El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de dos nuevas iniciativas: la Mesa Nacional del Regadío y el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío. Lo ha hecho a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y porque forma parte de las iniciativas que recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los fondos europeos.
En la Mesa Nacional del Regadío participarán todos los agentes interesados del sector: administraciones públicas con competencias en agricultura, comunidades de regantes, organizaciones profesionales agrarias, organismos de investigación y asociaciones de protección del medio ambiente, entre otros, según indica el Ministerio. También estarán presentes las administraciones públicas responsables de la gestión del agua y de evaluación ambiental, dada la importancia fundamental de estas políticas en la gestión de los regadíos.
Su finalidad es promover y facilitar la cooperación, consulta, análisis e intercambio de información entre las administraciones públicas y el resto de las partes interesadas, para facilitar la gobernanza y el desarrollo eficiente de la política de regadíos en España. Asimismo, tendrá en cuenta singularmente los requisitos medioambientales de aplicación. Una mesa de diálogo que llega en el otoño con los embalses más vacíos de este siglo.
“No existía, era un agujero a cubrir”, ha asegurado el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Más en un momento como este”, asume. De cara a los próximos cuatro años, el Gobierno tiene prevista la inversión, ha indicado, de “2.130 millones de euros para hacer sostenibles los regadíos, tanto tecnología de agua como eficiencia”. Además, asume que la mesa servirá para “tener una visión de conjunto, con las comunidades de regantes y las administraciones”. En esa mesa, también participa “el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, a través de las cuencas hidrográficas, gestiona los volúmenes de agua”.
Un foro de análisis y de debate
La mesa se encargará, enumera el Ministerio, de actuar como foro de comunicación, análisis y debate de los aspectos relativos a la sostenibilidad económica, social y ambiental de los regadíos en España. También, de realizar propuestas para incrementar la eficiencia energética, el ahorro de agua y la digitalización de las explotaciones agrícolas e informar sobre planes de inversión y normativa en materia de regadíos. Además, contribuirá a la coordinación de la política de regadíos y de la política de gestión del agua, y propondrá y fomentará medidas para la prevención o control de los impactos ambientales derivados de las actuaciones en materia de regadíos, así como el diseño de buenas prácticas agrícolas con el mismo fin.
En paralelo, está el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío que servirá para proporcionar información objetiva y relevante en materia de regadíos en beneficio de productores, organizaciones del sector y administraciones. Además, tendrá que informar sobre la evolución de los principales indicadores relativos a la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la agricultura de regadío en España, para contribuir a la transparencia y la confianza de la sociedad en general sobre este sector. El observatorio tendrá una página web propia, que gestionará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Adelantar las ayudas de la PAC
Al margen de esta mesa del regadío, el Consejo de Ministros ha aprobado otras medidas ligadas al sector agrícola, como adelantar los fondos de la Política Agraria Común (PAC). Unos fondos que se anticipan a las comunidades autónomas para que los hagan llegar a agricultores y ganaderos “cuando más se necesitan”, ha afirmado Planas. En total, un anticipo de 2.800 millones de euros, del total de 4.800 millones de euros que se tienen que liquidar a mediados de 2023.
“Se han incrementado del 50% al 70% el adelanto. Las ayudas suponen el 10% de los ingresos agrarios” que reciben más de 600.000 agricultores y ganaderos, afectados por el impacto en el sector de la guerra de Ucrania, por ejemplo, en el coste y la escasez de fertilizantes.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado el reparto entre las comunidades autónomas de 135,4 millones de euros para la financiación de distintos programas agrícolas y ganaderos y un paquete legislativo para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en el sector hortofrutícola.