En diciembre de 2011, este año se cumple una década de esa operación, el Banco de España adjudicaba la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Banco Sabadell por el simbólico precio de un euro, una operación que, como reconocería años más tarde el entonces ministro de Economía Luis De Guindos, iba a acabar costando alrededor de 15.000 millones de euros. Una factura que todavía no se ha dejado de pagar, aunque en este caso, a diferencia de las crisis de otras cajas o bancos, es el fondo de la propias entidades bancarias el que se hace cargo.
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) abonará este año 1.800 millones de euros al Sabadell. Tal y como informaba el periódico económico 'Expansión' este lunes, el FGD pagó hace unos días la penúltima factura por 1.500 millones a la entidad catalana por el esquema de protección de activos (el EPA, una especie de seguro de entre el 70% y el 80% de los activos tóxicos que sigue abonando el Fondo de Garantía de Depósitos por la compra de entidades fallidas, como es el caso de la caja de ahorros alicantina), y en septiembre hará efectivo un último cargo por otros 300 millones -1.800 en total en 2021-.
Así, tal y como informa este medio económico, el FDG destinó en 2012 cerca de 5.249 millones de euros en dos ampliaciones de capital -de esta cantidad, 3.382 millones se destinaron a provisiones de la antigua CAM- a los que habría que añadir los pagos anuales a la entidad catalana por las perdidas de la cartera protegida, que suman algo menos de 7.400 millones. En total, 12.635 millones de euros a los que habría que añadir 2.200 millones que Sabadell tuvo que detraer de sus resultados para hacer frente al 20% de las pérdidas por la venta de activos dañados no garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, que suman una factura total próxima a los 15.000 millones adelantados en su día por De Guindos.
La cúpula de la CAM, condenada
La Audiencia Nacional condenaba el pasado mes de diciembre, entre otros, al exdirector general de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, Roberto López Abad, a dos años de prisión como “inductor” de administración desleal y tres delitos contra la Hacienda Pública por los negocios inmobiliarios de la entidad financiera alicantina en el Caribe que le causaron a la CAM un perjuicio económico de 28 millones de euros.
Los magistrados consideraron “plenamente acreditado” que la caja sufrió un “gravísimo perjuicio como consecuencia de la actuación fraudulenta de los acusados”, que llevaron a cabo una gestión “negligente a través de una serie de operaciones arriesgadas a la vista de las circunstancias de mercado”. El origen de la causa es una querella interpuesta en 2012 por el FGD.