Vecinos de València denuncian que solo 10 de las 77 adosados impulsadas en suelo público de Natzaret serán de la Generalitat
El Ayuntamiento de València ha rechazado las alegaciones de la Asociación Vecinal de Natzaret, de la Asociación Arca, de la Federación Vecinal y de los partidos de la oposición, consumando la “privatización” de suelo público en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).
La entidad vecinal del mencionado barrio ha mostrado su más absoluto rechazo tras confirmarse que el Ayuntamiento de Valencia ha desestimado la batería de alegaciones presentadas contra el “Estudio de Detalle” de la manzana R-1 en la ZAL del Puerto. El presidente de la asociación, Julio Moltó, ha calificado la decisión de “urbanismo de hechos consumados” que da la espalda a la urgente necesidad del vecindario de un Parque Público de Viviendas para favorecer intereses privados.
La desestimación de las quejas vecinales perpetúa la opacidad en torno a las 77 viviendas unifamiliares de protección proyectadas por la empresa Albaluz. De ellas, tan solo 10 pasarán a ser propiedad de la administración. La Asociación ha exigido que el Ayuntamiento y la Generalitat aclaren por qué la promotora ya publicitaba las casas como “reservadas” antes de la aprobación del plan. Con este rechazo, las administraciones siguen sin garantizar si se priorizará a las familias expropiadas de La Punta que quedaron excluidas en la primera fase.
El rechazo de las alegaciones impone un modelo urbanístico obsoleto. El plan aprobado replica el modelo de la manzana R-2: calles duras de asfalto, sin árboles ni zonas de sombra. Para la entidad vecinal, tras la catástrofe de la dana, es una temeridad ignorar la nula capacidad de absorción del suelo sellado por el asfalto y las escorrentías hacia Natzaret.
Pese al rechazo a escuchar las alegaciones la asociación vecinal ha exigido un parque público de viviendas, respuestas sobre el futuro del Chalet de Sancho como taller de empleo, la rehabilitación urgente de los tres bloques de viviendas de la calle Juan Castaño propiedad de la Generalitat, solución digna al asentamiento de infraviviendas de la calle Algemesí, y que el suelo de propiedad municipal de las antiguas Casitas de Papel se destine íntegramente a Parque Público de Viviendas, equipamientos sociales, y zonas verdes.
Con el rechazo a las alegaciones vecinales, “el Ayuntamiento valida definitivamente la eliminación de cuatro itinerarios peatonales públicos previstos en el plan inicial”, según han denunciado. Estos viales pasarán a convertirse en “zonas interiores restringidas para el uso exclusivo de las nuevas parcelas”.
“El consistorio ha firmado la privatización de suelo público para que se construyan piscinas y recintos cerrados, rompiendo la conexión natural del barrio de Natzaret con la Punta”, ha lamentado Moltó.
El PSPV denuncia la venta de suelo público a cambio de “migajas”
La concejala del Grupo Municipal Socialista Elisa Valía ha denunciado que el Partido Popular ha rechazado las alegaciones presentadas a la modificación del planeamiento urbanístico que permitirá transformar las manzanas de vivienda protegida del sector norte en promociones de viviendas adosadas con piscina y zonas comunes. Para los socialistas, “esta decisión supone apostar por un modelo de ciudad completamente superado, que se ha demostrado que no hace barrio, que no hace ciudad y que no contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias”.
En opinión de Elisa Valía, “se trata de un urbanismo basado en la especulación inmobiliaria que el gobierno de María José Catalá pretende extender ahora también a la vivienda protegida”. Así, ha cuestionado “el interés económico que puede tener esta modificación para los promotores privados” porque “si las viviendas protegidas tienen un precio tasado, que expliquen qué interés tienen en incrementar el coste de construcción incorporando piscinas y zonas comunes cuando no puede repercutir ese sobrecoste en el precio oficial de la vivienda”.
Además, ha denunciado que a través de la fórmula de la permuta María José Catalá está “vendiendo el patrimonio de suelo que debería destinarse a construir el parque de vivienda pública a cambio de migajas”.
Permuta de suelo público a cambio de viviendas
Como informó este diario, la Administración local adaptará el suelo público a las pretensiones de la empresa promotora, que pidió volver a una planificación anterior, establecida en 2008 y que figura en el plan general urbanístico.
Según la propuesta de resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la remodelación permitirá tener en el interior “zonas comunes para los propietarios de las viviendas adecuadamente conservadas y perfectos para sus actividades sociales vecinales”. Con la remodelación de la fachada marítima que proyecta el Ayuntamiento y el futuro PAI del Grao, la zona se convertirá en una de las más ambicionadas para invertir en vivienda en la ciudad. El PSPV denunció que supondría una privatización de calles, pero el consistorio desestima este extremo: “La calificación urbanística del conjunto de la manzana es el de residencial privado, por lo que el Estudio de Detalle no privatiza ninguna calle, sino que únicamente vuelve a establecer las alineaciones originales del Plan Especial, para disponer de mayor libertad en el diseño final y acomodarlo a la propuesta ganadora del concurso convocado”, señala la resolución.
Las viviendas protegidas se construirán por la promotora Albaluz, que ya tiene media decena de proyectos en marcha en el área metropolitana de València. Albaluz ya se ha hecho con varias parcelas de la ZAL en un procedimiento público, valorado en 1.7 millones de euros, según la plataforma de contratación. A la otra empresa que concurrió a este proceso, Cuper Promociones y Gestiones Inmobiliarias, se la expulsó por un error en la forma de presentar la documentación.
Los 77 unifamiliares se realizarán en suelo de la Generalitat Valenciana, mediante permuta del pleno dominio de una parcela que es propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). Esta permuta forma parte del Plan Vive del Consell de Pérez Llorca, un proyecto impulsado por la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero. Según consta en la propuesta de adjudicación de la EVHA, el contrato se divide en tres lotes, uno por manzana. Albaluz entregará 10 viviendas y la diferencia de 1,7 millones de euros por la construcción de viviendas de protección pública en el municipio de València.