La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados ha aprobado dos enmiendas transaccionales del PNV y PDeCAT para que en el futuro impuesto a las energéticas se excluya del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y que el gravamen se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en España.
La comisión ha aprobado todas las enmiendas transaccionales presentadas a la proposición de ley. Las iniciativas de PNV y PDeCAT han salido adelante sin ningún voto en contra, informa Europa Press.
Así, con el acuerdo alcanzado entre los grupos y los socios del Gobierno de coalición, el impuesto no afectará a las empresas en las que el suministro sea a precio regulado: el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, y el butano y el propano: los gases licuados del petróleo (GLP) envasado y por canalización.
También se incluyen en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos lo ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente.
Estos acuerdos en el marco de los nuevos gravámenes se suman a los alcanzados con EH Bildu, con quien el Gobierno ha pactado que a finales de 2024, cuando finalizará la vigencia de los nuevos impuestos a banca y energéticas, se haga una evaluación de su aplicación y se estudie la posibilidad de convertirlos en permanentes, así como para que las haciendas forales vascas y navarras gestionen estos nuevos gravámenes.
Estos cambios llegan después de que el Gobierno decidiera el pasado miércoles retirar los vetos que había comunicado el día anterior a 70 enmiendas parciales presentadas por los diferentes grupos parlamentarios a la proposición de Ley sobre gravámenes a banca y empresas energéticas, donde también se incluye un nuevo impuesto a las grandes fortunas.
El Gobierno ha propuesto con este impuesto gravar temporalmente (durante dos años) la cifra de negocio o ingresos en un 1,2% para las energéticas con una facturación a partir de 1.000 millones de euros anuales.