Los 'piratas del Caribe' que hundieron la CAM en un pozo de 28 millones a base de pelotazos con hoteles de lujo

Terreno en Playa del Carmen (Riviera Maya) donde la CAM autorizó la compra de una parcela para uso hotelero.

Esta semana, la Audiencia Nacional ha dado un paso más para sentar en el banquillo a los responsables de la trama inmobiliaria de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La jueza Carmen Lamela investiga supuestas ilegalidades de la entidad en inversiones en el Caribe. El auto apunta a operaciones de crédito presuntamente irregulares entre la CAM y la sociedad Valfensal para la adquisición de hoteles y parcelas en la República Dominicana, México y Tenerife por un montante de 1.011 millones de euros, que ha ocasionado un perjuicio de 28 millones para el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), personado en la causa.  

El auto de procesamiento ha devuelto a la actualidad los supuestos desmanes protagonizados por la que llegó a ser cuarta caja de ahorros de España, absorbida por 1 euro en 2011 por el Sabadell después de que el Fondo de Garantía de Depósitos la sanease con 5.249 millones de euros. La CAM también acabó siendo víctima del desmedido peso del negocio inmobiliario tanto en España como en el extranjero, que se vino abajo con la crisis financiera internacional. Esto permitió poner al descubierto toda “una serie de irregularidades comunes” como expresa el informe pericial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se apoya la jueza Lamela. Las irregularidades tienen el sello de exdirectivos de la caja, empresarios y miembros de la comisión de control que, por acción u omisión, creyeron encontrar en el Caribe el ansiado tesoro que todo pirata busca.

Todos ellos, 13 en total, han sido procesados por supuestos delitos de apropiación indebida y/o administración desleal por una causa abierta desde 2013. Además, los tres empresarios de la sociedad Valfensal con la que operaba la CAM deberán responder por seis delitos contra la Hacienda Pública al detectarse operaciones de pago a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales. Estos últimos son los hoteleros alicantinos Juan Ferri y José Baldó y el trabajador Francisco Climent, que se beneficiaron desde 2004 hasta 2011 de una serie de préstamos otorgados por la CAM a cuyo frente estaba el exdirector general Roberto López Abad y el exdirector general de Empresas Daniel Gil.

Indiciariamente, la magistrada asume que Abad y Gil “consintieron” que ambos empresarios “dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas”. Un ejemplo de ello, la adquisición del hotel Caracol y de una parcela anexa en Riviera Maya (México) por 60 millones de euros gracias a unos préstamos de la caja de ahorros “en los que no se cumplió con los requisitos propios de concesión del préstamo, como la inexistencia de información sobre el proyecto de forma previa a su realización o como la ausencia de análisis soportado y crítico sobre los aspectos económicos de las propuestas”, afirma el auto. También se hicieron en esta misma localización con el hotel Gala, dos terrenos para la construcción de complejos en Playa del Carmen (México) y la República Dominicana, así como la entrada en el accionariado de una compañía de hoteles de Tenerife.

Por otro lado, la Audiencia Nacional también está investigando las polémicas inversiones de Ferri y Baldó a través de la empresa Grand Coral que dispuso de una línea de crédito de más de 500 millones facilitada por Banco de Valencia y Bancaja para inversiones inmobiliarias en México, según ha venido contando El Mundo.

Cuando se destapó la trama, la Audiencia Nacional ordenó para estos dos empresarios de Benidorm y los dos exdirectivos de la CAM, Daniel Gil y López Abad, prisión preventiva bajo fianza que fueron depositando para quedar en libertad. De esta forma, López Abad se convirtió en el segundo banquero entre rejas tras el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Estuvo seis días preso hasta que sus familiares y amigos lograron reunir el millón y medio de euros de fianza. Volverá a sentarse en el banquillo de los acusados la semana que viene por las dietas que percibió el último presidente de la extinta CAM, Modesto Crespo, que ascendieron a 600.000 euros en dos años. En este sentido, según avanza el diario Información, Crespo reconocería los cobros a cambio de que la Fiscalía no ordenase su ingreso en prisión. Se enfrenta, como López Abad, a cuatro años.

Miembros de la comisión de control procesados

Además de los ya mencionados, entre los acusados por la magistrada se encuentran los seis miembros de la comisión de control de la CAM que, a su vez, también eran miembros de la comisión de control de TIP, sociedad que participaba en las inversiones,  y que también conformaban el Comité de Auditoría. Al frente de la misma estaba Juan Ramón Avilés Olmos desde principios de 2007; exconcejal del Partido Popular en Murcia que tuvo que lidiar con la Justicia por las dietas y créditos que recibió en una causa en la que finalmente quedó absuelto.

También están siendo investigados el que fuera director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con el Partido Popular entre 1995 y 2004 José Manuel Uncio. Uncio es un asiduo de los juzgados, aunque hasta la fecha ha quedado absuelto, por ejemplo, del caso del hotel de Jalance, municipio del interior de la provincia, por haber concedido como responsable del IVF en 1999 un préstamo a la mercantil del hotel. Aunque es más conocido el abuso que hizo de la tarjeta visa asociada a la entidad con la que derrochó casi 7.000 euros en maquinillas de afeitar, electrodomésticos y artículos de lujo por los que fue investigado primero y absuelto después por la fiscalía.

El tercer miembro de la comisión de control de la CAM procesado es el profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Alicante (UA), Francisco Grau, considerado del entorno cercano del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana. Le sigue Remedios Ramón, profesora de Economía en la UA y exintegrante de la Ejecutiva local del PSOE de Alicante. Fue sonada su intervención en el programa Salvados de La Sexta en el que denunció el descontrol de los órganos de la CAM. Luego se supo que había sido salpicada también por el cobro de dietas.

En el auto de la magistrada también se le imputan presuntos delitos de administración desleal y/o apropiación indebida a la procuradora (licenciada en Derecho) Asunción Martínez Muñoz. En la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes dijo en 2012 que "nunca" había oído de "paraísos fiscales" en la caja. También aparece en el auto Dolores Mataix, quien en dicha comisión parlamentaria aseguró que nunca había obtenido “ningún beneficio” de la entidad, aunque acabó reconociendo que no tenía “conocimientos financieros” de alto nivel –entró a la caja por sorteo como Martínez-. Nacida en Madrid, dijo residir en Zaragoza, lo cual no le impedía, aseguró, acudir a las reuniones que se solían celebrar en Alicante.

Por último, Lamela propone sobreseer y archivar las actuaciones contra el expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante José Enrique Garrigós y contra, entre otros, Isabel Cambronero Casanova, profesora de danza en Murcia que, como ella misma adujo en la comisión de investigación, había acabado en la CAM “para no molestar mucho”.

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Publicado el
12 de mayo de 2018 - 20:11 h

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