Ortí presume de un presupuesto récord en Educación de 7.749 millones entre las denuncias de veto de sindicatos y familias
La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha comparecido este viernes ante la Comisión de Educación de las Corts Valencianes para hacer balance del inicio del curso escolar 2026-2027. La responsable autonómica ha puesto en valor el arranque de las aulas el pasado 9 de septiembre para un total de 808.688 alumnos en centros sostenidos con fondos públicos. Para dar cobertura a este periodo lectivo, la Generalitat dispone de la mayor partida económica del departamento en la historia de la autonomía: 7.749 millones de euros, volumen que representa cerca de tres de cada diez euros de las cuentas autonómicas globales. Durante su discurso, Ortí ha defendido que el Ejecutivo persigue “situar al alumnado en el centro del sistema, con más recursos para docentes, centros y familias”, bajo la premisa de que “detrás de cada decisión hay un alumno que aprende, un docente que enseña y una familia que confía en el sistema educativo”.
En el plano laboral, la titular de Educación ha resaltado que el sistema educativo valenciano alcanza los 88.405 docentes tras la incorporación de 4.834 profesionales respecto al ejercicio anterior. Esta cifra se enmarca dentro del Pla Més Mestre, cuyo objetivo contempla la suma de 5.000 nuevos efectivos hasta 2029 —2.742 de ellos orientados a la rebaja de ratios—, la estabilización de 10.000 plazas estructurales y una asignación presupuestaria superior a los 469 millones de euros. Asimismo, Ortí ha recordado el inicio del abono de la subida retributiva de 75 euros este mes de septiembre, una mejora acordada con ANPE y CSIF que alcanzará los 200 euros mensuales en 2028 y que se consolida en el complemento específico. A ello se unen medidas organizativas como la implantación de seis días de libre disposición retribuidos y la asunción directa por parte de la Conselleria, mediante la plataforma GVborses, de la selección del personal no docente de atención educativa y de administración, tarea que desempeñaba hasta la fecha la Conselleria de Función Pública.
Respecto a la atención en las aulas, la Generalitat ha detallado un calendario propio de reducción de ratios con horizonte en el curso 2030-2031, con topes de 22 alumnos en Infantil y Primaria y de 25 en la ESO. En los municipios en riesgo de despoblación, la rebaja del mínimo a tres alumnos ha propiciado la apertura de 102 nuevas unidades. Por su parte, la inclusión suma 383 aulas UECO —48 más que el año previo— y la Formación Profesional marca un máximo histórico con 105.114 estudiantes matriculados en centros públicos. En el capítulo de infraestructuras, el Consell prevé la apertura de 28 nuevos colegios e institutos este curso dentro de un plan de 1.410 millones hasta 2029, al tiempo que destina 140 millones al Plan EduClima para la mejora térmica de las instalaciones.
No obstante, la sesión parlamentaria ha quedado empañada por la protesta unánime de las organizaciones sindicales y de las familias invitadas por los grupos de la oposición, a quienes se impidió el acceso al interior de la sala de comisiones. Representantes de STEPV, CCOO, UGT y la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya han denunciado que las plazas reservadas para el público resultaron ocupadas por altos cargos de la propia Conselleria de Educación. Las entidades han calificado la situación de “vergüenza” y han criticado el intento de la administración de invisibilizar la voz de la comunidad educativa en sede legislativa, viéndose obligadas a seguir la comparecencia a través de un canal de audio desde una sala anexa.
Desde el sindicato STEPV, Olga Sierra ha censurado que los asientos disponibles estuvieran “sospechosamente ocupados por altos cargos que no tenían nada mejor que hacer”, una indignación a la que se ha sumado Xelo Valls, de CCOO PV, tras lamentar la maniobra para neutralizar las invitaciones tramitadas por el PSPV. Por parte de UGT PV, Francisco Javier González ha tachado de “inadmisible” el trato dispensado a los agentes sociales en el contexto actual del sector, mientras que José Manuel Casermeiro, en representación de la Confederación Gonzalo Anaya, ha afeado al departamento autonómico una ocupación premeditada del espacio a pesar de que la comitiva de invitados la integraban únicamente cuatro personas.