La salida de tres altos cargos por irregularidades en las fotovoltaicas, entre las dudas incluidas en el dosier interno del PP sobre Pérez Llorca

Las renovables están consideradas energías limpias, pero los espacios de decisión sobre los proyectos, donde se catalizan intereses millonarios, están siendo altamente tóxicos para este Consell. Hasta provocar conflictos de intereses y destituciones en las áreas en las que se autorizan declaraciones ambientales, se valoran los expedientes y se otorgan las licencias. Hasta formar parte del dosier interno del PP que cuestiona la candidatura de Juanfran Pérez Llorca a presidente de la Generalitat en 2027. Fuentes de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo, a preguntas de elDiario.es, niegan tajantemente que ese dosier elaborado en la Comunitat Valenciana haya llegado a la calle Génova.

El último en caer, el pasado 3 de julio, fue el director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, quien, oficialmente, cesó “a petición propia”. La salida de Argüelles no es ninguna anécdota. Fue crucial su papel en el Consell de Carlos Mazón, quien apadrinó su llegada al cargo, el 19 de octubre de 2023, en una Conselleria de Innovación, Industria y Turismo, entonces dirigida por Nuria Montes. Fue elegido por Mazón para ser una pieza clave en su apuesta por las renovables después de que, según el ex jefe del Consell, el Botànic había propiciado “un parón de los proyectos por prejuicios ideológicos”.

Antes de entrar en política, era impulsor y promotor de fotovoltaica, como empresario e ingeniero. Y nunca renunció del todo a sus intereses en algunos proyectos, como él mismo admitió. Ese cóctel de conflictos de intereses y pulsos políticos por el control de la llave de las autorizaciones de renovables explica las turbulencias en las áreas del Consell competentes en este asunto. La Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables (Ubiracional), que agrupa a 77 colectivos ecologistas y de defensa del territorio, habla de “estrecha relación” entre cargos políticos situados en puestos sensibles para autorizar las instalaciones con empresas del sector y con la patronal autonómica Avaesen.

Dejó los cargos pero no las acciones

Su nombramiento como alto cargo obligó a Argüelles a renunciar a sus puestos en los órganos de gobierno de una docena de empresas, bajo el paraguas de la matriz PV Ingen Solutions y en algunas de las cuales era socio fundador. Entre ellas, Pvingenergy Solar Beta, de la que fue administrador solidario desde el 2 de julio de 2021 al 28 de noviembre de 2023, cuando renunció a esa responsabilidad para evitar incurrir en incompatibilidad con su cargo público. Dejó sus puestos en las empresas, pero no liquidó sus acciones, como contó en exclusiva elDiario.es.

El 29 de mayo de 2024 la Generalitat autorizó a la citada Pvingenergy Solar Beta a implantar en suelo no urbanizable del municipio de Monforte del Cid, cercano a la ciudad de Alicante, una central fotovoltaica de 4.000 kw de potencia. Al tratarse de unas instalaciones con una potencia menor de 10 megawatios, la competencia de la resolución del expediente es de los servicios territoriales, que dependen de Argüelles. Quien en aquel momento era socio de la adjudicataria.

La propiedad de las acciones de esa concesionaria era de una segunda firma llamada PV Ingen Solutions, cuyo socio fundador y ex administrador solidario es el propio Argüelles. El ex director general era, además, propietario único de la consultora Efyah Solutions (según la declaración de bienes que presentó cuando le nombraron), copropietaria de la referida PV Ingen Solutions.

La fotovoltaica logró permiso para 4 megawatios en el citado municipio del Vinalopó, una planta solar con una superficie de 93.591 metros cuadrados y con una instalación de 7.290 paneles fotovoltaicos. El ingeniero responsable del proyecto era Gonzalo Navarro, socio también de Argüelles en PV Ingen Solutions, a través de su sociedad Inversiones Mendinavarro.

El de Monforte del Cid no era el único proyecto de renovables en el que tiene intereses Manuel Argüelles. El ex director general participaba en otra planta de fotovoltaica en Picassent (Horta Sud), como responsable de la redacción del proyecto, de nuevo junto a su socio Gonzalo Navarro. En este caso, a través de la ingeniería PV Ingenergy Solar Epsilon, también bajo el paraguas de la matriz PV Ingen Solutions. La central solar de Picassent tiene 1,72 megawatios de potencia y ocupará 23.302 metros de parcela. Estaba previsto instalar 2.730 módulos.

En su declaración de intereses, Argüelles no nombró esas dos sociedades adjudicatarias, pese a que ya se estaba tramitando la licencia de PV Ingenergy Solar Beta en el municipio del Vinalopó y ya estaba autorizada la planta de Picassent. En su declaración de bienes y actividades sí incluyó la firma Efyah Solutions y la matriz del grupo, PV Ingen Solutions.

La Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la norma estatal, establece en su artículo 11 que los cargos públicos no podrán ejercer actividades privadas “que se relacionen directamente con el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado”. Se refiere a desempeñar actividades en las empresas, no a ser accionista, aunque fuentes jurídicas indican que el espíritu de la norma apunta claramente el conflicto que se genera cuando tienes intereses en el sector que gestionas como cargo público.

Socio del presidente del 'lobby' Avaesen

Manuel Argüelles admitió ser socio, a través de su firma Efyah, de la planta cuya autorización fue concedida por el departamento que él dirigía. Dijo que participaba en proyectos “de pequeño tamaño con un 10% con diferentes inversores”. Y aseguró que en la “territorial de Alicante [donde autorizaron el proyecto] no sabían que yo era socio”. “Nadie sabía allí que yo participaba”, sentenció.

Respecto al plan de Picassent, adujo que la ingeniería llevaba la firma de su empresa, pero que no participaba como accionista. “No tenía el dinero para participar”, apostilló. Admitió que en ese caso los funcionarios sí sabían de su conexión con el proyecto. Y añadía: “Les dije que dieran el mismo trato que a todo el mundo; ellos tampoco quieren tener problemas”. De hecho, subrayó, el expediente lleva “dos años bloqueado”, como tantos otros.

La trayectoria empresarial de Argüelles está ligada en parte a Marcos Javier Lacruz, quien desde 2012 preside Avaesen, la patronal de las renovables. Los dos pusieron en marcha la empresa Silicon Valen, constituida el 17 de mayo de 2022. Argüelles se mantuvo en esa aventura unos seis meses. En ese tiempo, prometieron que Silicon Valen fabricaría paneles en València y reduciría la dependencia de China. En marzo de 2023, la empresa captó su primera subvención, de 362.251 euros, de la Conselleria de Economía, para una inversió inicial que tenía previsto alcanzar los 12 millones. Luego anunciaron que pretendían captar 475 millones de capital para tener una capacidad de producción de 1.200 megawatios al año. Todo quedó en nada.

Sobrevivió a Camps, Fabra y Puig, pero no a Mazón

Al poco de llegar a la Generalitat, Argüelles chocó con el número dos de su área, el entonces subdirector general de Energía, José Miguel López Cortés. Llevaba en ese puesto desde 2011. Se mantuvo con gobiernos de Francisco Camps, Alberto Fabra y, a partir de 2015, con Ximo Puig. Pero con el nuevo director general, apadrinado por Mazón, no duró ni cuatro meses. López Cortés fue primero arrinconado en sus labores de supervisión previa de las resoluciones del área sobre proyectos fotovoltaicos y eólicos. Se enfrentó a su superior al negarse a dar su firma por entender que el proyecto no cumplía la legislación territorial y ambiental, según explican a este diario fuentes conocedoras de esas gestiones. La tensa coexistencia se liquidó en febrero de 2024, cuado Argüelles prescindió de López Cortés. Y en ese puesto colocaron, primero de forma provisional y con carácter definitivo desde diciembre, a José Vicente Sanchis Luis, quien, junto con Rosa María Savall, encabezó en su momento el equipo de Marsan Ingenieros que trabajó en el control de proyectos, inspección y legalización de instalaciones, elaboración del plan de autoprotección y obtención de la licencia de actividad de Terra Mítica.

Una destitución “arbitraria”, según la jueza

En la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, donde se cuecen los informes de evaluación ambiental en los proyectos de renovables, los intereses también han movido sillas. En mayo de 2025, el director general, Miguel Ángel Ivorra Devesa, apartó de su puesto a Rafael Soriano, jefe de servicio de Evaluación Ambiental Estratégica, apenas cinco meses después de acceder a este cargo de confianza. La defenestración se la comunicó verbalmente. El detonante de la decisión fue la negativa del jefe de servicio a prorrogar la vigencia de la memoria ambiental (ya caducada) del Plan General de la Vall d'Alba y de otros instrumentos urbanísticos, tal como se exigía en la instrucción de 25 de febrero de 2025, dictada por el propio Ivorra Devesa. “No había acatado la instrucción y había actuado deslealmente en las funciones de su cargo como jefe de servicio”, esgrimió el director general.

Soriano es técnico de medio ambiente y forma parte del cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos. Trabajó en Evaluación Ambiental Estratégica desde febrero de 2014. Y en enero de 2024 fue propuesto por el entonces jefe de servicio de esa área para sustituirlo una vez se jubilara. De esta manera, el 4 de enero de 2024, el funcionario Rafael Soriano accedió ese cargo en comisión de servicios. Y en mayo de 2025 fue apartado por Ivorra, también concejal de la Nucia. Soriano acudió a los tribunales y el pasado mes de abril, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 10 de València anuló el cese por considerarlo “arbitrario”. La magistrada entendió que la destitución “no respondía a las razones reales” esgrimidas.

Pérez Llorca vio la luz

El 27 de noviembre de 2025, Juanfran Pérez Llorca fue elegido presidente de la Generalitat. Una de sus primeras actuaciones consistió en reestructurar el Consell. La Dirección General de Energía y Minas, área encargada de autorizar las licencias de renovables, dejó de depender de la Conselleria de Innovación, cuya titular es Marian Cano, y fue adscrita a la Conselleria de Medioambiente, Infraestructuras y Territorio, que comanda el vicepresidente Martínez Mus. El cambio suponía concentrar en una misma conselleria todas las áreas competentes en gestionar los proyectos de fotovoltaicas y planes eólicos. Desde el estudio y declaración de impacto ambiental hasta los trámites técnicos. Porque en el departamento de Mus se halla la Dirección general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, a cuyo frente está Miguel Ángel Ivorra Devesa.

Concentrar todas las competencias en renovables en una sola conselleria tiene una lectura en clave política. En el caso de producirse una discrepancia de criterios con informes contradictorios, la resolución la dirime el Consell si las áreas enfrentadas pertenecen a conselleries distintas. Pero si el conflicto surge en una misma conselleria, corresponde resolverlo al titular del departamento o al secretario autonómico. Esto es, el choque a propósito de autorizaciones, declaraciones de impacto ambiental o concesión de licencias no implica al Consell ni salpica a su presidente, Juanfran Pérez Llorca.

De momento, esta polémica sigue generando indignación interna en el PP valenciano. Tanto como para que forme parte del dosier interno elaborado para descabalgar a Pérez Llorca.