Anticorrupción reclama al Puerto de Valencia el informe de la Intervención que apunta al amaño de varias plazas

La Fiscalía Anticorrupción avanza en la investigación relativa a los supuestos amaños de plazas en entidades del Ayuntamiento de València y de la Autoridad Portuaria (APV) para recolocar de forma aparentemente coordinada y fraudulenta a extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, entidad pública que gestionaba la Marina hasta que quedó liquidada en 2024 tras un despido colectivo.

El fiscal abrió diligencias de investigación el pasado mes de abril tras analizar la denuncia de Compromís contra Mar Chao como presidenta de la APV, y contra la alcaldesa de València, María José Catalá, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Posteriormente, junto al PSPV, ampliaron la denuncia al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, tras el escándalo de los audios destapados por elDiario.es en los que ofrece información al personal del Consorcio sobre las plazas objeto de la investigación en una reunión de la que nunca se informó.

Desde el inicio de la investigación, el instructor ha tomado declaración a diversas personas que participaron en todo este proceso, entre ellas, varios de los extrabajadores del Consorcio a los que en la mencionada reunión con Olano se animó a que se presentaran a las plazas que se iban a habilitar en entidades municipales.

Ahora el fiscal ha dado un paso más y ha solicitado el informe de la Intervención General del Estado (IGAE) destapado por esta redacción (completo al final de la información) en el que se apunta a irregularidades en los procesos selectivos de diversas plazas de alta dirección convocadas en el Puerto de Valencia, entre ellas, dos de las que son objeto de la investigación adjudicadas a dos extrabajadoras del Consorcio. Fuentes de la APV han confirmado a este periódico que el fiscal ha requerido el documento.

El informe de la IGAE concluye que “las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”.

A dos de estas plazas se presentaron  A. G. y M. G., exdirectivas del Consorcio Valencia 2007, que casi al mismo tiempo concurrieron a otras dos puestos que se habilitaron casi al mismo tiempo en la Fundación Deportiva Municipal (FDM). Una vez se confirmó que resultaron adjudicatarias de las plazas creadas en el Puerto, renunciaron al proceso en la FDM que al mismo tiempo, lo dejó sin efecto.

En sus interrogatorios, el ministerio público también preguntó por los motivos que empujaron a varios exempleados del Consorcio a dejar por escrito ante notario los nombres de A. G. y de M. G. como las que iban a resultar adjudicatarias de las plazas de la APV, como así fue, semanas antes de que se conociera el resultado del proceso selectivo.

La otra plaza que investiga Anticorrupción es la creada en la fundación municipal Visit Valencia adjudicada a otro exempleado del Consorcio. En este caso, se exigía que la persona seleccionada fuera empleado público en el momento de conseguirla. Sin embargo, el Consorcio se había liquidado semanas antes, concretamente el 16 de octubre de 2024.

En este sentido, Anticorrupción también ha solicitado el informe del secretario municipal que concluye que la entidad “no debió formalizar el contrato” porque el aspirante no informó de que había perdido su condición de empleado público.

La exjefa de recursos humanos apunta a Mar Chao

Las plazas adjudicadas en el Puerto de Valencia a  A. G. y M. G., exempleadas del Consorcio, tambièn han sido impugnadas por UGT mediante sendas demandas judiciales al considerar que las bases de los concursos estaban amañadas para que fueran ellas las adjudicatarias.

En este sentido, el pasado mes de mayo tuvo lugar el primer juicio referido al caso de A. G que está pendiente de sentencia. En la vista resultó clarificadora la declaración de la exjefa de Recursos Humanos del Puerto de Valencia, E. O., al confesar que fue la propia presidenta del Puerto, Mar Chao, le facilitó las bases redactadas de los procesos de selección que también investiga la Fiscalía Anticorrupción, tal y como ha avanzó esta redacción. E. O. afirmó además que, pese a los reparos que le mostró, Chao le dijo en un intercambio de correos que las publicara igualmente, rápido, haciendo los ajustes necesarios.

En indénticos términos se pronunció en el juicio que tuvo lugar este martes 15 de septiembre relativo o otras de las plazas cuestionadas por el informe de la IGAE, también impugnada por UGT. E. O. afirmó que “las bases las redactó la presidenta Mar Chao en primera persona”. El próximo 1 de octubre tendrá lugar el juicio relativo a la plaza de M. G.