El FMI plantea que la nueva financiación autonómica sea progresiva por la pérdida de recursos para el Estado
El Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó al Gobierno que su propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica entre en vigor de manera progresiva, lo que daría al Estado margen suficiente para adaptarse “con subidas de impuestos o recortes del gasto” a la pérdida de recursos que tendrá que inyectar en el nuevo sistema.
El organismo abordó las propuestas para las cuentas públicas de las autonomías impulsadas por el Gobierno en su último informe sobre la economía española, el conocido como Artículo IV, publicado hace unas semanas.
La misión del FMI que visitó España evalúa por primera vez el modelo planteado por el Ejecutivo a principios del año, una reforma que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, ha querido impulsar de nuevo esta misma semana con el arranque de las reuniones bilaterales con cada una de las comunidades autónomas.
“El plan de las autoridades de revisar el sistema de ingresos y transferencias a los gobiernos regionales proveería de recursos adicionales útiles a las comunidades autónomas, pero tiene que abordarse la pérdida implícita en el espacio fiscal del Gobierno central”, dice el informe.
21.000 millones para las comunidades autónomas
Los economistas del FMI se refieren a la inyección adicional de 21.000 millones de euros que el Estado traspasará a las autonomías, según cálculos de Hacienda. Estos fondos procederán de una mayor cesión de impuestos como el IVA y el IRPF, así como de una transferencia extra para recortar las diferencias de financiación por habitante ajustado entre regiones.
“Estos recursos adicionales –valora el FMI– aliviarían la infrafinanciación de algunas comunidades y las equiparía mejor para afrontar las presiones de gasto crecientes vinculadas al envejecimiento en sanidad y protección social”. Pero a cambio de la “pérdida proporcional” del espacio fiscal del Ejecutivo central. Una crítica similar a la esgrimida por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su análisis sobre la propuesta, al considerar que resta demasiado margen al Gobierno en un momento en que el gasto en pensiones va en aumento y las inversiones en defensa exigirán una parte importante del Presupuesto.
El objetivo del Gobierno es que, una vez tengan lugar las reuniones con las comunidades, se cite a todas ellas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera –el órgano multilateral que reúne a Hacienda con los consejeros del ramo– y, después, la ley se encamine al Consejo de Ministros para iniciar el trámite parlamentario. La meta es que esté aprobada a finales de año, para que el nuevo sistema entre ya en vigor el 1 de enero de 2027.
Pero desde el FMI proponen que la entrada en vigor del sistema sea progresiva para facilitar su adopción por parte del Estado, que será la parte perjudicada, pero también para asegurar la eficiencia en el gasto por parte de las comunidades.
“Dicha reforma solo debería adoptarse gradualmente para darle tiempo al Gobierno central a compensar la pérdida de ingresos a través de una subida de impuestos o de recortes en el gasto, así como para permitir a las regiones que gasten esos recursos adicionales de manera más eficiente en áreas de alta prioridad”, plantea el fondo.
Una condonación condicionada
Los economistas también entran a valorar la condonación de deuda que propuso el Ejecutivo, que se encuentra en el Congreso de los Diputados a la espera de que los grupos le den impulso. El FMI valora que esto permitirá a las comunidades autónomas reducir el gasto en intereses y también ve bien la eliminación de la Facilidad Financiera y la reforma del conocido Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para convertirlo en un instrumento de último recurso.
Sin embargo, creen que la condonación solo será efectiva si es “excepcional” y limitando el “riesgo moral” al condicionar la asunción del pasivo a un plan de consolidación fiscal “creíble” por parte de las comunidades autónomas que reciban el perdón del Estado.
El informe del FMI también recoge la visión de las autoridades –entre ellas, el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá– en su informe: “en relación con las comunidades autónomas, las autoridades se muestran confiadas en que las reformas propuestas reforzarán el marco general”.
El Gobierno tiene ahora por delante la titánica tarea de ahormar una mayoría en el Congreso de los Diputados que le dé luz verde al proyecto clave de la legislatura, en un momento en el que arrecian las dudas sobre la continuidad del Ejecutivo por los casos de presunta corrupción vinculados al PSOE. La mayoría de las comunidades del PP ya han anunciado que no se sentarán con Hacienda en las reuniones bilaterales. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera –que previsiblemente será antes del verano– el Ejecutivo cuenta con la mayoría de votos y solo necesita el apoyo de una de las comunidades que lidera el PSOE. Ahora la duda es cuándo llegará al debate parlamentario... y si coincide con los Presupuestos, que tienen prioridad en el trámite.