El Supremo confirma la multa de 13,5 millones a Indra por el cártel que amañó contratos públicos de informática

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 13,5 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a la multinacional española Indra por formar parte de un cártel empresarial que dominó las licitaciones de contratos públicos de informática y tratamiento de datos entre 2005 y 2015. La investigación desveló correos internos de Indra donde se jactaban del poder que ejercían sobre la Administración: “Hemos elaborado los perfiles junto con el cliente y en el pliego han puesto exactamente los modelos que nosotros les enviamos”. Hacienda y la Seguridad Social fueron algunos de los organismos señalados en ese momento por la investigación de Competencia.

La CNMC firmó esta sanción contra Indra y otras 10 empresas –entre ellas SAG, Atos, IBM o Accenture– en 2018. Todas estaban acusadas de tener “contactos” en las Administraciones Públicas y saber con antelación que iban a salir licitaciones públicas para poder repartir esos contratos siempre entre las mismas empresas del sector. Desde el desarrollo de aplicaciones en la AEAT hasta servicios “de carácter informático” en la Seguridad Social pasando por la administración electrónica del SEPE y el Instituto Cervantes. Solo Indra, destaca el Supremo, participó de forma ilegal en contratos que sumaron más de 324 millones de euros.

Soplos de información privilegiada y acuerdos privados entre las empresas del cártel que, según dijo la CNMC y confirma ahora el Tribunal Supremo, no solo se tradujo en un reparto de contratos públicos sino en su encarecimiento. El caso no se conoció hasta octubre de 2017, cuando el entramado llevaba más de una década en funcionamiento. La CNMC recibió una denuncia anónima que destapó los vínculos entre personas que trabajaban en estas empresas y otras que formaban parte de los organismos públicos que adjudicaban los contratos.

La multa impuesta a Indra que ahora confirma la sala tercera del Tribunal Supremo es la más alta de todo ese expediente: 13,5 millones de euros. Los jueces rechazan la que ha sido la principal queja de Indra desde que arrancó el procedimiento y pudo presentar su primer recurso, también fallido, ante la Audiencia Nacional: que hubo Administraciones Públicas involucradas y eso hace imposible sancionar a la empresa adjudicataria. “Las Administraciones contratantes no son una de las empresas del cártel, y su papel queda fuera de esa comparación”, contesta el Supremo.

“Esa facilitación afectaría a la responsabilidad de las propias Administraciones, no al liderazgo que la recurrente ejerció sobre las demás empresas”, dicen los magistrados sobre el papel que Indra jugó en el cártel ahora sentenciado en firme. En total se impusieron multas que sumaron 29,9 millones de euros. Y el Supremo considera justificado que a Indra se le impusiera la condena más alta: “Su conducta afectó a cuatro Administraciones, intervino en diecinueve licitaciones, le fueron adjudicados veinticinco lotes y el importe de los adjudicados a las uniones temporales en que participó ascendió a 324.736.332 euros. Su liderazgo se apreció, así, en comparación con las demás empresas sancionadas”.