“Cuando la acumulación de riqueza ya no sea de alta importancia social, habrá grandes cambios en los códigos morales”. Esta frase de John Maynard Keynes en su artículo 'Las posibilidades económicas de nuestros nietos' parecía ser uno de los puntos de partida que influyó en la declaración que la Business Roundtable (BRT) lanzó en verano de 2019. Entonces, los 181 presidentes ejecutivos de las mayores corporaciones de Estados Unidos (Amazon, Walmart, Apple, Ford, JP Morgan Chase o BlackRock, ente otros) proponían un cambio radical en el objetivo de las compañías rebajando la maximización de los beneficios de los accionistas -estas empresas ingresan más de 7 billones de euros anuales- para favorecer a los empleados, a sus clientes y a la sociedad, en general. El activismo de los accionistas ha diluido la propuesta en otra buena declaración de intenciones para que todo siga igual.
La declaración de la Business Roundtable provocó una retahíla de titulares que iban desde 'Revolución en los consejos de administración' a 'La reinvención del capitalismo'. Alan Murray, presidente de una de las biblias del capitalismo, la revista Fortune, recogió entusiasmado la propuesta como una fórmula para renovar la pésima visión que tenía la sociedad sobre las multinacionales y defendió que a largo plazo sería beneficioso para todos. Rápidamente, el sistema acogió la buena nueva con fuerza y las siglas ESG (Environmental, Social and Corporate Governance: medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) se adoptaron en el mundo empresarial como el nuevo mantra a seguir en la toma de decisiones de la gestión de las compañías.
Solo un año después, con una pandemia que había destrozado todas las expectativas económicas, el propio Murray ya avisaba que la propuesta de la BRT empezaba a hacer aguas entre los altos directivos recogiendo las declaraciones del ex consejero delegado de Exxon, Rex Tillerson: “Probablemente me habría resistido a eso si todavía estuviera en el comité ejecutivo de allí. No creo que sea saludable que un grupo de consejeros delegados se reúna y diga que todos vamos a acordar comportarnos así, porque los negocios de cada uno son diferentes. Sus organizaciones son diferentes. Cuando empiezas a tratar de agruparte como un grupo de codornices para protegerte, no estoy seguro de que tengas en cuenta los intereses de tus propios accionistas”. Tillerson dejó Exxon para convertirse en Secretario de Estado de la Administración Trump. Solo aguantó un año.
Cuando no llegamos ni a los dos años, la declaración de la Business Roundtable parece haber caducado. El mejor ejemplo es la caída y defenestración del que fuera presidente y consejero delegado de Danone, Emmanuel Faber. Este directivo francés, consejero delegado de la compañía de alimentación desde 2014, llevó más allá una cultura propia de la compañía donde tienen prevalencia la defensa del medio ambiente y de los empleados.
Derribar “la estatua de Milton Friedman”
Aunque los accionistas dieron el visto bueno en 2020 a un cambio en el estatuto jurídico de Danone que confirmaba su misión social, esta posición ha sido la que ha acabado con la carrera de Faber en el grupo de alimentación. Entonces, el directivo francés llegó a declarar que la nueva misión de Danone “derribaba la estatua de Milton Friedman”, el Nobel de economía que había defendido en su libro 'Capitalismo y libertad' que la única responsabilidad social de las empresas es generar beneficios para sus accionistas.
Danone obtuvo un beneficio neto de 1.956 millones de euros en 2020, con un ligero aumento del 1,4% respecto al ejercicio anterior. ¿No son suficientes 1.956 millones de beneficios suficientes para felicitar a Faber cuando ese año hizo la mayor inversión en la historia del grupo para reducir el uso de plásticos? Para los fondos de inversión Bluebell Capital y Artisan Partners no solo no ha sido suficiente sino que fue el detonante para organizar una revuelta accionarial que ha acabado con el despido del directivo. El argumento de estos accionistas es que el rendimiento de la compañía está por detrás de un competidor directo como Nestle, que también están dando pasos para mejorar su huella medioambiental.
No ha sido el único caso. El pasado enero, tras 10 años en el cargo, Unilever destituyó a su consejero delegado Paul Polman, un claro defensor de una visión más social y medioambiental de las empresas. El problema de Polman fue su intento de simplificar la estructura corporativa de la compañía de consumo trasladando su sede definitivamente a Rotterdam. Tras años de pugna soterrada entre accionistas británicos y holandeses, el movimiento se interpretó por algunos accionistas británicos como un intento de confirmar el peso neerlandés en la compañía y una estrategia para evitar que se repitieran episodios como la OPA hostil que intentó Kraft Heinz en 2019. De poco sirvió los excelentes resultados de Polman al frente de la compañía y sus intentos por hacer una empresa más responsable desde el punto de vista ambiental, en esta lucha de poder los accionistas optaron por cortarle la cabeza.
En España también tenemos un claro y reciente caso de activismo accionarial por la lucha de poder dentro de las empresas. Es el caso de la pugna dentro de Prisa. El fondo Amber Capital consiguió junto a Telefónica destituir a Javier Monzón, presidente entonces del conglomerado de educación y medios, y mano derecha dentro de la empresa de Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander. Botín respaldaba a Monzón como vía para controlar a la compañía editora de El País y la Cadena Ser por su clara influencia en la opinión pública, pese a los pobres resultados empresariales de la gestión de Monzón.
Botín se había postulado como una de las grandes defensoras de los buenos propósitos medioambientales de la BRT, aunque la posición inversora del banco no es tan clara. “Debemos ver más allá de la maximización del valor para el accionista y tener en cuenta que nuestras responsabilidades son mucho más amplias. A menudo, este debate se plantea como una elección entre maximizar el valor del accionista o satisfacer las necesidades de todos nuestros stakeholders. Pero no existe tal elección. La confianza no es opcional si queremos ser una empresa rentable. La confianza es lo que determina si tienes un negocio rentable”, declaró Botín en la XII Conferencia Internacional de Banca.
Sin contar con los consejos de administración
Pero el principal fallo de la presidenta del mayor banco español fue no contar con el respaldo para sus planes del consejo de administración de Prisa. Es un error redundante, que investigadores de la Harvard Law School sacaron a la luz para establecer que las buenas intenciones de la BRT no habían contado con el beneplácito de los representantes de sus accionistas en el consejo, entre otros motivos, porque era más una declaración de intenciones que una apuesta clara por el cambio. “La explicación más plausible de la falta de aprobación por parte del consejo de administración tiene que ver con la forma en que veían el contenido de la declaración. Según esta explicación, los consejeros delegados no consideraron la declaración como un compromiso para realizar un cambio importante en la forma en que sus empresas tratan a las partes interesadas. En ausencia de un cambio importante, pensaban que no era necesaria la aprobación formal del consejo de administración”, señala la investigación de la Harvard Law School.
El aviso a navegantes ha llegado a todos los consejos de administración. El activismo accionarial va a aumentar en 2021 pese a que puede perjudicar a la calidad crediticia, según un estudio S&P Global Ratings. Los neoliberales seguidores de Friedman avisan que las distracciones del objetivo principal de obtener beneficios pueden ser peligrosas para los directivos. La realidad es que los buenos propósitos de la Business Roundtable se han confirmado como otro caso más de lavado de cara de las compañías.
Un estudio realizado por Aneesh Raghunandan, de la London School of Economics, señaló que “no había pruebas de que los miembros de BRT -que firmaron voluntariamente la Declaración- hayan llevado a cabo prácticas centradas en las grupos de interés. En comparación con otras empresas del mismo sector, las empresas que cotizan en bolsa y que han firmado la declaración de BRT cometen infracciones medioambientales y laborales con más frecuencia (y pagan más multas), tienen más emisiones de carbono y dependen más de las subvenciones públicas”.
“Los datos preliminares del periodo posterior a la firma de la Declaración sugieren que los firmantes no han dado una señal creíble de una futura intención de mejorar los comportamientos centrados en los grupos de interés. Nuestros resultados sugieren que las declaraciones de las empresas sobre su comportamiento centrado en los grupos de interés no están respaldadas por ningún dato concreto sobre las operaciones de estas empresas”, recalca la investigación de Raghunandan.