Una legislatura fallida

Hay legislaturas que se miden por lo que consiguen. Esta se mide por lo que no ha pasado. Por las leyes que no se han tramitado, por las mesas de diálogo social que nunca se convocaron, por los problemas que seguían ahí el primer día y siguen ahí ahora, por las oportunidades perdidas, por las promesas vacías y por los proyectos que se quedaron en nada. Como si el tiempo no hubiera corrido para quien tenía que gobernar.

Tras tres años de legislatura queda claro que Carlos Mazón no asumió la Presidencia de la Generalitat para dirigir un proyecto político. Solo había venido a ocupar un cargo. Y esa diferencia, que parece sutil, explica casi todo lo que vino después.

La DANA del 29 de octubre de 2024 no inventó ese vacío. La destapó. Cuando la tragedia exigía un President al frente, dando la cara, coordinando y liderando, nos encontramos con la ausencia. Con la comida en un restaurante mientras el agua se llevaba vidas. Con la falta de una alerta a tiempo. Con 231 personas muertas y una gestión que, más de un año después, sigue sin aclararse del todo. Y desde entonces, lo que hemos visto no ha sido un gobierno reconstruyendo, sino un President reconstruyéndose a sí mismo. Semanas y meses dedicados a resistir, a buscar coartadas, a sostenerse con el aparato del partido y con el silencio cómplice de quienes preferían mirar hacia otro lado antes que asumir el coste político de pedirle que se fuera.

Ese tiempo no lo recuperamos. Mientras Mazón se protegía, la Comunitat Valenciana esperaba. Esperaba una sanidad pública reforzada después de haber demostrado tras el COVID lo esencial que es. Esperaba una vivienda accesible en un momento en que los alquileres se han vuelto imposibles y comprar una casa se ha convertido en una odisea para buena parte de la gente joven y trabajadora. Esperaba una educación pública que no llevara a las organizaciones sindicales a convocar la primera huelga general indefinida del sector educativo valenciano desde 1988, para conseguir que el Gobierno se sentara a negociar en serio las ratios, las plantillas y las condiciones del profesorado. Y esperaba, entre otras cosas, una política industrial real, más allá de una estrategia de reindustrialización que se ha quedado, en buena medida, en papel. En fin, la nada.

Cuando por fin llegó la dimisión de Mazón, muchos pensamos que se abría una oportunidad. No ha sido así. Lo que ha llegado después es, si cabe, más preocupante. Juanfran Pérez Llorca asumió la presidencia con el apoyo decisivo de Vox, un apoyo sin el cual el PP ni siquiera tenía los votos para investirlo. Y ese origen ha marcado todo lo demás. En su discurso de investidura habló más de inmigración y de atacar el Pacto Verde Europeo que de sanidad, de educación, de protección social, de vivienda o de la financiación justa que la sociedad valenciana lleva años reclamando. No es un detalle menor: es la hoja de ruta.

Tenemos, por tanto, un President que dedica buena parte de su energía a consolidar un liderazgo que ni siquiera está asegurado dentro de su propio partido, más pendiente de no repetir los errores que acabaron con su antecesor que de construir algo propio. Y tenemos, al lado, a una ultraderecha que ha entendido que no necesita gobernar para imponer su agenda: le basta con condicionar a quien sí gobierna. Cada concesión en materia de inmigración, cada renuncia en política climática, en materia de igualdad, en defensa del valenciano, en calidad democrática, cada gesto hacia Vox tiene un precio, y ese precio lo pagan las personas que menos margen tienen para esperar.

Y por debajo de todo este vacío sigue la herida que nunca se cierra: la infrafinanciación. La Comunitat Valenciana recibe apenas 3.100€ por habitante ajustado, mientras otras comunidades superan los 4.500€. Más de 1.400€ de diferencia, año tras año, que se han ido acumulando en forma de deuda, de listas de espera, de aulas masificadas, de servicios que funcionan con menos de lo que necesitan. Y cuando por fin se abre una oportunidad para cambiar las reglas del juego, este gobierno mira para otro lado. Feijóo prohibió a sus barones sentarse a negociar bilateralmente con Hacienda, Pérez Llorca se escudó durante meses en que todo debía discutirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y cuando ese consejo aprobó, el pasado 4 de septiembre, el nuevo modelo, la Generalitat votó en contra. En contra de un sistema que, con todas sus imperfecciones, empezaba por fin a corregir la injusticia que llevamos denunciando desde hace años. Llegó incluso a pedir que se eliminara el Fondo Climático de la propuesta, cien millones de euros menos para los valencianos. Esa es la indolencia real, no la de alguien que no sabe qué hacer, sino la de quien, plegándose a los intereses de partido, prefiere la foto de la confrontación con el Gobierno de España antes que sentarse a resolver el gran problema que lastra el futuro del pueblo valenciano.

No hablamos de mala suerte. Hablamos de una legislatura fallida, sin proyecto y sin liderazgo, que ha ido cediendo terreno hasta que ya no se distingue bien dónde termina el PP y dónde empieza Vox. Lo vimos con Mazón, atrincherado en su propia supervivencia. Lo vemos ahora con Pérez Llorca, que gobierna con los votos de la ultraderecha y repite su mismo discurso sobre inmigración, sobre el Pacto Verde, sobre igualdad, sobre quién es el enemigo. Ya no son dos socios que negocian de vez en cuando: a efectos prácticos, son la misma cosa. No se puede seguir llamando pragmatismo o sentido común a lo que es, sencillamente, entrega.

Queda tiempo todavía de legislatura, pero ya no quedan excusas. Hemos tenido un gobierno sin rumbo, sin nadie al volante durante demasiado tiempo y, cuando por fin apareció alguien, lo vemos entregado a quienes llevan años queriendo desmontar lo que entre todos hemos construido. La pregunta ya no es solo cuánto más vamos a esperar a que alguien se ponga a gobernar. Es si, mientras esperamos, vamos a permitir que sigan en esta deriva quienes, desde el primer día, dejaron claro que no habían venido a gobernar.