El juicio a 19 activistas que intentaron frenar un desahucio en Zaragoza se salda con una multa conjunta de 25.000 euros

El Juzgado de lo Penal de Zaragoza ha condenado a 19 integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza por un delito de desórdenes públicos en relación con las protestas desarrolladas entre octubre de 2022 y mayo de 2023 ante una sucursal de CaixaBank en el Coso, según ha comunicado la propia plataforma. La resolución impone una multa que asciende a 25.000 euros en total y dos años de antecedentes penales para las personas encausadas. Las movilizaciones se enmarcaron en la campaña para tratar de paralizar el desahucio de Mariano, un vecino que vivía con sus hijas menores y no podía hacer frente al pago de la hipoteca. La plataforma reclamaba un alquiler social como alternativa habitacional, una opción que —según sostienen— fue rechazada por la entidad financiera.

En un comunicado tras conocer el fallo, la plataforma califica la sentencia de “ejemplarizante” y sostiene que busca “castigar a quienes están organizadas y advertir a quienes se lo están pensando”. Asegura que el proceso judicial responde a una estrategia para “debilitar al movimiento de vivienda” mediante sanciones económicas que, en caso de impago, podrían derivar en responsabilidades penales.

Durante la instrucción, la entidad bancaria acusó a las manifestantes de un delito continuado de coacciones y otro de desórdenes públicos, al considerar que las acciones —entre ellas el uso de megafonía, la colocación de dispositivos sonoros y la entrada en la oficina para exigir una reunión— impidieron el normal funcionamiento de la sucursal e intimidaron a los trabajadores. Por su parte, el Ministerio Fiscal no apreció coacciones ni violencia y calificó los hechos únicamente como desórdenes públicos.

Carlos, miembro de la PAH y uno de los condenados, señala que la resolución era “esperable” dado el marco legal. “Lo que realmente se juzga son nuestras formas de lucha como movimiento social”, afirma. A su juicio, la legislación es “ambigua” al penalizar la interrupción del funcionamiento de una sucursal y permite sancionar la protesta ciudadana. “Sabíamos que la absolución era muy difícil porque supondría avalar que el movimiento de vivienda puede entrar en las oficinas para exigir soluciones”, añade.

Según relata, durante el juicio las directivas de la entidad manifestaron haberse sentido intimidadas, aunque —afirma— no se acreditaron episodios de violencia. También critica el papel de la Fiscalía, que, en su opinión, actuó “casi como acusación particular”. “Nuestra defensa no buscaba compasión, sino mantener la dignidad y explicar que pedíamos una vivienda digna para Mariano”, subraya.

La plataforma ha anunciado que pondrá en marcha una campaña de micromecenazgo para afrontar la multa. “Son 25.000 euros y, si no se pagan, podríamos enfrentarnos a prisión. Llamamos a la solidaridad para que esto no paralice nuestra actividad”, explica Carlos, quien insiste en que la organización continuará con su labor. “Nuestras formas de lucha son las que dan resultado y no van a cambiar”.