Las funerarias están bajo el foco de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que la semana pasada anunció que investiga a este sector, junto a bancos y fabricantes de geles hidroalcohólicos, por posibles abusos relacionados con la crisis del coronavirus tras las denuncias recibidas en un buzón específico habilitado al efecto.
La investigación llega mientras está pendiente la decisión de Competencia sobre la mayor operación de concentración de los últimos años de este negocio en España, la fusión de las funerarias de dos de las principales aseguradoras españolas, Albia (Santalucía) y Funespaña (Mapfre), anunciada hace más de diez meses y que daría lugar a una de las mayores empresas del sector.
La CNMC decidió a finales de febrero analizar esa operación en profundidad porque puede entrañar “graves” riesgos para la libre competencia en el negocio de servicios funerarios y “podría alterar las condiciones competitivas actualmente existentes en el mercado de seguros de deceso”, donde Santalucía y Mapfre tienen una cuota cercana al 50%. El expediente ha quedado de momento en suspenso por la declaración del estado de alarma. “Los plazos se han paralizado”, confirman desde Santalucía.
Entretanto, ha llegado la investigación de la CNMC, que la semana pasada anunció que investiga “si los precios aplicados por diversas empresas funerarias durante la crisis sanitaria podrían deberse a acuerdos anticompetitivos entre competidores o a conductas agresivas desleales, objetivamente contrarias a las exigencias de la buena fe y susceptibles de mermar de manera significativa la libertad de elección de los destinatarios (familiares de los fallecidos)”.
La investigación se anunció días después de que el 30 de marzo el Gobierno prohibiera a las funerarias encarecer sus servicios durante el estado de alarma con efecto retroactivo desde el 14 de marzo. En plena emergencia sanitaria y con España sumando cada día centenares de muertes por coronavirus, empresas del sector estaban cobrando por servicios que ni siquiera prestaban a precios inflados, como informó eldiario.es
Las pesquisas de la CNMC se hicieron públicas sin que el organismo haya abierto un expediente sancionador, lo que provocó quejas de una parte del consejo del organismo. La anunciada investigación afecta a un mercado que fuentes del máximo órgano de la CNMC definen como “muy problemático” por su alta concentración.
Especialmente, en el caso de las filiales de las aseguradoras, un ejemplo de integración vertical en un servicio al que se recurre en un momento de gran vulnerabilidad y en el que estas empresas cubren toda la cadena de valor: seguro de decesos, tanatorio, cementerio, atención psicológica, traslado del difunto, flores, lápidas, enterramiento o cremación...
En el caso de la fusión de Albia y Funespaña, Mapfre (la mayor aseguradora española) confiaba en sus últimas cuentas, formuladas el 11 de febrero, en que la autorización de la CNMC llegaría “en breve”, pero va a hacerse esperar. El 27 de febrero, el organismo acordó analizar esta operación en profundidad (en el argot: pasarla a “segunda fase”), por entender que “puede obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados nacionales de seguro de decesos y de prestación minorista de servicios funerarios integrales, así como en diversos mercados mayoristas de infraestructuras funerarias, de ámbito local”.
La CNMC debía evacuar su informe en un plazo de dos meses desde entonces, pero el estado de alarma ha dejado en suspenso todos los procedimientos administrativos salvo aquellos “indispensables para la protección de interés general o el funcionamiento básico de los servicios”. Las partes podían solicitar que el expediente siguiera su curso, pero eso no ha ocurrido. Cuando se reanude, la CNMC deberá decidir si exige compromisos o condiciones a las partes para que pueda llevarse a cabo la operación o si (algo poco habitual) la veta. El Gobierno tiene también la facultad de decidir si la autoriza o no una vez conocida la resolución del organismo.
El test de mercado que elaboró la Dirección de Competencia de la CNMC refleja importantes reparos a la fusión tal y como está planteada. Según el organismo, supondría “la unión del segundo y tercer operador del sector funerario, reforzando Albia su posición en el mercado minorista de la prestación de servicios funerarios integrales en España, al tiempo que fortalece de forma significativa su presencia territorial, al añadir a su oferta las instalaciones funerarias gestionadas por Funespaña y las empresas participadas”.
Además, “la operación fortalece la integración vertical del grupo Santalucía, líder del mercado español de seguros de deceso” (principal demandante de servicios del sector en el sector funerario), con una cuota del 34% según volumen de primas emitidas a nivel nacional.
La CNMC subraya “la importancia que las aseguradoras de deceso tienen como demandantes de servicios funerarios en España”, reflejada en el alto porcentaje (61%) de fallecidos en 2018 con un seguro de este tipo. Esto, unido “a la capacidad de las aseguradoras de incidir de facto en la selección de la empresa funeraria que prestará los servicios a sus asegurados y a la creciente integración vertical de las aseguradoras con entidades funerarias, hace posible y podría incentivar que la demanda de servicios funerarios de las aseguradoras fuese dirigida a la funeraria de su grupo”.
Esto “generaría el riesgo de extender el poder de mercado del que las aseguradoras disfrutan en el mercado de deceso al mercado conexo de servicios funerarios, distorsionando así la competencia en el sector funerario”, indica la CNMC.
Además, “los efectos actuales de la canalización de los servicios funerarios de los asegurados de Santalucía a través de Albia se verán aumentados tras la operación, al incrementar sustancialmente el número de localidades donde gestionan instalaciones funerarias”, algo “especialmente relevante” en los municipios donde opera Funespaña.
Los otros operadores “verán reducida su capacidad para competir, dada la previsible prestación directa (intragrupo) de los servicios funerarios, existiendo un riesgo cierto de expulsión del mercado, lo que irá en perjuicio de la libre competencia y de la capacidad de negociación de las aseguradoras ajenas a su grupo y del resto de funerarias, que necesiten contratar alguno de sus servicios”. Ese riesgo “será superior en aquellas zonas donde la cartera de seguros de deceso de Santalucía sea más relevante”.
Para la CNMC, “las amenazas anteriores, ya de por sí graves, se podrían agravar si Mapfre canaliza a través de Albia todos los servicios funerarios que estén cubiertos por sus pólizas de deceso, especialmente en los municipios en los que Albia competía con otras funerarias distintas de Funespaña”.
“La empresa resultante podría estar en condiciones de elevar los precios y modificar la calidad de los servicios funerarios de forma arbitraria e injustificada a aseguradoras ajenas a su grupo, en aquellos mercados locales donde cuente con una importante infraestructura propia, lo que se trasladaría inevitablemente al precio de los seguros de deceso, repercutiendo en último término en sus asegurados, lo que podría alterar las condiciones competitivas actualmente existentes en el mercado de seguros de deceso”.
“Un grupo líder”
La empresa resultante, según la CNMC, gestionaría 207 tanatorios, 41 crematorios y 26 cementerios distribuidos por 194 municipios de 30 provincias en 13 Comunidades Autónomas. “Un grupo líder en el mercado funerario español con capilaridad directa e indirecta en el 100% del territorio y uno de los principales actores del mercado europeo, que prestará más de 70.000 servicios funerarios al año. Contará con la mayor red de tanatorios, crematorios y cementerios de la península, y con más de 1.650 trabajadores”, según explicaba hace unos meses Funespaña.
La empresa resultante se quedaría, según la CNMC, con “el 100% de los mercados mayoristas de tanatorio de 80 municipios”, la totalidad del negocio de crematorio en 14 municipios y el de cementerios de 12 municipios. También controlaría la mitad del mercado de tanatorios en 30 localidades.
Santalucía, que gestiona a través de Albia instalaciones funerarias (tanatorios, crematorios y cementerios) propias o bajo concesión en 25 provincias de 10 comunidades autónomas, sería el socio mayoritario con el 75% de las acciones. El 25% restante será para Mapfre, que gestiona, en régimen propio o bajo concesión, instalaciones en trece provincias de 10 comunidades autónomas a través de Funespaña.
Esta empresa es el antiguo socio privado de la funeraria municipal de Madrid, remunicipalizada por Manuela Carmena y privatizada a precio de saldo por José María Álvarez del Manzano. Por esa remunicipalización, Funespaña ha abierto una guerra judicial para reclamar una compensación millonaria al consistorio. Ese pleito está fuera del negocio aportado a Albia.
Fuentes de Mapfre indican que esta empresa y Santalucía “continuarán colaborando estrechamente con la CNMC, como hemos venido haciendo, para que la operación pueda ser valorada adecuadamente y aprobada con o sin indicaciones y compromisos”. “Ambas compañías hemos puesto en marcha esta alianza convencidos de los beneficios y el valor que la operación puede aportar a un mercado que sigue todavía muy fragmentado”.
Santalucía traslada también ese mensaje de colaboración con la CNMC. “En este momento tan complicado generado por la crisis del COVID-19, nuestros esfuerzos están centrados en poner todos nuestros recursos y capacidades al servicio de nuestros asegurados”, dice la aseguradora.