El rescate que no acaba: 30.000 millones en activos problemáticos y otros 1.838 millones inyectados por el Estado en 2019

El pasado año se cumplió el décimo aniversario de la crisis de 2008, el último crack del capitalismo mundial que todavía hoy y pese a los años de crecimiento en muchos países occidentales todavía se nota en el mercado de trabajo. Esa crisis se trasladó ese año a España con un hundimiento del sector inmobiliario como no se recordaba y que tres años después se sustanció en una crisis financiera que arrastró a la práctica totalidad de cajas de ahorro -en la actualidad solo quedan dos de las decenas que llegaron a existir-, unas entidades financieras autóctonas que fueron borradas del mapa por su insolvencia fruto del abuso de inversión en el ladrillo.

El rescate de las cajas de ahorro y algún banco como Banco de Valencia costó a las arcas del Estado más de 60.000 millones de euros en una intervención del Estado también sin precedentes en los años 2011, 2012 y sucesivos. En 2021 se cumplirá una década de aquella caída salvaje que empezó con Caja Castilla La Mancha y que terminó con Bankia, la entidad propiedad del Estado (más del 60 %) fruto de la unión de las fallidas Caja Madrid, Bancaja y otras cajas regionales menores.

En aquel gran rescate se invitó por parte del Estado a algunos bancos, en algunos casos fue incluso su salvación, a comprar las entidades con problemas a cambio de recibir importantes ayudas públicas. Tanto que a día de hoy varias de estas entidades siguen recibiendo inyecciones de capital público para cubrir los agujeros que en sus balances generan los activos tóxicos que tuvieron que absorber en aquellas operaciones de compra por un euro.

En 2011 los activos problemáticos en poder de la banca, la mayoría por inversión inmobiliaria fallida, sumaban 184.000 millones de euros. En el segundo trimestre de 2019, según fuentes del Banco de España, estas inversiones problemáticas suponen poco más de 30.000 millones si sumamos las de CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter. Santander y BBVA ya no tienen que dar cuenta de estos activos tras un acuerdo con el Gobierno el pasado año.

Para que los bancos que compraron las entidades fallidas el Gobierno acordó aprobar un Esquema de Protección de Activos (EPA), lo que suponía que en años sucesivos el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ayudaría a cubrir los activos deteriorados entre el 70 y el 80 % del total conforme se fueran vendiendo y sacando de los balances. El 20 % restante lo asumirían los bancos de sus propios recursos. Así, en lo que llevamos de 2019 los tres principales bancos que todavía están cubiertos por una EPA recibieron 1.838 millones de euros públicos por aquellas compras de 2011 y 2012.

Banco Sabadell, que se quedó la CAM con todos sus problemas por un euro en 2011, ha recibido del FGD 4.294,33 millones: 825,87 millones en febrero de 2016, un segundo pago de 983,83 millones de euros en 2017, un tercer desembolso de 1.429,30 millones en febrero de 2018 y otro por 60,69 millones en diciembre de ese ejercicio. La última entrega ha fue el pasado mes de febrero de este año con 994,63 millones. El banco que presiden Josep Oliu tiene un EPA acordado que hasta 2021 podría superar los 7.000 millones.

El FGD ha abonado desde 2012 a BBVA 1.278 millones por la compra de Unnim, la entidad que nació de la fusión de Caixa Terrassa, Sabadell y Manlleu. El pasado mes de junio el segundo banco más importante de España recibió del Estado 786,9 millones para sanear los activos tóxicos ligados al EPA. El banco presidido por Carlos Torres había recibido 132 millones en 2017 y 359 millones en 2018. 

El FGD y Sabadell y BBVA negociaron a finales del año pasado las condiciones del EPA tras la venta de paquetes inmobiliarios acordados con Cerberus y Deutsche Bank. Banco Sabadell terminará la cobertura de la EPA en 2021 y BBVA en 2022, aunque se comprometiron a relajar los cobros para no afectar en exceso a las cuentas del Estado puesto que los paquetes de activos problemáticos que se quitaron con su venta eran multimillonarios.

CaixaBank no absorvió una de las cajas de ahorro sino que se tuvo que quedar Banco de Valencia. Negoció con el FGD un EPA máximo de unos 5.000 millones. En 2017 reclamó a este organismo 37 millones, mientras que en el ejercicio 2019, siete años después de la compra, ha ingresado 55. Aún tiene margen para acudir al EPA siendo la entidad en la actualidad con un mayor número de activos problemáticos, 11.131 millones según los datos facilitados al Banco de España,pero la que menos capital ha requerido.

Otros EPA que ya han finalizado son las de Liberbank por la adquisición de Caja Castilla La Mancha -con una inversión pública de 2.475 millones- o la del BBK, por la adquisición en su día de Cajastur, 392 millones.