La Comisión Europea ha acusado este viernes a trece empresas del sector del empaquetado de alimentos de haber participado durante ocho años en un acuerdo ilegal para fijar precios, repartirse el mercado y compartir información sensible, lo que vulneraría las normas que la UE que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas.
Este comportamiento, destaca Bruselas, podría haber perjudicado a los clientes directos, como los supermercados, y también a los consumidores finales. Si se confirma, el Ejecutivo comunitario impondrá a las empresas implicadas multas de hasta el 10% de su volumen de negocio.
Siguiendo su práctica habitual, la Comisión no ha identificado a las empresas acusadas a las que ha enviado un pliego de cargos ni ha desvelado en qué países están basadas.
Las compañías en cuestión fabrican o distribuyen bandejas de espuma de poliestireno y bandejas rígidas de polipropileno. Estos productos se utilizan para empaquetar comida -como pescado, carne o queso- en el sector de la distribución.
El envío de un pliego de cargos no prejuzga el resultado final de la investigación. Las compañías pueden ahora presentar alegaciones por escrito a la Comisión o solicitar una audiencia para defenderse.