Acusados de atentado por intentar frenar un desahucio en Zaragoza: la Fiscalía pide 17 años de cárcel para siete activistas
“Ver que por ejercer el derecho a la vivienda y por defender a la clase trabajadora tienes que entrar en prisión es duro”. Carlos es uno de los activistas por la vivienda que se sentará en el banquillo por intentar paralizar el desahucio de Mariano en Zaragoza, una movilización que tuvo lugar el 25 de junio de 2023 en la calle San Jorge. La Fiscalía solicita dos años y seis meses de prisión para los siete acusados por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, además de una multa por lesiones leves para otra de las encausadas. Sin embargo, tres de ellos ya fueron condenados en otro juicio relacionado con esta misma campaña, por lo que cuentan con antecedentes penales y una nueva condena podría llevarles a prisión.
Carlos reconoce que la posibilidad de acabar en la cárcel “es real”, pero asegura que el respaldo de los colectivos y la confianza en la organización les ayudan a afrontar el proceso. “Tengo confianza en la solidaridad del resto de colectivos y compañeros, en la fuerza que podemos hacer como clase y como organizaciones”, explica. El activista sostiene que no pueden renunciar a las movilizaciones por miedo a las consecuencias judiciales: “La represión no puede frenarnos”.
El nuevo procedimiento se dirige contra siete personas por los actos propios de paralización de un desahucio, el de Mariano en 2023. El juicio está previsto para mediados de abril de 2027 y según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos podrían constituir un delito de “atentado contra agentes de la autoridad” y otro leve de lesiones. El Ministerio Público atribuye el primero a varios de los investigados y el segundo a una de las personas acusadas.
La fiscal solicita dos años y seis meses de prisión para siete de las personas acusadas por el delito de atentado, además de una multa de dos meses a razón de ocho euros diarios para otra por las lesiones leves. También reclama una indemnización de 370 euros para uno de los agentes de Policía Nacional por las lesiones sufridas. El escrito recoge, además, que no se ha podido individualizar la autoría de algunas de las lesiones denunciadas por los policías, por lo que interesa el sobreseimiento provisional parcial respecto a esos daños.
El intento de frenar el desahucio de Mariano
Los hechos se remontan a la mañana del 25 de junio de 2023. A las 10:45 estaba previsto el lanzamiento de Mariano, que vivía con sus hijas menores en un piso de la calle San Jorge de Zaragoza. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llevaba meses movilizándose para tratar de evitar que la familia perdiera su vivienda y reclamaba a CaixaBank, propietaria de la hipoteca, una alternativa habitacional mediante un alquiler social. La entidad rechazó esa posibilidad, según denunció entonces la plataforma.
La PAH convocó a sus integrantes y a otros colectivos para intentar impedir el desahucio. Según recoge el escrito de Fiscalía, alrededor de una veintena de personas se concentraron en las inmediaciones del inmueble y formaron un bloque humano para dificultar el acceso de la comisión judicial. Algunas estaban unidas por los brazos o mediante bridas y portaban pancartas con materiales destinados a protegerse de la intervención policial. La Policía Nacional acudió al edificio y, según la versión de la Fiscalía, requirió en tres ocasiones a la persona a la que identificaba como responsable del grupo para que abandonara el lugar. Ante la negativa, los agentes comenzaron a desalojar a los concentrados. El escrito de acusación sostiene que “durante la intervención se produjeron patadas, golpes y empujones contra varios policías, que sufrieron distintas lesiones”.
Finalmente, el lanzamiento se ejecutó. Desde la PAH, sin embargo, sus integrantes defendieron que la movilización no había sido una derrota. Carlos recuerda las palabras que pronunció entonces Mariano: “La derrota habría sido no haber luchado”. Para el activista, la posibilidad de conseguir cambios en materia de vivienda pasa por mantener la movilización y la solidaridad entre colectivos.
Un tercer procedimiento judicial
Este juicio es el tercer procedimiento al que se enfrentan activistas vinculados a la campaña para evitar el desahucio de Mariano. Uno de los procesos anteriores terminó con la condena de 19 integrantes de la PAH de Zaragoza por un delito de desórdenes públicos, con una multa conjunta de 25.000 euros y dos años de antecedentes penales. Aquella causa estaba relacionada con las protestas desarrolladas ante una sucursal de CaixaBank en el Coso entre octubre de 2022 y mayo de 2023, en el marco de la negociación para conseguir un alquiler social para la familia de Mariano.
Los encausados consideran que los procedimientos judiciales también pueden afectar al conjunto del movimiento por la vivienda. Carlos sostiene que se está intentando “ejemplarizar al colectivo de vivienda y al resto de colectivos” y “disciplinar a quienes se organizan” para frenar desahucios y denunciar situaciones de vulnerabilidad.
La PAH, CSO Kike Mur, CJS y PUC Aragón están preparando una campaña de solidaridad con las personas encausadas, con distintos actos y convocatorias previos al juicio de abril. Los colectivos llaman a seguir sus redes sociales para conocer las próximas movilizaciones y actividades de apoyo.
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