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CV Opinión cintillo

Los valencianos primero, los derechos después

Acto de entrega del Premio Guillem Agulló protagonizado por sus padres.

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Hay gobernantes convencidos de que la mejor manera de disimular su incapacidad para mejorar la vida de sus ciudadanos consiste en convencer a los votantes de que el problema son otros ciudadanos. Preferiblemente extranjeros, pobres y sin demasiadas posibilidades de defenderse. En la Comunitat Valenciana, el PP de Juanfran Pérez Llorca ha encontrado en Vox un socio dispuesto a señalar culpables y a proporcionar soluciones tan sencillas como peligrosas. La prioridad nacional se presenta como una defensa de los valencianos, aunque lo primero que ha conseguido es que el Consejo de Estado encuentre motivos para cuestionar su constitucionalidad. Una forma bastante peculiar de defender a la ciudadanía: aprobar leyes que pueden vulnerar sus derechos. Y lo dice por unanimidad su comisión permanente, en la que se sientan conservadores como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución. Eso sí, conservadores de los de antes.

La prioridad nacional pasó de consigna electoral a disposición legal por obra de PP y Vox, que la han incorporado a la legislación valenciana a través de los presupuestos autonómicos de 2026. Introduce requisitos de residencia y arraigo para acceder a prestaciones sociales y a la vivienda protegida. El Consejo de Estado no ha declarado inconstitucional la norma, porque no le corresponde hacerlo, pero su dictamen resulta suficientemente significativo. Lo que para Vox constituye una victoria política puede acabar siendo un problema jurídico para el Consell.

Pérez Llorca había demostrado unos meses antes que conocía la diferencia entre gobernar y repetir consignas. En mayo, cuando le preguntaron por la prioridad nacional, respondió que su prioridad eran la educación, la sanidad y las políticas sociales. En julio, el eslogan ya estaba dentro de la ley. Entre una cosa y otra no cambió la Constitución ni apareció una solución milagrosa para los problemas valencianos. Lo que cambió fue la necesidad de satisfacer a Vox. Pérez Llorca necesita mantenerse en el Palau, consolidarse como candidato y llegar a las elecciones con un gobierno que no se le desmorone. Cuando la supervivencia política se convierte en la principal prioridad, los principios suelen acabar en la sección de objetos perdidos. Otra vez, sin Mazón no se vive mejor.

No hace falta buscar demasiado lejos para comprobar hasta dónde puede llegar la intolerancia. Los valencianos tenemos un nombre que debería bastar para recordar sus consecuencias: Guillem Agulló. Tenía 18 años, era de Burjassot, defendía sus ideas antifascistas y fue asesinado por un neonazi en Montanejos en abril de 1993. Han tenido que pasar 33 años para que su familia vea anunciado el reconocimiento de Guillem como víctima del terrorismo. Tres décadas reclamando que las instituciones reconozcan la dimensión política de un crimen que nunca debió reducirse a una pelea entre jóvenes. La sentencia condenó al autor de la puñalada por homicidio, pero no reconoció aquella motivación. Sus padres han dedicado buena parte de sus vidas a reclamar una reparación que llega demasiado tarde para Guillem. Tres décadas después, el Estado escucha a la familia Agulló, pero À Punt sigue sin encontrar el momento de contar La mort de Guillem.

Mientras el Estado reconoce a una víctima de la violencia neonazi, la Policía investiga a Núcleo Nacional. 14 detenciones y cuatro ingresos en prisión. Los planes de atentados contra adversarios ideológicos escandalizan lo justo. Sorprende en un país donde algunas canciones han llevado a sus autores a la cárcel. Se sigue trivializando la violencia ultraderechista, desde el saludo nazi de un adolescente hasta la posesión de un arsenal que puede ser utilizado para asesinar.

Sería irresponsable afirmar que aprobar una ley de prioridad nacional conduce a cometer un asesinato. Pero también sería ingenuo negar los riesgos de normalizar discursos que presentan a determinados colectivos como una amenaza permanente. Se empieza distinguiendo entre ciudadanos que merecen más y otros que merecen menos. Después se convierte esa distinción en propaganda electoral, se incorpora a las instituciones y se presenta como una defensa del interés general. Los violentos no necesitan que un presidente autonómico les ordene actuar. Les basta con encontrar una sociedad en la que sus prejuicios resulten cada vez menos escandalosos. Y quienes gobiernan tienen una responsabilidad especial en evitarlo.

La simbología y el arsenal incautado llegan al depósito de pruebas mientras Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos modernizan los campos de concentración. Ruanda alquila su espacio para hacinar a personas migrantes que llegan a Europa buscando un futuro que en sus casas no tienen. Franganillo dice que es de conductor Kamikaze oponerse, pero Naciones Unidas ha advertido de los riesgos de semejante iniciativa. Todavía quedan condiciones por concretar, pero el mensaje político ya está lanzado: Europa pretende alejar de sus fronteras a quienes no quiere acoger. La prioridad continental ya no consiste en proteger derechos, sino en encontrar un almacén para seres humanos como si fueran mercancías defectuosas devueltas de un marketplace.

En este contexto de gestión online de las vidas humanas, Europa envejece, necesita trabajadores y tiene dificultades para sostener sus sistemas de protección social. Lo recuerda la propia ONU. Mientras tanto, algunos gobiernos dedican sus esfuerzos a imaginar cómo trasladar a miles de kilómetros a personas que han llegado buscando una oportunidad. Y en la Comunitat Valenciana, los dirigentes encuentran tiempo para discutir cuántos años debe llevar empadronada una familia antes de poder acceder a la ayuda que puede proporcionar a algunos escolares su mejor comida del día, cuando no la única. Se puede exigir una gestión responsable de los recursos públicos sin convertir la nacionalidad o el origen en un argumento de confrontación. Pero eso obliga a gobernar, a explicar las decisiones y a asumir sus consecuencias. Mucho más sencillo resulta señalar al extranjero y mirar hacia otro lado cuando alguien se organiza para apalizar o matar.

Ante estos hechos y la extensión del odio, conviene preguntarse qué hacemos cuando alguien decide que los derechos de los demás valen menos que los nuestros. Pérez Llorca puede seguir explicando que su prioridad son los valencianos. Sería deseable que empezara por defender sus derechos, todos sus derechos, incluidos los de quienes llegaron de fuera y hoy viven entre nosotros. Porque una sociedad no progresa buscando ciudadanos de segunda ni enviando personas a Ruanda. Se protege garantizando que nadie pueda ser discriminado por su origen, perseguido por sus ideas o abandonado por las instituciones. Guillem tenía 18 años cuando lo asesinaron. Treinta y tres años después, algunos siguen convencidos de que defender a los valencianos consiste en decidir quién merece ser uno de nosotros. Agulló era valenciano. Y tampoco lo protegieron.

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