El Sindicato de Inquilinas se encierra en la sede de la Seguridad Social: “El Gobierno se comporta como el peor fondo buitre”

Activistas por la vivienda del Sindicato de Inquilinas de Madrid se ha encerrado esta mañana en la Sede de la Tesorería General de la Seguridad Social “hasta que las 800 viviendas que tienen sean públicas”, como han señalado las mismas inquilinas tras el encierro y en una nota de prensa. Según denuncian, la Tesorería de la Seguridad Social “subasta vivienda pública y expulsa a sus inquilinas”.

El Sindicato pone en marcha esta acción solo dos días antes de la gran manifestación por la vivienda el próximo domingo y exige al Gobierno y a la Tesorería General de la Seguridad Social “poner fin a los procedimientos de desahucio de las inquilinas de la TGSS, poner fin a todas las subastas para garantizar la permanencia de las viviendas públicas, ceder una parte de los locales comerciales a sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro que defienden el derecho a la vivienda o alquilar locales a cooperativas sociales”.

Las activistas también piden “ceder los solares urbanizables disponibles para la construcción de vivienda público-cooperativa en cesión de uso cuyos requisitos de entrada sean los mismos que los de las VPO” o “ceder solares no urbanizables a asociaciones con finalidad de construir huertos urbanos y refugios climáticos”.

“No nos vamos hasta conseguir un acuerdo. Es intolerable que se subasten viviendas públicas de la Tesorería a fondos buitre”, ha asegurado tras el encierro Alicia del Río, portavoz del Sindicato. “Mientras tanto, todas las vecinas están recibiendo órdenes de desahucio. Exigimos el fin de los desahucios, la renovación de los contratos y el fin de las subastas”, ha señalado. “No puede ser que el Gobierno que se dice progresista se comporte como el peor fondo buitre diciendo que va a construir vivienda mientras dilapida las que ya están construidas”. “Esto lo hemos hablado, se habían comprometido a paralizar las subastas y ayer vimos una. Subastan viviendas, locales y solares que deberían ser de la ciudadanía. No nos vamos a ir hasta que no vengan la ministra Elma Saiz e Isabel Rodríguez y se alcance un acuerdo”.

Las inquilinas denuncian que las 800 viviendas que quieren proteger “fueron gestionadas inicialmente por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), un programa del gobierno de Zapatero que promovió el acceso a la vivienda para jóvenes. Sin embargo, desde la disolución del programa y la reabsorción por parte de la TGSS, los alquileres han subido un 30% y, ahora, el Estado pretende vender estos inmuebles a inversores a precios desorbitados, sin ofrecer alternativas viables a las vecinas que llevan casi dos décadas habitando sus hogares”.

Por eso quieren denunciar “la contradicción entre los discursos del Gobierno y la realidad de sus políticas”: “Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la ministra Rodríguez hablan de blindar y ampliar el parque público de vivienda, la Tesorería expulsa a decenas de familias de sus hogares y vende el patrimonio público”.