La urgencia de un pacto electoral para el Senado

En la próxima legislatura, al Senado le corresponderá la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y la elección de diez miembros del Consejo General del Poder Judicial. 

Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional deberían haber sido renovados en diciembre de 2025, pero el PP se ha negado esperando estar en mejores condiciones para hacerlo tras las próximas elecciones. La renovación se producirá, por tanto, casi inmediatamente después de que se constituya el Senado tras las próximas elecciones.

La última renovación del Consejo General del Poder Judicial se produjo en julio de 2024. Dado que el mandato es por cinco años, la próxima renovación tendría que producirse en julio de 2029, es decir, dentro de los cuatro años de la próxima legislatura.

La renovación parcial de estos dos órganos constitucionales es, con mucha diferencia, la función constitucional más importante que tiene atribuida el Senado. En el ejercicio de todas las demás, el Senado está subordinado al Congreso de los Diputados y no puede, excepto en la activación del artículo 155 de la Constitución, adoptar ninguna decisión importante. Puede hacer mucho ruido, que no es poco, pero nada más. 

Para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es necesaria la mayoría de tres quintos, es decir, de 160 senadores. 

En el Senado actual el PP cuenta con 142 senadores y Vox con 15, 157 entre los dos. Están, por tanto, a tres senadores de la mayoría de tres quintos exigida. 

En el caso de que esa mayoría fuera alcanzada por el PP y Vox, ambos partidos dominarían de una manera difícilmente reversible la interpretación de la Constitución, es decir, del principio de legitimidad, y la interpretación del principio de legalidad mediante la ocupación del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. No sería necesario siquiera reformar la Constitución para que, de facto, nos encontráramos ante una nueva Constitución. La que el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial dominados por el PP decidieran.

Para evitar que esto ocurra, es imprescindible un pacto electoral entre el PSOE y los partidos de izquierda, que se tradujera en una candidatura única en todas las circunscripciones electorales. 

Puesto que el sistema electoral para el Senado es un sistema mayoritario corregido, en el que cada ciudadano o ciudadana puede elegir un máximo de tres de los cuatro senadores de cada circunscripción electoral, sería necesario que los partidos de izquierda pactaran una candidatura única con tres candidatos en cada provincia, a fin de que no se perdiera ningún voto.

Dicha candidatura podría componerse de dos propuestos por el PSOE y uno por todos los demás partidos de izquierda. Con ello se evitaría con seguridad, en primer lugar, la mayoría de tres quintos de los partidos de la derecha. 

Pero no solo ello. El PSOE obtendría mediante la elección provincial un mayor número de los que ha obtenido en esta legislatura y los partidos de izquierda, que no tienen más senadores que los que han alcanzado en representación de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, podrían obtener varias decenas de escaños.

El impacto no sería solamente defensivo, de defensa de la Constitución, que no es poco, sino también constructivo, en la medida en que permitiría influir en la cultura democrática tan dañada por el uso fraudulento que hace la derecha del Senado y que en esta legislatura ha alcanzado un nivel muy alto.

El PSOE debería enviar una propuesta a los partidos con la finalidad de cerrar un pacto en este sentido. Los partidos que quisieran participar en la candidatura conjunta podrían hacerlo y los que no, podrían ir por separado. 

Mañana mismo habría que empezar a configurar el pacto y a dar los pasos para hacerlo efectivo. No hay problema más importante que este para competir con posibilidades de éxito en la próxima convocatoria electoral.