El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha aprobado este martes la concesión de 198.000 euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), para modernizar herramientas tecnológicas de gran alcance y reforzar la investigación lingüística en lengua valenciana.
Con esta subvención, se financiarán tres líneas estratégicas de actuación. Por una parte, el desarrollo morfológico de los lemas del Diccionari Normatiu Valencià y de los vocabularios valenciano-castellano y valenciano-inglés. También permitirá crear una versión responsiva del Corpus Informatitzat del Valencià, con nuevas funcionalidades para la explotación estadística de datos. En tercer lugar, se destinará a la indexación y ampliación del programa informático Gramàtiques Normatives Valencianes, incorporando funciones de exportación.
Con esta inversión, la AVL dará un salto cualitativo en digitalización y difusión de sus recursos normativos, reforzando su papel como institución clave en la preservación y proyección de la lengua valenciana.
La ministra Diana Morant, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta ayuda pretende “defender la lengua valenciana y a la Acadèmia Valenciana de la Llengua para que pueda seguir desarrollando sus actividades”.
Ayudas directas para fomentar la generación de conocimiento
Esta subvención a la AVL forma parte, por primera vez, del paquete de ayudas que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) destina a diversas entidades vinculadas con la investigación, la cultura y la generación de conocimiento, dotado con un total de 1,8 millones de euros.
En concreto, este año el real decreto que regula estas subvenciones recoge la concesión directa a otras nueve instituciones de referencia en Cataluña, País Vasco, Galicia y Asturias. Todas ellas desarrollan su labor en ámbitos como la investigación científica, la preservación de las lenguas cooficiales y el fomento de la cultura.
Estas ayudas permiten cubrir los gastos necesarios para el funcionamiento de las entidades, como personal, gestión, servicios o auditoría, que deberán ejecutarse a lo largo de 2025 y podrán financiarse hasta en un 100% dentro de los límites fijados por el Real Decreto.