Economía sumergida y explotación laboral, la esclavitud moderna que requiere de respuesta sindical
La reciente actuación policial en un taller clandestino en Valencia no es un hecho aislado, es la expresión más cruda de una realidad que desde el sindicalismo llevamos años denunciando: La economía sumergida, que se alimenta de la vulnerabilidad de las personas trabajadoras y que sigue siendo un lastre económico. De hecho, se estima que la economía sumergida en nuestra comunidad representa aproximadamente el 27% del PIB regional, lo que supone unos 28.370 millones de euros anuales que quedan fuera de control. Y ahí no solo estamos hablando de fraude fiscal, sino que hablamos además de un sistema que permite competir deslealmente a la baja a costa de la dignidad humana y los derechos laborales.
Por todo ello desde UGT denunciamos el fraude laboral como lo que es, un ataque estructural; que va más allá de una “mera picaresca” para convertirse en la herramienta de empresas sin escrúpulos para reducir costes incumpliendo la legislación, generando competencia desleal y socavando los derechos laborales. Ya que de todos es sabido que este modelo de negocio no solo genera un agravio comparativo frente a quienes sí respetan los convenios y sino que además castiga al conjunto de la clase trabajadora precarizando el mercado y debilitando la negociación colectiva.
Además, cuando estas prácticas se consolidan y se llevan al extremo, se convierten en explotación. Así, desde UGT denunciamos que en pleno siglo XXI existen dinámicas que en ocasiones rozan la esclavitud moderna. No podemos seguir tolerando jornadas extenuantes, que en algunos casos llegan a más de 60 horas semanales; o el que haya personas trabajadoras sin contrato ni derechos que, en muchos casos, viven en el propio centro de trabajo con; o la generación de cadenas invisibles a la sombra del miedo a la deportación y a la falta de alternativas. YA que todo ello convierte a las y los trabajadores en rehenes de un sistema que se aprovecha de su situación administrativa.
En este escenario, la reciente regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de España surge como una coincidencia necesaria en el debate actual. Así desde UGT, esta medida, que facilita permisos de residencia y trabajo a quienes estaban en el país antes del 1 de enero de 2026, es valorada y entendida como una herramienta de justicia laboral.
Por todo ello entendemos que regularizar no es un “efecto llamado”, sino un “efecto afloramiento” que permite convertir empleos invisibles en empleos con derechos y cotizaciones. Sin embargo, la voluntad política corre el riesgo de estrellarse contra una administración saturada y por la aparición de personas desaprensivas que intentan lucrarse con la desesperación ajena.
Por otra parte, somos conscientes de que la regularización, por sí sola, no resolverá un problema que es estructural. Porque para que esto sea así, para que la justicia sea real, es necesaria una respuesta integral, que como desde UGT solicitamos, debe venir acompañada de una serie de medidas como: Un refuerzo urgente de la Inspección de Trabajo para que el miedo cambie de bando; Una protección real a la persona denunciante para que ningún trabajador quede desprotegido por denunciar abusos; La exigencia de responsabilidad en la cadena de valor para que las empresas no pueden lavarse las manos ante la subcontratación fraudulenta en sus centros de producción; Y por último, recursos más allá del compromiso político para garantizar procesos ágiles y una estrategia que no dependa de medidas excepcionales.
Así, con todo, la lucha contra la economía sumergida es una lucha por la dignidad del trabajo. No permitiremos que la irregularidad siga siendo una herramienta de disciplina laboral. Porque donde hay explotación, debe haber respuesta sindical; y donde hay personas trabajadoras sin derechos, debe haber una sociedad que no mire hacia otro lado.