Alfonso Rus, expresidente popular de la Diputación de Valencia, y Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', vuelven a sentarse en el banquillo en el tercer juicio por el 'caso Taula', esta vez relativo a la pieza separada D que juzga el presunto amaño del servicio de 'call center' de atención al público en materia de gestión tributaria, adjudicado a través de una empresa pantalla al exsuegro de Benavent, otro de los acusados. Así, este próximo martes, si la huelga de los funcionarios de Justicia lo permite, se inicia el tercer proceso de la macrocausa ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia.
El empresario Mariano López, exsuegro del 'yonqui del dinero' que entregó a la Fiscalía Anticorrupción las grabaciones secretas que destaparon la trama, ingresó a través de una empresa pantalla a nombre de su cuñada, 158.883 euros de la adjudicación pública de la institución provincial, según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Es decir, el 15% del precio total de la contrata.
A pesar de haber entregado, por pura venganza, las grabaciones que durante años realizó en secreto el 'yonqui del dinero' de los trapicheos de la trama, Mariano López se vio salpicado en la pieza separada D del 'caso Taula', en el que hasta ahora sólo había comparecido como testigo. Marcos Benavent, por su parte, ya fue condenado a casi ocho años de prisión como autor de los delitos de blanqueo y falsedad en documento público en el marco de la pieza separada J.
En el tercer juicio de la causa, la Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel para Rus, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias; cuatro y medio para Benavent, por prevaricación y malversación, y 13 años para Mariano López y el empresario Fernando José Palomares.
En el juicio, que se prolongará hasta el próximo 9 de junio, también se sientan en el banquillo de los acusados, entre otros, la cuñada de Mariano López, María Concepción Torregrosa, un ama de casa que figuraba como administradora única de la firma a través de la cual el empresario cobró los 158.883 euros; el funcionario de la Diputación de Valencia Salvador Deusa, responsable de la confección de los pliegos de contratación, que se enfrenta a una petición de pena de seis años de prisión por parte de Anticorrupción, y el empresario Fernando José Palomares, administrador de la firma Servimun, la adjudicataria del 'call center'.
Un contrato amañado
El empresario, según los correos electrónicos intervenidos por la UCO, sabía días antes de la publicación oficial de la adjudicación presuntamente amañada que iba a obtener el contrato. Tras la licitación, el hijo de Mariano López fue uno de los coordinadores contratados desde la puesta en marcha del servicio.
Sin embargo, la empresa no tenía experiencia alguna en la prestación de servicios de atención telefónica, según concluyó el juez instructor del 'caso Taula'. La gestión del servicio fue desastrosa: de las 109.956 horas de agente ofertadas por la empresa, solo se prestaron 33.736 durante la ejecución del contrato. El servicio de redes sociales tampoco llegó a prestarse. Además, el material que, según los pliegos, debía correr a cargo de la adjudicataria fue abonado por la empresa pública Imelsa, de la que el 'yonqui del dinero' era gerente durante el mandato de Alfonso Rus.
Ninguna de las mejoras que planteó la empresa en el proceso de licitación del contrato, por un valor total de 842.975 euros, se materializó. Cuando el funcionario Salvador Deusa, amigo de la infancia de Mariano López, dejó de estar al frente de la supervisión del contrato, su sustituta, la directora de Recursos Humanos de Imelsa María Gracia Escrihuela, advirtió de las deficiencias a Marcos Benavent, quien no hizo nada.
María Gracia Escrihuela, juzgada en el marco de la pieza separada relativa a la contratación de trabajadores zombis en Imelsa, también planteó posteriormente sus reticencias en una reunión a la que asistieron Alfonso Rus y Marcos Benavent. La mujer advirtió de que había casi 11.000 llamadas sin atender y Rus “le replicó que a lo mejor era una persona que llamaba 11.000 veces”, según indicaba el juez instructor en el auto de procesamiento. El chiste le ha costado al expresidente de la Diputación de Valencia un nuevo juicio en el banquillo de los acusados.