El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera (CC), ha exigido hoy a Industria que declare extinguidos los permisos para realizar sondeos petrolíferos en Canarias, como ha hecho en el Mediterráneo, porque, de lo contrario, la licencia seguirá activa durante tres años.
En un comunicado, Cabrera subraya que el Ministerio de Industria publicó ayer lunes una orden (IET/687/2015, de 1 de abril) por la que se extinguen los permisos de investigación de hidrocarburos “Chinook” A, B, C y D en el mar Mediterráneo.
El dirigente nacionalista asegura así que el ministro José Manuel Soria (PP) “ya ha declarado caducadas las autorizaciones en Málaga y Granada”, por lo que demanda que actúe de “igual manera en Canarias y proceda a extinguir la autorizaciones concedidas en su día a Repsol y sus socias multinacionales”.
Además, ha recordado que, hasta ahora, la única información que han recibido en estos tres meses sobre el abandono de los proyectos de Repsol en Canarias ha sido a través de la prensa, sin que exista ningún tipo de resolución o comunicación oficial.
Sin esa confirmación oficial, sostiene, se puede pensar que “todo responde a una estrategia electoral y comercial”, ya que el precio internacional del petróleo hace ahora “poco rentable” su extracción a grandes profundidades, como las de Canarias.
Cabrera cree además que “la oposición mayoritaria de la sociedad canaria aconseja al PP y a Soria que, por cálculos electorales, se deben paralizar los trabajos y silenciar todo hasta que pasen las votaciones de mayo”.
La actual concesión que tiene la multinacional petrolera es por un periodo de tiempo limitado de tres años y obliga a realizar dos perforaciones distintas (Sandia-1X y Chirimoya-1X) y deja abierta la posibilidad de una tercera (Zanahoria-1), si así lo considera la multinacional petrolera.
Según el presidente majorero, “está bien claro” que, de acuerdo con esta autorización del Ministerio de Industria, la perforación del segundo pozo no es una posibilidad, “es una obligación” para Repsol, pues, si no la hiciera, “perdería las autorizaciones y sería sancionadas por el Gobierno”.
Cabrera opina que la empresa busca “asegurarse una despensa petrolera en Canarias para dentro de un año o dos, cuando hayan subido los precios del petróleo en el mercado, se gane más especulando en bolsa y hayan pasado las elecciones generales”.