Las políticas públicas de igualdad son necesarias. Funcionan, pero requieren tiempo y constancia. En CCOO PV elaboramos anualmente informes sobre brecha salarial y sobre la situación sociolaboral de las mujeres en el País Valencià para analizar la realidad y proponer medidas que presentamos en las mesas de diálogo social, para incidir en políticas públicas que corrijan las brechas de género detectadas.
En el informe de este año observamos cómo la tasa de empleo de las mujeres en la última década ha aumentado nueve puntos. Es una buena noticia, pues significa que las políticas públicas dan sus frutos, pero, aún así, la tasa de empleo femenina sigue siendo inferior a la masculina, por lo tanto hay que seguir trabajando para alcanzar la igualdad real y efectiva. Eliminar o recortar estas políticas frena los avances conseguidos. Y en estos momentos, nos encontramos ante graves situaciones que amenazan este objetivo.
Actualmente, las políticas públicas en igualdad han sido eliminadas de la Fundación València Activa. Al Gobierno municipal anterior le importaban la calidad en el empleo y las personas desempleadas, de las que un 60 % aproximadamente son mujeres. Ahora, la concejalía que ostenta Vox, con el apoyo del PP, ha borrado de un plumazo cualquier referencia a las políticas de género, ante el estupor y la oposición de sindicatos y patronal.
Para modificar los estatutos de la Fundación y cargarse cualquier opción de medidas de acción positiva, han tenido la osadía de alegar la necesidad de respetar el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española (CE). Parece ser que no han sido capaces de leer más allá y, mucho menos, de molestarse en conocer la amplia jurisprudencia y doctrina al respecto.
Como señala la letrada del Tribunal Constitucional y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, Itziar Gómez Fernández, la jurisprudencia constitucional reconoce que existen disposiciones o resoluciones formalmente discriminatorias, porque suponen un trato desigual, pero que se justifican por la incidencia que el mandato contenido en el art. 9.2 de la CE tiene sobre la tutela discriminatoria del art.14 CE y que exige su modulación.
Esto lo que viene a decir es que son legítimas las medidas de acción positiva cuando lo que pretenden es corregir una situación de desigualdad constatada. De hecho, el mismo Comité para la Igualdad del Consejo de Europa define las acciones positivas como las estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades, por medio de unas medidas que permitan corregir aquellas discriminaciones que son resultado de prácticas o sistemas sociales.
En los planes de igualdad que negociamos en las empresas, introducimos medidas de acción positiva para corregir situaciones de discriminación o desigualdad en los centros de trabajo. Así, por ejemplo, si en una categoría profesional las mujeres están infrarrepresentadas, posiblemente por prejuicios y estereotipos de género, proponemos una medida que favorezca el acceso, siempre y cuando reúnan los requisitos del perfil y considerando el principio de igualdad de méritos. Esta medida, como otras, da el impulso necesario para que las mujeres accedan a puestos históricamente masculinizados y, por lo tanto, favorece la igualdad.
Las políticas públicas deben establecer estrategias que superen los obstáculos detectados para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Aunque somos la mitad de la población, no somos la mitad de las personas trabajadoras y eso se constata cada mes con los datos del desempleo y cada año con los estudios que realizamos en CCOO.
En el País Valencià vemos con preocupación cómo se están deteriorando las políticas de igualdad. La estrategia política en algunos municipios es la de eliminar directamente las concejalías de mujeres, igualdad o LGTBI, como en Castelló o en Orihuela. En otros se ha optado por crear Concejalías de Familia. No sabemos a qué familia se refieren, pero lo podemos intuir.
Otro caso que encontramos es el del Ayuntamiento de Alicante, donde han recortado presupuestos para la implantación de políticas feministas y han apostado por crear una ‘Oficina de asistencia para la maternidad’, a la que se ha opuesto el movimiento feminista, pues lo que subyace es dificultar el derecho al aborto.
La Guía para la Gestión de las Políticas Locales de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias recomienda que la política local de igualdad debe ser un eje de la política local y por esa razón, su gestión debería situarse lo más cercana a la Alcaldía o a la Presidencia del Gobierno local. “Puede depender de una concejalía de igualdad o de mujer, pero de tal modo que se le reconozca su capacidad para influir en el resto de las políticas y se le dote de suficiente prestigio, reconocimiento político y público, mostrando así el grado de compromiso de la entidad con la igualdad”.
Si atendemos a lo que se dice en esta guía, cabe suponer que en los municipios donde expresamente no se contempla concejalía alguna, el compromiso de la entidad es nulo. Por otra parte, no se trata solo de tener concejalías que se ocupen expresamente, sino también de disponer de los medios para poder llevar a cabo medidas que corrijan aquellas discriminaciones que limitan la oportunidad de acceder en igualdad a cualquier ámbito: político, social, económico, cultural, afectivo o educativo.
Lo que está en juego es el retroceso en materia de igualdad y no estamos dispuestas a permitirlo. Ni un paso atrás en nuestros derechos.