El Gobierno valenciano renuncia a cobrar 280 millones en avales de proyectos fallidos de fotovoltaicas

El objetivo de descarbonizar la economía como propósito de la agenda 2030, en el marco del cambio climático, ancló la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles e impulsar las energías renovables, básicamente la fotovoltaica y la eólica. Con un clima propicio por las horas de sol, España es uno de los países que más camino ha recorrido en este sentido, hasta el punto de que casi el 60% del total del mix de generación eléctrica ya es de origen renovable. Pero, como siempre sucede, la especulación acampa allá donde el terreno está abonado para el negocio.

El sector de las renovables está experimentando un problema especulativo, un sobrecalentamiento, desde hace casi diez años, cuando empezó a dispararse el número de peticiones de reserva de capacidad de red para instalar las plantas. A menudo son empresas creadas solamente para conseguir las autorizaciones administrativas con el objetivo de venderlas al mejor postor. Se trata de SL creadas con 3.000 euros de capital social, sin experiencia técnica ni, por supuesto, capacidad financiera para desarrollar la planta para la que se solicita autorización y cuya construcción requiere una inversión de cientos de millones de euros. Una vez logrado el permiso, los titulares acostumbran a no solicitar la conexión porque no existe un proyecto real. Solamente la intención de vender las licencias para lograr millonarios beneficios, a menudo a fondos de inversión extranjeros que son quienes desarrollan las instalaciones.

Para frenar esta burbuja especulativa se adoptaron medidas legales. Entre otras, el Real Decreto 23/2020 de 23 de junio. Norma que pretendía separar los proyectos sólidos de los meramente especulativos. Daba dos meses para renunciar a los permisos de acceso de la instalación si no se iba a construir, con la consiguiente recuperación de los avales. En el caso de no desistir se asumía que ya se debían justificar los requisitos exigibles para mantener esos permisos de acceso. No cumplir las exigencias marcadas supone la caducidad automática de los permisos de acceso y de conexión. Y si los permisos caducan por causas imputables al promotor, la ley establece que han de ejecutarse las garantías económicas presentadas. El dinero pasa, por tanto, a manos de la Generalitat.

La Plataforma per la Ubicació Racional de les Energies Renovables (Ubiracional), que agrupa a 77 colectivos en defensa del territorio y grupos ecologistas, explica que desde ese 2020 se han presentado proyectos de producción de energía eléctrica renovable por una potencia conjunta de 6.927,77 MW. Entre los expedientes autorizados, denegados o actualmente en trámite. Los promotores depositaron casi 280 millones de euros en garantías, según esta entidad.

Se desestima el proyecto sin ejecutar garantías

La citada plataforma explica que en total han sido 165 las instalaciones de renovables que se han desestimado, por renuncia de la promotora o incumplimientos. En la Comunitat Valenciana, y dentro de esos proyectos ¿han naufragado planes de perfil especulativo, desestimados por la Generalitat dentro de los procedimientos administrativos para autorizar estas instalaciones? Sí. Especialmente en los últimos dos años, según Ubiracional. Por caducar los permisos o por no acreditar las necesidades del proyecto. ¿La Generalitat se ha incautado de los avales? Ni un solo euro ha ido a parar a las arcas públicas. El balance de los últimos seis años es: 165 expedientes fracasados por responsabilidad del promotor, cero euros intervenidos. Desde la Plataforma Ubiracional lamentan que Medio Ambiente está devolviendo el importe total de las garantías pese a que hay proyectos que, entienden, han incumplido las condiciones por las que el promotor puede recuperar los avales. Para la conselleria, en todos los casos hay justificación para no ejecutar los avales, dicen. De esta forma, esos casi 280 millones de euros han vuelto a bolsillos privados pese a que el impulsor del proyecto no tenía, en muchos casos, más intención que especular.

Es información oficialmente facilitada por la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, y por el director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles. Ambos han admitido en sendas respuestas parlamentarias que el Consell no se ha incautado de un solo euro de avales depositados por proyectos desestimados porque el promotor ha desistido o por incumplir las exigencias. En respuesta al diputado de Compromís, Vicent Granel, quien, tras reunirse con Ubiracional, le preguntó por los casos en los que la resolución desestimatoria se había saldado con incautación de avales, la consellera Cano respondió que no consta “ningún expediente finalizado de devolución de garantías en el que se haya resuelto que no procede la devolución y, por tanto, se haya instado la incautación de los avales por incumplimiento de la promotora”.

Asimismo, añadía, “no existen casos en los que, habiéndose dictado una resolución desestimatoria se haya procedido a la incautación de avales, ya que no se ha dado ninguna situación que requiera tal actuación”. La respuesta es de octubre de 2025. El 10 de diciembre, el propio director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, por aquel entonces adscrito a Industria y ahora a Medio Ambiente, ratificaba ese extremo. Explicaba que desde 2019 hasta noviembre de 2025 no se han incautado del importe depositado como garantía en los proyectos con resolución desestimatoria o en los que los propios promotores hayan desistido.

La ley fija un aval de 40 euros por KW

Tanto las garantías que han de depositarse como las condiciones del procedimiento de acceso, conexión o las causas de caducidad o inadmisión están reguladas en el Real Decreto 1183/2020. En esa norma se fijan las garantías económicas exigibles como aval para tramitar los permisos de acceso y conexión, que son 40 euros por KW instalado para generación (artículos 23 y 23.bis).

Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, han actualizado, a petición de este diario, las respuestas parlamentarias para confirmar que hasta la fecha siguen sin ejecutar ningún aval. De momento, dicen, “no ha habido causas” para activar ese mecanismo. Por causas entienden que haya una infracción por parte del promotor. Una condición que, según expertos consultados, no se contempla en la normativa. En todos estos casos, apuntan desde la Generalitat, la instalación ha fracasado por razones no imputables al promotor, tales como informes ambientales desfavorables por ubicarse el proyecto por ejemplo en un parque natural.

Aseguran que el precepto legal de ejecutar las garantías es “relativamente reciente” y señalan que en otras comunidades o el mismo Gobierno tampoco han utilizado esa potestad legal. Respecto a los macroproyectos plagados de insuficiencias e irregularidades y susceptibles de perder los avales, fuentes de la Generalitat admiten sus dificultades y señalan que en buena medida están mal concebidos y difícilmente pueden cumplir las exigencias legales. Son condiciones muy complicadas que los convierten en “inviables”, dicen. En algunos casos los proyectos están, además, judicializados.

Ubiracional ha planteado recursos de alzada en los que se pide que las resoluciones que tumban los proyectos “debían recoger si los avales se ejecutaban o no”. En muchos casos la única respuesta ha sido el silencio, según la citada plataforma.