La más urgente es la del coronavirus, pero el Gobierno no pierde de vista otra emergencia, la climática. Mientras varios sectores ven en la transición energética una palanca para salir del shock económico de la COVID-19, el Ejecutivo ha publicado el borrador del nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030. Entre sus propuestas, una suerte de mapa de riesgos sobre el efecto de la crisis climática en el sistema eléctrico; un Plan nacional de prevención ante su incidencia en la salud de los trabajadores, o integrar la adaptación frente al cambio climático en sectores como el turismo, la edificación o la industria, para la que espera sea una “oportunidad”.
El borrador del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recuerda que el cambio climático ya “está afectando a la disponibilidad de recursos renovables (eólico, solar, hidráulico y biomasa)”, Los primeros análisis apuntan a “un moderado incremento del recurso solar y una cierta tendencia a la disminución del recurso eólico, aunque con importantes variaciones territoriales”. Pero “los impactos esperados son más relevantes, y de carácter negativo, en los sectores hidráulico y biomasa”.
En el caso de la hidroeléctrica, que el año pasado aportó cerca del 10% de la electricidad aunque ha llegado a rozar el 15% en los últimos años, se prevé una “reducción relevante” por la disminución de los caudales de los ríos. También se espera una caída “de la productividad de los cultivos agrícolas y forestales orientados a la producción de biomasa debido a una menor disponibilidad de agua”.
El Gobierno se propone “desarrollar proyecciones que permitan reconocer, para varios escenarios de cambio climático, la disponibilidad de recurso hídrico y sus potenciales de generación por cuencas hidrográficas”, así como el potencial de biomasa por tipos de cultivos y regiones, de cara a la planificación de la transición energética en los sucesivos Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima.
La Secretaría de Estado de Energía deberá “identificar y analizar mejoras tecnológicas que promuevan la implantación de instalaciones de generación eléctrica más resilientes, eficientes y adaptadas”; analizar el impacto del cambio climático en las redes de transporte y distribución y en las infraestructuras energéticas altamente vulnerables a los eventos extremos; y preparar las correspondientes medidas de adaptación.
Energía también analizará el impacto de los cambios en las temperaturas medias y extremas en los perfiles de demanda de electricidad diarios y estacionales por zonas climáticas. Sus resultados se integrarán en la planificación energética y en las actuaciones derivadas de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.
Efecto en la industria y los trabajadores
El documento incide en la necesidad de llevar a cabo actuaciones preventivas frente a los efectos del cambio climático en la salud de los trabajadores. Este fenómeno “agrava los riesgos laborales ya existentes y plantea otros nuevos”, ya que, por ejemplo, “a corto plazo, las altas temperaturas pueden provocar enfermedades por calor (incluyendo el golpe de calor)”, y a largo plazo, “la exposición repetida a altas temperaturas puede contribuir al agravamiento de enfermedades crónicas y suponer un riesgo para el embarazo. Además, el calor incrementa la toxicidad de ciertas sustancias, a la vez que reduce la efectividad de los equipos de protección individual en la reducción del riesgo”.
Por eso, el Ministerio de Sanidad, con la colaboración del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, elaborarán un “Plan nacional de actuaciones preventivas frente a los efectos del cambio climático en la salud de los trabajadores”. Asimismo, se elaborarán “recomendaciones para que las empresas identifiquen impactos potenciales del cambio climático sobre la salud de los trabajadores e incorporen medidas de prevención”.
El documento asegura que la adaptación al cambio climático “abre una gran oportunidad para modernizar, facilitar la innovación y mejorar la competitividad de la economía española y con ello para el fortalecimiento del tejido industrial y tecnológico”. Sostiene que “las respuestas para hacer frente al cambio climático requerirán de nuevos productos y servicios orientados a evitar o reducir los daños presentes y futuros” derivados de este fenómeno, “lo que plantea nuevas oportunidades y demandas a los sectores industrial y de servicios”.
“Ante este escenario, el único camino posible para estos sectores es orientarse hacia la neutralidad climática, al tiempo que incrementan su resiliencia frente a los impactos del cambio climático y potencian su capacidad de contribuir a las respuestas adaptativas”.
Así, se plantea “integrar la adaptación en la legislación sectorial y los planes de industrialización y del sector servicios”, en concreto en la futura Ley de Industria, en la Estrategia Industrial y el Plan de Industrialización e Innovación Tecnológica. Se deberán “identificar los riesgos derivados del cambio climático que afectan a la industria española y al sector servicios, tanto respecto a sus instalaciones como a los bienes producidos y a los posibles cambios en las demandas”.
Otra línea que se plantea es “integrar la adaptación al cambio climático en el sector de la edificación”, lo que implicará actualizar el Código Técnico de la Edificación. “La reconversión del sector inmobiliario y de la construcción hacia la rehabilitación edificatoria, regeneración y renovación urbanas, es un aspecto fundamental para reducir la vulnerabilidad de los edificios y las viviendas frente al cambio climático”.
Este plan forma parte del marco estratégico en materia de energía y clima, un conjunto de instrumentos, entre los que destacan, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia a largo plazo para una economía moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia Nacional de Transición Justa.
“Este marco estratégico es la respuesta institucional para alcanzar la neutralidad climática en nuestro país, antes del año 2050, en la que se pone en el centro de la acción de gobierno la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el aumento de la capacidad adaptativa. Es la agenda del desarrollo inclusivo del siglo XXI que hemos asumido con la ratificación del Acuerdo de París y que lleva asociada numerosos beneficios medioambientales, económicos y sociales, para ciudadanos y empresas”, señala Transición Ecológica.