El alcalde de Alicante descarta dimitir y deriva la reponsabilidad del fraude de las VPO a la Generalitat Valenciana
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha pronunciado este viernes con respecto a su futuro político tras el escándalo de las 140 viviendas protegidas de Les Naus con pistas de pádel y piscina impulsada por una cooperativa en la playa de San Juan, algunas de las cuales se han adjudicado cargos del PP, funcionarios del Ayuntamiento y personas afines, un caso que ya se investiga en el juzgado.
Barcala, que ha reconocido que se trata de “un caso horrible”, ha descartado su dimisión argumentando que “no es el momento” de hablar de su salida puesto que “el partido tiene sus tiempos” y asegura contar con el respaldo de todo el PP, a nivel local, autonómico y estatal, según ha asegurado en una entrevista en Radio Alicante Cadena SER.
“A priori nadie podía pensar que sucedería algo así cuando metí en la lista a Rocío Gómez [concejala de Urbanismo adjudicataria de una vivienda que ha dimitido], no era previsible y eso puede sorprender a cualquiera. La realidad es que cuando no se responde a esa confianza dimite y eso le honra que de forma inmediata haya presentado su dimisión igual que la directora general María Pérez-Hickman. Yo asumo la responsabilidad de dirigir un equipo en el que no puede estar esa concejala y esa directora general. Tomo todas las medidas para que estas cuestiones se aclaren, como un pleno extraordinario y una comisión de investigación”, ha explicado.
Sobre su futuro político como candidato a la alcaldía de Alicante por el PP ha explicado que “eso ahora mismo no es el momento, ni toca, no se ha planteado, el partido tiene sus propios tiempos, el partido me remito a las declaraciones del presidente de la Generalitat Valenciana Juan Francisco Pérez Llorca con un respaldo absoluto y lo mismo del partido nacional, como por ejemplo de Miguel Tellado; tengo ese respaldo explícito”.
Por otra parte, Barcala ha defendido que es “lícito” hacer negocio con la vivienda después de que elDiario.es haya destapado que tanto su mujer como su excuñada se quedaran una VPO de iniciativa privada en el año 2006 destinada a alquiler, que en el caso de la exmujer de su hermano ya se ha vendido, y ha derivado la responsabilidad del caso de les Naus a la Generalitat Valenciana, responsable de visar que los adjudicatarios cumplían los requisitos.
Sobre el primer asunto, el primer edil ha afirmado que “la vivienda es un derecho en cualquier circunstancia, lo cual no quita que en un estado de derecho como el nuestro también forma parte de la economía, de la generación de empleo y de riqueza; en consecuencia tiene un componente económico y es perfectamente lícito que alguien con su dinero pueda hacer una inversión en una vivienda y eso no es incompatible con que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda” y ha añadido que “las administraciones tenemos la responsabilidad de que en el mercado se ponga todo tipo de vivienda a todo tipo de precio para que todo tipo de personas pueda acceder a la misma”.
Sobre la gestión de las adjudicaciones de Les Naus, ha explicado que “la supervisión del Ayuntamiento es que la obra se ajuste al proyecto y que las viviendas que se hayan construido sean de protección, y para terminar expediente se requiere si termina obra y la relación de los compradores; y así se concluye expediente”. Por su parte, “entre medias la empresa gestora es la responsable de hacer captación de compradores, verificar que cumplen las condiciones y trasladar a la Conselleria de Vivienda todos los expedientes para que vise y contraste si todas las personas han cumplido todos los requisitos; cada administración tiene su responsabilidad, nosotros hemos cumplido la nuestra. No se puede acusar al Ayuntamiento del trabajo que tenía que hacer la gestora y de la supervisión que tenía que hacer la conselleria”.
Barcala ha defendido que desde el primer momento ha tomado medidas contundentes como la apertura de expedientes y la denuncia del caso en la Fiscalía.