Las basuras de Catalá

“Al cru i al nu veig la cobdicia,

sa evidència maligna, el perllongat

abús pactant ganàncies perilloses

a espatlles de qui sua famejant“.

Matilde Lloria, València.’Veig on anem’ 1960

Los ciudadanos de València, Cap i Casal, en adelante tendrán que pensárselo antes de ducharse o beber un vaso de agua. El Ayuntamiento que preside María José Catalá, con mayoría del Partido Popular, ha impuesto un tributo a la retirada de basuras que ha conseguido ser el más alto de España. València por fin alcanza a ser la primera capital en algo. En el ranking hispano de un impuesto ordenado por la Unión Europea en su aplicación, pero no en la forma de trasladarlo a la ciudadanía.

Agravio comparativo

Se ignora cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido para su cálculo y distribución a los contribuyentes. El Partido Popular, abanderado en la reducción de impuestos, en el consistorio valenciano ha superado todas las cotas en comparación con el resto de las capitales españolas. Los medios de comunicación alucinan ante la descomunal diferencia para un piso medio de 75 metros cuadrados y dos residentes. Mientras que en Soria la tasa de basuras es de 47 euros, en València se paga 292 euros por el mismo concepto. Comparando con las grandes urbes, en Madrid se paga 151 euros y con las de mayor renta per cápita, en Pamplona se pagan 152, cuando la media de todo el Estado se sitúa en 119 euros por hogar, siguiendo los mismos criterios. En València el doble. El mismo piso, con las mismas dimensiones en la misma calle en València paga 259 euros de impuesto, a diferencia de otro igual que paga 39 euros, dependiendo del agua que consume uno u otro.

Ayuntamiento rico, ciudadanos pobres

En 2023 cuando el Partido Popular accedió a presidir y gobernar con Vox el consistorio valenciano, se encontró con las finanzas municipales saneadas después de ocho años de gestión por parte de los ayuntamientos del Rialto y la Nau que presidió Joan Ribó. Hasta ahora en València se incluía el impuesto de basuras en el Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Ahora se han sacado de la chistera una nueva carga impositiva desmedida y establecida por criterios abusivos y agravios injustos. Indirectamente se conseguirá que incrementen el problema de la vivienda en València al recaer esta tasa en el propietario de los pisos alquilados. La cuantía del impuesto es variable en función del consumo de agua en cada hogar. No es justo ni razonable que el propietario de un piso tenga que pagar los excesos del consumo de agua de su inquilino que no puede supervisar ni controlar. Esta medida municipal fuerza a que en los nuevos contratos de alquiler se incluya el pago por los inquilinos de esta tasa que depende de su consumo de agua. Ante posibles problemas en el traslado del cargo variable que recae sobre el propietario, el arrendador se cubrirá el riesgo incrementando el precio del alquiler. Cuando los alquileres sólo se pueden subir el 2% por debajo del IPC. En otras poblaciones se establece que la tasa de basuras sea fija por hogar o que dependa del número de personas residentes según el padrón municipal. Un problema añadido en las viviendas alquiladas, donde es imposible saber las personas que la habitan o utilizan, de acuerdo con la ley de propiedad horizontal y los derechos legales de los arrendatarios que no pueden ser vulnerados por los propietarios ni por la administración municipal.

Injusto y arbitrario

La decisión del Ayuntamiento de València de estipular la tasa de basuras en función del consumo de agua es tan arbitraria como el abuso consumado de incrementar exponencialmente el precio del agua consumida por su cuantía y varias tasas. Imposiciones municipales que, en última instancia, provienen de la mala gestión y de escándalos de corrupción municipal relacionados con el coste real del saneamiento y mejora de las aguas potables. Escándalos que comportaron malversación, ineficiencia y mala gestión por parte de los responsables del gobierno del municipio. La incompetencia y la corrupción acaban pagándose por los ciudadanos. Al menos cabe exigir que se estipule con criterios objetivos y no por un sistema de cálculo que es injusto y que su arbitrariedad la soporta quienes no conocen ni pueden controlar lo que ocurre en las viviendas en las que recae el tributo. La consecuencia de esta decisión controvertida será un aluvión de recursos que reclamarán la devolución de los importes tributarios por ser contrarios a derecho. Conociendo los problemas y la lentitud de la Justicia española, la consecuencia será la vigencia de un impuesto injusto y mal calculado, ordenado por el Ayuntamiento de València en el que tiene mayoría el Partido Popular. Su líder Alberto Núñez Feijoo alardea de que si gobierna en España reducirá los impuestos y se supone, que sobre todo los impuestos arbitrariamente establecidos a los ciudadanos. València, ciudad patas arriba por la acumulación de obras inútiles que afean su imagen estética y ve perjudicado el tráfico rodado en Pérez Galdós, calle Colón o en la plaza de San Agustín, destaca por la cuantía de sus impuestos que afectan a las dificultades económicas de la inflación y de la carestía de la vivienda.

Quizás tiene que ver con la tesis que esgrimió Jonathan Swift en 1725 en su relato –de intencionalidad política– sobre Gulliver y los enanos liliputienses. Swift aclaró que escribía para molestar a los resortes de poder y para alertar a la sociedad. València, a falta de un Gulliver encadenado, pronto dispondrá de dos gigantescas figuras del cíclope en el Jardín del Turia. No se sabe si para entretener o para asustar. Una recostada, la original, y otra, incorporada y envalentonada a cambio de jardines y solares para una fundación privada en Campanar.