La imagen de un joven subsahariano, entubado y tirado sobre el suelo del garaje de una comisaría, indignó, pero no sorprendió a activistas que llevan años reclamando la aplicación de un protocolo para recibir a supervivientes de tragedias migratorias. Después de que el pasado domingo varias personas permaneciesen durante horas en estado grave en dependencias policiales tras el naufragio de su patera, el Gobierno asumió una falta de coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de su recepción. “Parecía que nadie quería hacerse cargo de ellos”, afirmó el delegado en Canarias. ¿Qué falló?
El representante del Ejecutivo en Canarias, territorio con larga experiencia en la recepción de migrantes, reconoció la necesidad de crear un protocolo para corregir las deficiencias que derivaron en el abandono de unas personas con importantes necesidades médicas. “Nos haría falta reflexionar a todos sobre la necesidad de tener unos protocolos adecuados para este tipo de situaciones, si esto hay que mejorarlo tenemos que ponernos a mejorarlo ya”, aseveró Enrique Hernández Bento.
Cuando una patera arriba a suelo español, después de recibir la asistencia sanitaria -este paso falló también en el último naufragio-, los migrantes pasan a ser custodiados por la Policía Nacional en cumplimiento de la Ley de Extranjería. La norma obliga a trasladar a estas personas a comisaría con el objetivo de intentar identificarles e iniciar los trámites de expulsión. Por lo general, si no necesitan atención hospitalaria, son enviadas de forma directa a dependencias policiales. “Da igual si han visto morir a un amigo o un familiar, si han pasado días a la deriva, si están en shock, agotados...”, lamenta Helena Maleno, portavoz del colectivo Caminando Fronteras.
Según El País, a pesar de que las personas llegadas el domingo a Gran Canaria requerían atención médica, uno de los centros de salud a los que fueron derivados por el 112 no aceptó a un número elevado de ellos por “estar saturado”. En este caso, la Delegación del Gobierno (PP) carga la responsabilidad a la Consejería de Sanidad (PSOE) pero admite deficiencias en su coordinación.
La Policía, encargada de la custodia de los migrantes, no sabía qué hacer y decidió trasladarlos al garaje de la comisaría de Maspalomas. “La situación no era nomal. Llegan hechos polvo, aunque estuviesen estabilizados, hay gente que llega sin poder tenerse en pie por culpa del agotamiento y no tenemos un lugar donde dejarlos”, señala un portavoz del Sindicado Unificado de la Policía en Canarias.
“Pedimos un centro o espacio habilitado para estos casos, en el que estén asistidos, y en el que puedan descansar, aunque ya hayan pasado por el hospital. Así, serían trasladados a comisaría solo cuando recuperasen las fuerzas”, proponen desde el SUP. “¿Qué trámites vamos a realizar con ellos si no pueden ni tenerse en pie o están destrozados?”, se preguntan.
“Ya tenemos un protocolo, pero no se aplica”
Cada vez que una patera sufre un naufragio, suenan las denuncias de las ONG especializadas, que critican “la falta de humanidad” a la hora de recibirles: la dificultad de hablar con los supervivientes, de obtener los nombres de los fallecidos, la retención de estos en una comisaría a pesar de su agotamiento, la imposibilidad de calmar a los familiares.
“Cuando ocurre una tragedia en el mar, las familias nos llaman desesperadas. Como en cualquier tragedia, los seres queridos quieren saber si su mujer, su hija, su hermano están entre los fallecidos o los supervivientes, pero, salvo excepciones, no suelen facilitárnoslo”, dice Maleno. “Son tragedias como cualquier otra y deben tratarse como tal. No decimos que no apliquen la Ley de Extranjería. Pedimos que, en primer lugar, se preste asistencia psicológica, sanitaria. Que difundan el listado de nombres de las personas que han llegado con vida, o de aquellas que echan en falta sus compañeros, para que sus familiares tengan información”, explica.
Piden la aplicación del 'Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples'. “Existen una serie de normas básicas de asistencia y de identificación de fallecidos. Se aplican en accidentes de tren, de avión, en atentados terroristas... ¿por qué no se activa tras los naufragios?, ¿porque son negros?”, se cuestiona un miembro de Caminando Fronteras.
El protocolo incluye la activación de “un punto de información donde se dará información a familiares y allegados, y se orientará a los mismos para que sean atendidos correctamente a lo largo del proceso. En el espacio generado con este fin, concreta la normativa, ”se encontrarán presentes para llevar a cabo labores de información específica personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas, así como personal de asistencia social y psicológica“.
También contempla el establecimiento de una “oficina de recepción de denuncias” con el objetivo de “encargarse de tramitar todas las denuncias sobre personas desaparecidas o posibles víctimas” y que estaría “atendida por personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas”. Una de sus funciones es la elaboración de “listas de desaparecidos” y la centralización de todos los datos en relación a los mismos.
En esta línea, Caminando Fronteras propone la activación de “un número de teléfono donde los familiares que no están en Europa pudiesen preguntar si han desaparecido”. “Es necesario facilitar el acceso de información a las familias. Están desesperadas. No puede ser que tenga que pasar casi un mes hasta saber si esa persona en la que piensan está viva o muerta”, añade Helena Maleno.
Su colectivo cuenta con datos de los familiares en los países africanos, pero la tarea de conseguir información cuando llegan a España se les complica por la aplicación de la Ley de Extranjería.
“Esto es una tragedia terrible, han pasado seis días en el agua, si llegan a estar unas horas más todos hubiesen muerto. Imagina como están a nivel psicológico. Su lugar no es una comisaría”, insiste Maleno.