Una justicia que demasiada gente empieza a no creer

Gregorio Peces-Barba escribió hace más de veinticinco años sobre el poder de los jueces con una lucidez que hoy resulta incómodamente actual. Advertía del riesgo de una justicia encerrada en sí misma, corporativa, poco permeable al control democrático, tentada por el protagonismo y capaz de convertir determinados procesos en espacios de poder propio. No era un ataque a la justicia. Era una defensa exigente del Estado de derecho.

Hoy esa advertencia vuelve con más fuerza. Porque la confianza en la justicia española está sufriendo un deterioro profundo en amplios sectores de la ciudadanía. Y no por una campaña contra los jueces, sino por una acumulación de hechos que empiezan a ser imposibles de explicar con normalidad democrática.

No se trata de pedir impunidad para nadie. Si hay corrupción, debe investigarse y castigarse. Caiga quien caiga. Ninguna sigla debe servir de refugio. Pero una cosa es exigir justicia y otra aceptar sin discusión un sistema que parece medir de forma muy distinta la intensidad de las pruebas, la dureza de las medidas, la velocidad de los procedimientos y las consecuencias reales para unos y otros.

La sentencia del Supremo sobre Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama agrava esa sensación. El exministro recibe una condena durísima. Su asesor también. Pero el empresario que aparece como pieza central del mecanismo corruptor, el hombre que mueve dinero, busca contratos, abre puertas, reparte favores y acaba colaborando con la justicia, recibe una pena que puede evitar la cárcel mediante trabajos en beneficio de la comunidad. El mensaje social es devastador. Si el corruptor triunfa, gana. Si lo descubren, colabora, señala a otros y puede acabar yéndose prácticamente de rositas.

Ese mensaje es demoledor para la confianza pública. No porque colaborar con la justicia no deba tener efectos. Claro que debe tenerlos. Pero una democracia no puede permitir que la colaboración se convierta en una especie de salvoconducto moral y penal para quien ha participado activamente en la corrupción. Menos aún si una parte relevante del beneficio económico que se atribuía a la operación queda fuera de la respuesta penal efectiva. La ciudadanía puede entender atenuantes. Lo que no puede entender es que quien corrompe parezca salir mejor parado que quienes fueron corrompidos.

A partir de ahí, la pregunta ya no es solo penal. Es democrática. Qué idea de justicia se transmite cuando unas causas se instruyen con enorme dureza y otras se alargan durante años. Qué confianza puede quedar cuando unas personas soportan una condena pública antes de juicio y otras se benefician de tiempos interminables. Qué autoridad moral tiene un sistema que parece implacable en algunos casos y extraordinariamente flexible en otros.

El caso de Begoña Gómez concentra muchos elementos preocupantes. Denuncia inicial de Manos Limpias, acusaciones populares ideológicas, líneas sucesivas de investigación, decisiones limitadas o corregidas por la Audiencia Provincial de Madrid, medidas cautelares severas y titulares permanentes. No hace falta afirmar mala fe para constatar un problema. Cuando una causa se expande, genera sospecha pública durante meses y solo después es corregida parcialmente, el daño ya está hecho.

El caso del fiscal general del Estado también ha dejado una sensación difícil de ignorar. La institución fue sometida a una presión judicial, política y mediática máxima. Hubo una condena, sí. Pero también un debate jurídico muy intenso, votos discrepantes y una utilización política descomunal de la causa. El problema no es que se investigue al fiscal general. El problema es si esa intensidad se aplica con la misma vara cuando las sospechas afectan a estructuras económicas, políticas o mediáticas vinculadas al bloque conservador.

Frente a esa intensidad, otras causas parecen moverse en otra dimensión temporal. Kitchen investiga una presunta operación parapolicial organizada desde el Ministerio del Interior para proteger al PP de información comprometedora de Luis Bárcenas. Hechos de 2013. Juicio oral iniciado en 2026. Trece años. Rodrigo Rato fue detenido en 2015 y condenado en 2024. Eduardo Zaplana fue detenido en 2018 y condenado en 2024. Nadie sensato quiere justicia sumaria. Las garantías importan siempre. Pero cuando unas causas tardan una década y otras se convierten en terremotos políticos inmediatos, el tiempo judicial deja de ser un detalle técnico. Se convierte en un hecho político.

Y hay una cuestión que conviene plantear sin rodeos. ¿Hemos visto un patrón equivalente en sentido contrario? ¿Hemos visto jueces identificados públicamente como progresistas impulsando causas expansivas contra dirigentes del PP, con acusaciones populares de izquierda, autos llamativos, medidas severas, titulares durante meses y correcciones posteriores? No lo hemos conocido. Los casos que conocemos van, de forma muy mayoritaria, en una dirección.

El precedente que la derecha suele invocar es Baltasar Garzón y Gürtel. Pero ese ejemplo no debilita la preocupación. La refuerza. Garzón instruyó una causa de corrupción que afectaba al PP, ordenó escuchas que fueron consideradas ilegales y el sistema reaccionó con la máxima dureza. Fue condenado e inhabilitado durante once años. Años después, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas apreció dudas objetivamente justificadas sobre la independencia y la imparcialidad del tribunal que lo juzgó. Ni siquiera aquel episodio puede presentarse como una prueba serena de equilibrio institucional. Más bien muestra hasta qué punto el sistema fue implacable con un juez incómodo para la derecha.

La acusación popular es una pieza esencial de este problema. En España puede cumplir una función útil, pero también se ha convertido en una puerta de entrada para que determinadas organizaciones y actores políticos conviertan la batalla partidista en batalla penal. El PP, Vox y su ecosistema han aprendido a usar determinados procedimientos judiciales como instrumentos de desgaste político. Y algunos juzgados les ofrecen una receptividad expansiva que después, demasiadas veces, debe ser limitada por tribunales superiores.

A eso se suma el papel de determinados medios. Basta una denuncia, una citación, una filtración o una frase llamativa de un auto para alimentar portadas y tertulias durante semanas. Luego puede llegar el archivo, la rectificación o la absolución parcial. Pero la sospecha ya se ha instalado. El daño ya ha sido hecho. La reputación ya ha sido golpeada.

España no tiene un problema con todos sus jueces. Sería falso e injusto decirlo. Hay miles de profesionales que trabajan con rigor, independencia y discreción. El problema es otro. Hay una mayoría cultural conservadora en espacios muy relevantes de la carrera judicial y del gobierno judicial. Y eso se refleja en asociaciones, nombramientos, resistencias a determinadas leyes y actuaciones concretas que, en causas de alto voltaje político, casi siempre parecen inclinarse en el mismo sentido.

Ese es el punto crítico. Cuando una resolución judicial se recibe automáticamente como victoria de un bloque político y derrota del otro, algo se ha roto. Cuando determinados autos parecen escritos para abrir telediarios. Cuando el corruptor colaborador puede evitar la cárcel mientras el sistema lanza una condena ejemplarizante sobre otros. Cuando las garantías se perciben como lentitud protectora para unos y castigo anticipado para otros. Cuando todo eso ocurre, no estamos ante un problema menor. Estamos ante un deterioro serio de la confianza democrática.

Y eso no se puede normalizar. No se puede esperar a que el desgaste siga avanzando. Callar ante esta situación sería una irresponsabilidad democrática. La confianza en las instituciones no se defiende tapando sus problemas. Se defiende corrigiéndolos.

Hay que actuar ya. Regular mejor la acusación popular para evitar su uso como arma partidista. Garantizar tiempos procesales razonables. Exigir motivaciones estrictas en medidas cautelares de gran impacto público. Reformar el gobierno judicial para reducir el reparto de cuotas y aumentar la transparencia. Revisar el acceso a la carrera judicial para que la justicia se parezca más a la sociedad a la que sirve. Y establecer controles efectivos para que la ideología de cada juez, inevitable como en cualquier persona, no determine la intensidad de una instrucción ni la dureza de una respuesta penal.

Esto no va de ganar una batalla partidista. Va de proteger la democracia. Porque sin confianza en la justicia, la democracia se debilita por dentro. El Estado de derecho no exige reverencia. Exige independencia, imparcialidad, garantías, proporcionalidad y rendición de cuentas. También de quienes juzgan.