarse, la petición se trasladará a la Generalitat Valenciana con el objetivo de activar mecanismos que permitan topar los precios del alquiler y proteger a los colectivos más vulnerables.

La realidad del mercado inmobiliario en La Pobla de Farnals muestra una tendencia alcista que dificulta el acceso residencial a jóvenes y familias. Según los datos que maneja el consistorio, el precio del alquiler en el núcleo urbano oscila actualmente entre los 700 y los 900 euros mensuales. Sin embargo, la presión se dispara en la zona de la playa, donde la temporalidad y la demanda elevan las rentas hasta una horquilla que va desde los 900 hasta los 1.500 euros.

Esta situación de desequilibrio entre una oferta insuficiente y una demanda creciente no es exclusiva de La Pobla, ya que se enmarca en una dinámica que afecta a gran parte de la comarca de l’Horta Nord y al área metropolitana de Valencia. No obstante, el gobierno local insiste en que la declaración de zona tensionada es una herramienta necesaria para garantizar un derecho básico que el mercado, por sí solo, está restringiendo.

Proyectos frustrados por la burocracia autonómica

La decisión de solicitar esta medida llega tras un importante revés en las políticas de vivienda social del municipio. El Ayuntamiento impulsó el año pasado la rehabilitación de las antiguas viviendas de maestros del CEIP Cervantes para destinarlas a alquiler social, un proyecto vinculado a los fondos europeos Next Generation.

A pesar de que el Consistorio presentó toda la documentación en plazo y realizó las subsanaciones requeridas en octubre de 2025, el alcalde Enric Palanca ha denunciado que la respuesta de la Generalitat Valenciana no llegó hasta bien entrado el año 2026. Este retraso burocrático ha hecho inviable el cumplimiento de los plazos de la convocatoria europea, perdiéndose así una oportunidad clave de financiación. “Es lamentable que se pierdan oportunidades así por la demora de la administración autonómica”, ha lamentado el primer edil, señalando que este contexto obliga a buscar nuevas vías urgentes para paliar la falta de oferta asequible.

De salir adelante, La Pobla de Farnals se sumará a la lista de municipios que reclaman la intervención de precios para frenar una escalada que, según el equipo de gobierno, exige activar todos los mecanismos legales disponibles para proteger el derecho a la vivienda.