El PP no suspenderá de militancia a nueve de sus 10 concejales en el Ayuntamiento de Valencia pese a que todos ellos han sido imputados por el juez por un supuesto delito de blanqueo de capitales para financiar ilegalmente el partido. ¿La razón? El PP está intentando ganar tiempo para gestionar una situación insólita -la investigación sobre un grupo en bloque- y evitar que la formación desaparezca en Valencia por una doble vía: la del pase de sus ediles al grupo mixto o la imposibilidad de completar la lista con los candidatos no elegidos o los suplentes.
A juzgar por su código ético, el PP puede actuar disciplinariamente sobre sus miembros al albur de la dirección. Los estatutos del partido dejan margen para la interpretación. Dicen textualmente: “El Comité de Derechos y Garantías competente podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto”.
Esa prerrogativa se utilizó la semana pasada para suspender a Alfonso Novo, presidente del partido en Valencia, concejal y portavoz en el consistorio. Novo fue el primer edil imputado con la Operación Taula y declara este miércoles en el juzgado. La doctrina Novo, sin embargo, no será aplicada de momento a ocho de sus nueve compañeros (hay un independiente no imputado) en el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por una alianza entre Compromís, el PSPV-PSOE y València en Comú, la marca blanca de Podemos en la ciudad.
¿10 ediles en el grupo mixto?
Aunque el PP ya ha anunciado que destituirá a la dirección del partido en Valencia para sustituirlo por una gestora, hay temor en que una suspensión de militancia masiva deje al partido sin representación en el ayuntamiento. Algunos, o todos los ediles, podrían optar por no renunciar a sus actas y pasar a grupo mixto o de no adscritos. Eso dejaría a los populares sin apenas representación en la tercera ciudad en población de España. El PP fue el partido más votado en las elecciones municipales de 2015 y, de darse el caso, el grupo mixto sería el más numeroso del consitorio.
El PP tampoco descarta que sus nueves ediles imputados entreguen sus actas. El problema, en este caso, es que tal vez no tengan sustitutos. Las imputaciones de la Guardia Civil, ratificadas por el juez, van contra todos los concejales del pasado mandato, sus asesores y el personal administrativo -de confianza- contratado para la gestión del grupo popular. Muchos de ellos conformaban la lista del PP en las últimas municipales, por lo que podria darse el caso de que fuera imposible encontrar candidatos suficientes -sin mácula judicial- para tener 10 concejales.
La práctica totalidad del PP del Ayuntamiento de Valencia es sospechosa de blanqueo de capitales. Pudo urdir un burdo sistema para blanquear dinero procedente, presuntamente, de donaciones ilegales o mordidas en la adjudicación de contratos: concejales o trabajadores del partido transferían 1.000 euros por vía bancaria que luego recibían, para no dejar rastro, en billetes de 500. La mano derecha de Rita Barberá, alcaldesa entre 1991 y 2015, está en libertad con cargos por este asunto.
El PP negó esa práctica que ahora está bajo el foco del juez.