El bufete de un asesor del PP representa a la empresa que ha derribado fachadas para hacer alojamientos turísticos en València
Las dudas en torno a la gestión administrativa por parte del Ayuntamiento de València sobre los permisos para la ejecución de los 60 alojamientos turísticos en los bajos de dos residenciales de Benicalap no dejan de crecer entre los vecinos y vecinas afectados. Y más tras confirmar elDiario.es que el bufete de abogados de un asesor del PP en el Senado lleva la representación legal de la empresa que ejecuta los proyectos, en concreto, Business Decission and Advice SL, cuya matriz es Skydive90 SL.
En concreto, se trata del despacho Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP), tal y como refleja el Boletín Oficial de las Cortes.
El propio Soriano, a preguntas de elDiario.es, puntualiza que no es asesor del PP propiamente, sino del Senado, si bien reconoce que está adscrito a la senadora popular Eva Ortiz. El letrado, que trabajó para Manos Limpias en el caso del fiscal general del Estado, afirma que, efectivamente, Skydive90 SL “es un cliente importante” del bufete.
Esta misma empresa ejecuta un apartahotel de 38 habitaciones en los bajos de un residencial de la calle de Carlos Cortina y otro de 22 habitaciones en los bajos de otro residencial de la calle de Encarna Albarracín, ambos en la nueva zona de expansión del barrio de Benicalap. En ambos casos, además de que se oponen a un uso turístico tan intensivo, como queda reflejado en sus estatutos y en un acuerdo de la junta general, denuncian que se han abierto ventanales en las fachadas recayentes a las zonas comunes interiores sin permiso de la comunidad, algo que aseguran que es ilegal según la Ley de Propiedad Horizontal.
Al respecto, Soriano explica que su despacho tan solo lleva la representación legal en el caso del edificio de la calle de Carlos Cortina, puesto que en el de Encarna Albarracín asegura que también trabajó para la cooperativa propietaria de los bajos, por lo que, si bien no incurría legalmente en un conflicto de intereses, no le parecía lo más apropiado. En este sentido, la representación de Skydive90 SL en el proyecto de la calle de Encarna Albarracín la lleva el letrado Jaume Argilés.
En el caso del proyecto de Carlos Cortina, sin entrar en detalles sobre la cuestión de la alteración de elementos comunes, Víctor Soriano asegura que “la obra es plenamente legal, cuenta con todos los permisos municipales, de lo contrario, la Policía en alguna de las inspecciones la habría paralizado”.
En términos similares se pronuncia Argilés, tras ser contactado por este periódico: “La empresa en todo momento ha actuado con todos los permisos, licencias y demás que exige la ley, e informando en todo momento con la adquisición de los locales de lo que se iba a hacer. Los vecinos siempre han realizado la venta sabiendo qué se iba a hacer en esos bajos y lo que implicaba. Aun así, hemos intentado, y seguimos intentando, negociar con ellos para llegar a un entendimiento y hacer las modificaciones que dejen a todos contentos”.
La presidenta de la comunidad, sin embargo, desmiente la mayoría de las afirmaciones de Argilés: “Es cierto que cuentan con la licencia municipal, pero es una licencia que ha vulnerado nuestros derechos e incumplido los estatutos de la comunidad, que prohíben taxativamente las actividades que están desarrollando, específicamente el acceso a zonas comunes y la explotación de restauración y hostelería. Desde el momento en que tuvimos conocimiento de la situación, se les ha ido notificando y apercibiendo formalmente por escrito. En la última junta general, y ante la presencia de este abogado, la comunidad votó unánimemente exigir el estricto cumplimiento de lo permitido en los estatutos. Su propuesta de negociación consiste, fundamentalmente, en imponer su propia voluntad de forma unilateral; por lo tanto, no existe margen de negociación posible si no se respetan de manera íntegra los estatutos que rigen a toda la comunidad”.
El bufete que denunció al concejal de Urbanismo del PP
El Ayuntamiento de València aprobó la suspensión de licencias para viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos en la ciudad el 28 de mayo de 2024, cuando el gobierno de Maria José Catalá acordó la moratoria de licencias. Esta decisión paralizó la petición de licencia ambiental y de obras que la mercantil Business Decission and Advice SL solicitó al Ayuntamiento para su proyecto en la calle de Carlos Cortina justo un día antes de su aprobación, el 27 de mayo de 2024, según documentación recabada por esta redacción.
Pese a todo, la moratoria afectó al proyecto, que quedó paralizado. Ante esta situación, la empresa tomó dos caminos. Por un lado, recurrió en el juzgado la moratoria. El proceso judicial lo llevó el despacho de Víctor Soriano, pero el juzgado la archivó el pasado mes de mayo.
Paralelamente, la mercantil presentó al Ayuntamiento una modificación del proyecto que le permitió quedar exento de la moratoria, por lo que se dio trámite a la licencia, que fue finalmente concedida el pasado 28 de mayo.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el proyecto inicial abarcaba una superficie de 1.777 metros cuadrados, excediendo lo que establecía el planeamiento. Sin embargo, posteriormente, la empresa redujo la afección para ajustarla a lo establecido en el planeamiento para el uso terciario exclusivo, fijando la superficie dedicada al apartahotel en 1.270 metros cuadrados, más 367 correspondientes al entreplante que, según la resolución municipal, no computaría.
De esta forma y con estos parámetros, la empresa volvió a solicitar la licencia de actividad y de obras el 28 de noviembre de 2025, a la que se dio trámite y que finalmente se concedió el pasado 28 de mayo. Tres días después se archivó la demanda del bufete de Víctor Soriano. Con la licencia de obras ya concedida, la empresa, asesorada por su bufete, descartó recurrir. La empresa pudo iniciar antes los trabajos mediante la presentación de una declaración responsable y un certificado ECUV.
Sobre la resolución denegatoria de licencia de obras del pasado 14 de julio por exceder el 15% de alojamientos turísticos previsto por mazana, fuentes municipales han explicado que la empresa presentó varias instancias pidiendo la licencia con proyectoa distintos que dieron lugar a diferentes expedientes y resoluciones.
Un apartahotel de 93 plazas empotrado en un residencial
La resolución municipal por la que se aprueba la concesión de la licencia de obras, consultada por esta redacción, establece que los bajos del residencial de la calle de Carlos Cortina tendrán un apartahotel de 38 habitaciones con planta baja y altillo para un total de 93 plazas de alojamiento. El recinto incluirá “zonas comunes compuestas por vestíbulo con recepción, desayunador, salón común, aseos públicos, zona de trabajo, consigna de equipajes, gimnasio, lavandería para clientes y aparcamiento para bicicletas”.
En el apartado de descripción de las obras se hace un resumen general que, en cualquier caso, no menciona la modificación de elementos comunes de la comunidad.