El Instituto Nacional de Toxicología alerta de que una de cada tres agresiones sexuales se realiza mediante el uso de drogas que anulan la voluntad de la víctima. En su informe de 2020, el centro alerta del aumento de las violaciones a través de la llamada sumisión química, habiéndose detectado en el 76% de los casos analizados bajo sospecha.
El centro toxicológico y forense recogió en el año del confinamiento dos millares de agresiones sexuales y analizó 685 en las que existía sospecha de uso de drogas contra la voluntad de la víctima. De ese análisis se determinó que en 520 casos se había utilizado algún tipo de estupefaciente, que suponen una cuarta parte del total de las agresiones sexuales denunciadas. Sin embargo, el Instituto sospecha que los datos reales ascienden al 33%, dadas las dificultades para el rastreo y la denuncia de agresiones en estado de inconsciencia o semiinconsciencia.
El grupo parlamentario Compromís en las Corts Valencianes ha solicitado a la Conselleria de Justicia la remisión de los protocolos policiales para conocer qué procedimiento se sigue cuando se sospecha que en una agresión sexual intervienen sustancias psicotrópicas y cómo se actúa con las víctimas en este caso.
Ante los datos del informe del Instituto Nacional de Toxicología, los parlamentarios Mónica Álvaro y Silverio Tena solicitan conocer las cifras exactos de agresiones sexuales producidas en estas circunstancias en la Comunitat Valenciana para poder estudiar medidas concretas, “dado que el uso de la burundanga para agredir sexualmente a mujeres es preocupante por el aumento de casos registrados”.
El proyecto de ley de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad introduce expresamente la sumisión química -a través de sustancias y psicofármacos que anulen la voluntad de la víctima- como una forma de agresión sexual y recoge, en línea con el Convenio de Estambul, el agravante de género en estos delitos.