La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha rechazado el archivo del caso abierto contra 16 guardias civiles por la muerte de 15 personas ocurrida el 6 de febrero de 2014 en un intento de entrada a través de la frontera del Tarajal, que demandaba la defensa de los agentes.
La magistrada Carmen Serván Moreno, que investiga si los agentes pudieron ser responsables de un presunto delito de homicidio imprudente, no ha atendido la petición de los abogados de los agentes del instituto armado de archivar las diligencias abiertas y ha determinado llevar a cabo nuevas diligencias.
Entre ellas, Serván reiterar la solicitud a Marruecos para que sus autoridades “remitan todas aquellas actuaciones judiciales que se hubiesen practicado en relación a los hechos investigados”, como los datos de las autopsias de los diez cadáveres hallados en el lado marroquí del vallado, según recoge un auto con fecha del 16 de abril al que ha tenido acceso eldiario.es.
Otra de las medidas acordadas por la jueza es la de rechazar como “informe pericial” el análisis forense elaborado por la Univeridad del País Vasco que cuestiona la versión oficial sobre la muerte de estas 15 personas y concluye que las actuaciones policiales de ese día, con material antidisturbios, “pudieron contribuir de manera significativa” a los fallecimientos.
La Asociación Coordinadora de Barrios solicitó que esta investigación fuese admitida como informe pericial y que se citase a su responsable, Luis F. Callado —doctor en Medicina y Cirugía, profesor de la Universidad del País Vasco e investigador en la Univesidad de Oxford y el Royal London Hospital— en calidad de perito. La jueza Serván incluye el informe como “documental con valor contraargumental”, pero no lo deniega como informe pericial porque, a su juicio, no cumple con varios requisitos mínimos.
Entre los argumentos de la magistrada para rechazar el análisis apunta que “no se ajusta a la estructura lógica” que establece la ley y que el doctor Callado “no tiene una cualificación adecuada para valorar la materia –no es experto en medicina forense– frente al alto nivel de especialización técnica del médico forense” responsable del informe oficial, expone en el auto.
Por otro lado, la magistrada acuerda el análisis pericial por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de los vídos y audios aportados por la Guardia Civil sobre los hechos de ese día y por la acusación particular para determinar, entre otras cuestiones, “la existencia de metadatos de los distintos archivos y la posible existencia de manipulación, cortes y borrados”, demandada por la acusación y también el Ministerio Fiscal.
Mientras tanto, la acusación particular ejercida por la Coordinadora de Barrios ha lamentado que se continúe “dilatando” el proceso judicial abierto. A través de las redes sociales, la organización no gubernamental ha asegurado que “cuanto más tiempo sin respuesta más dolor infligimos a las familias”.
La Coordinadora de Barrios —una de las organizaciones personadas en la causa— se ha referido de esta forma a los catorce meses transcurridos desde las muertes. Según el auto judicial, el procedimiento, en sus diligencias previas, se inició tras la denuncia de la Abogacía del Estado, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado así como otras asociaciones como Coordinadora de Barrios y Pro Derechos Humanos.
La jueza María del Carmen Serván pidió el traslado de la causa a la Audiencia Nacional al entender que “todo había ocurrido” en Marruecos, en referencia a las muertes de las 15 personas en el espigón fronterizo. La Audiencia Nacional concluyó que este Juzgado de Ceuta era el competente para instruir los hechos denunciados, dado que no está probado en qué aguas murieron los afectados.