La Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos denuncia la “exclusión sistemática” a la que les somete la Generalitat Valenciana
La Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (FESEP), organización que agrupa a diez entidades del ámbito local —entre ellas el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB)—, ha iniciado un calendario de movilizaciones frente a la Generalitat Valenciana. Más de un centenar de delegados sindicales del colectivo de policía local, bomberos, bomberos forestales y personal municipal se han concentrado ante las puertas de la Dirección General de Administración Local, junto al Palau de la Generalitat, para denunciar la “exclusión sistemática” a la que se ven sometidos por parte de la administración autonómica.
La organización sindical, que se sitúa como tercera fuerza con mayor representación en el ámbito local valenciano por detrás de UGT y CCOO, acusa directamente al director general de Administración Local, José Antonio Redorat. Según sostienen los portavoces de la FESEP, la actitud del departamento que dirige Redorat supone una “clara connivencia con los sindicatos del sistema” que impide el ejercicio legítimo de la representación obtenida en las urnas.
El conflicto se remonta a la creación en 2023 de la Mesa de la Administración Local (MGALCV), cuyo reglamento de funcionamiento quedó aprobado en 2024. Tras la finalización del anterior ciclo electoral a finales de 2023, la FESEP solicitó formalmente su incorporación a este órgano. En febrero de 2025, la propia Dirección General reconoció mediante resolución el derecho del sindicato a formar parte de la mesa, aunque postergó su entrada efectiva a la renovación de cargos prevista para el año 2026.
Pese a reiterar la solicitud de ingreso en enero de 2026 en cumplimiento de los plazos reglamentarios, el colectivo no ha recibido respuesta formal ni convocatoria alguna. La paralización del procedimiento ha llevado a la FESEP a requerir copia de los acuerdos, actas y convocatorias aprobadas desde la fundación de la mesa, con el fin de auditar la actividad de este foro. La central sindical recuerda que el mantenimiento de las dispensas de personal sindical vinculadas a las distintas mesas autonómicas genera un coste superior a los 1,25 millones de euros a las arcas públicas.
Ante la ausencia de explicaciones por parte de la conselleria, la FESEP ha anunciado el inicio de medidas legales contra la Dirección General de Administración Local por vulneración de las reglas esenciales del estado de derecho y del principio de libertad sindical.
Los representantes del colectivo han advertido de que la concentración en el Palau constituye únicamente el punto de partida de una serie de protestas que se prolongarán durante los próximos meses. El objetivo de estas acciones pasa por garantizar que la representación otorgada por los empleados públicos independientes sea escuchada “en igualdad con otras organizaciones sindicales”, sin vetos ni marginación institucional.