Santa Pola, con gobierno del PP, es el municipio valenciano más opaco con una de cada cuatro quejas a Transparencia

Santa Pola no casa con la transparencia o al menos así se desprende del contundente informe emitido por el presidente del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. El Ayuntamiento de la localidad costera, en manos del Partido Popular, acumula una de cada cuatro reclamaciones admitidas por Transparencia, situándose a la cabeza de todos los municipios de la Comunidad Valenciana donde se otorga menos acceso a la documentación o la información pública reclamadas, en este caso, por partidos políticos, miembros de la policía municipal o la Agencia Antifraude, entre otros.

En total, se registraron en toda la Comunidad Valenciana 186 quejas en 2020, de las cuales 43 iban dirigidas contra el consistorio santapolero, lo que representa un 23% del total. “Este volumen desproporcionado de reclamaciones no sólo pone de manifiesto un grave problema de transparencia en su ayuntamiento: también está suponiendo una carga de trabajo adicional e injustificada para este Consejo, que va en detrimento del cumplimiento de sus funciones con la necesaria agilidad”, señaló el presidente del órgano, Ricardo García Macho, en una carta dirigida a la alcaldesa Loreto Serrano en octubre de 2020 y que quedó sin respuesta.

“Transcurridos cuatro meses desde la carta a la alcaldesa, es constatable que se mantiene o incrementa la desproporción en el número de reclamaciones recibidas contra el Ayuntamiento de Santa Pola por incumplimientos de los deberes previstos en la legislación de transparencia”, insiste García Macho.

La Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia, reunida el pasado 19 de febrero, concluye que “en la práctica totalidad de las reclamaciones presentadas se denuncia la falta de respuesta del Ayuntamiento de Santa Pola a solicitudes de información o documentación pública” y que “no tiene parangón con ningún otro municipio de la Comunitat Valenciana el elevado volumen de resoluciones en las que figura como administración reclamada el Ayuntamiento de Santa Pola, ni siquiera con capitales de provincia o municipios de población muy superior a Santa Pola”.

Por lo tanto, el Consejo de Transparencia, órgano que se encarga de garantizar la transparencia dentro del ámbito de la Comunitat Valenciana, concluye que “ha constatado hechos, acciones u omisiones susceptibles de ser considerados como infracciones, por lo que procede instar la incoación del procedimiento”. Esto significa que, “obligatoriamente”, el equipo de gobierno de Santa Pola, “según la ley, debe incoar obligatoriamente el procedimiento y por ello, tramitar según corresponda el procedimiento sancionador, realizar las actuaciones pertinentes que lleven a fijar los hechos acaecidos y determinar si son o no constitutivos de infracciones como las señaladas e individualizar en su caso la persona o personas responsables”. Por último, y como exige la legislación vigente, será el municipio el que “habrá de comunicar al Consejo el resultado del procedimiento sancionador incoado”.

Reacciones

La alcaldesa de Santa Pola, a preguntas de este medio, responde que esta anómala situación se debe a las solicitudes presentadas por la oposición, que “lo único que quieren es entorpecer la gestión de gobierno”. Dice Loreto Serrano, por ejemplo, que Compromís ha presentado “unas 30 veces” una reclamación en concreto a diferentes órganos como el Consejo de Transparencia o el Síndic de Greuges.

También se lamenta de que son muchos los escritos que le llegan. “O tenemos a una persona 24 horas al día pendiente de todos los registros o es imposible contestarlos todos”, alega. A falta de que los recopile todos -algo que asegura que estaba haciendo en la mañana de este jueves- cree que habrán contestado a “más de 500 reclamaciones de todos los grupos políticos” desde junio de 2019 a diciembre de 2020).

Por último, no entiende las conclusiones del informe de Transparencia porque, cuando estaba en la oposición en el anterior mandato, en la que gobernaban varios partidos de izquierdas, asegura: “Nos quedamos con más de 300 escritos sin contestar”. “La oposición no se puede quejar de que no haya transparencia en este Ayuntamiento cuando están invitados a todas las juntas de gobierno e incluso pueden ver todos los expedientes que van a pleno”, sentencia.